México enfrenta un severo problema con el acceso al agua . A pesar de que en el país existe infraestructura hidráulica, esta no es suficiente para garantizar el suministro al líquido vital a toda la población.
Para alcanzar la sustentabilidad y seguridad hídrica a nivel nacional se necesitan al menos 21 años, con un ritmo de inversión anual por el orden de los 49,000 millones de pesos, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Uno de los mayores desafíos para garantizar la infraestructura en el país son los recursos que se le destinan año con año al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Al cierre de junio de 2020, el programa contó con un presupuesto modificado de 3,302 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La importancia de este programa radica en que subsidia hasta un 60% de la infraestructura hidráulica de todo el país.
Hugo Roberto Rojas, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), considera que una infraestructura hidráulica de calidad se relaciona directamente con el desarrollo social y económico de las personas, pero a nivel nacional existen serias deficiencias.
“México vive en una paradoja: en el norte del país no se cuenta con el abasto suficiente del recurso natural, pero sí se tiene infraestructura, mientras que en el sur existe toda la disponibilidad del agua, sin embargo, su infraestructura es nula”, manifiesta.
Si bien las aguas son propiedad de la Federación y las administra Conagua existen ámbitos de responsabilidad federales, estatales y municipales. Cada vez se necesitan proyectos para incentivar el bombeo de agua en todo el país, pero hace falta inversión y una mejor planeación de las obras.
Aunque en el país hay en operación 979 plantas potabilizadoras, 2642 de tratamiento municipales y 3,531 de tratamiento industrial no todos pueden acceder a la red pública de suministro de agua potable.
El artículo 4º constitucional establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, pero 47% de los mexicanos no tiene acceso constante al agua potable.
Roberto Ballinez, director ejecutivo senior de Deuda Subnacional e Infraestructura en la calificadora mexicana HR Ratings, asegura que un elemento que podría ayudar a impulsar las obras de este sector es la tecnología porque en las plantas de tratamiento residual hay mucho que hacer y los gobiernos locales tratan de construir grandes complejos para atender la problemática.
“Tenemos que evolucionar para incorporar en los procesos de producción y generación el componente tecnológico, sino cada día que pasa nos quedaremos rezagados en contraste con lo que ocurre con el resto del mundo”, advierte.
Privatización, el gran reto
En la última actualización del Atlas de estrés hídrico Aqueduct elaborado por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) México se ubicó en el lugar 24 de 164 a nivel internacional de los países que enfrentan un estrés hídrico extremadamente alto porque gastan el 80% o más de sus reservas de agua. A nivel Latinoamérica ocupa la segunda posición, después de Chile.
La inversión privada en infraestructura hidráulica y en el suministro del servicio de agua es una de las rutas por las que optaron algunos gobiernos estatales para hacer frente al rezago en esta materia.
Sin embargo, esta situación genera conflictos de carácter social en algunos puntos del país, ya que las compañías dueñas de las concesiones para el aprovechamiento y venta del recurso cargan los costos a la población.
Al respecto, Hugo Roberto Rojas opina que uno de los mayores retos que se debe vencer es la falsa idea de que el agua tiene que ser gratuita per se, no es que los habitantes no deban tener derecho a acceder a ella, sino que el problema es el servicio.
“Cuando una población se niega a pagar por el servicio, se bloquea la posibilidad de que se construya infraestructura y se realice un proceso de potabilización eficiente. El suministro es un derecho, pero quienes invierten son los gobiernos locales y sus finanzas no son estables”, agrega el director general de ANEAS.
En 2013, el Congreso de Puebla aprobó modificar su Ley de Agua para que Concesiones Integrales SA de CV, suministrara el servicio del líquido a la población de 25 municipios, entre ellos la capital del estado.
A ocho años de que los diputados locales tomaron la determinación de abrirle la puerta a la privatización en el servicio y de que Agua de Puebla -como se le conoce también a Concesiones Integrales-, un sector de los usuarios ha denunciado cobros excesivos, cortes ilegales y la falta de mejoras a la infraestructura hidráulica.
En un caso similar se encuentran cuatro municipios de Quintana Roo, quienes acceden al agua a través de los servicios concesionados a la compañía Aguakan. Los habitantes de Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad y Benito Juárez señalaron a la empresa por elevar los precios, además de la falta de mantenimiento al sistema.
Mediante mecanismos ciudadanos, el próximo 6 de junio, además de votar en las elecciones federales, la población de esas localidades será consultada para decidir si la concesión del líquido continúa a cargo de la empresa privada o si regresa a manos de la autoridad.
Roberto Ballinez, de HR Ratings, destaca la importancia de la colaboración entre el sector público y privado al momento de planear un proyecto de infraestructura hidráulica e, insiste, en que para evitar opacidad en los contratos estos se deben transparentar o ser auditados por un tercero.
“Se pueden generar contratos de mantenimiento a cargo de empresas y eso no tiene nada que ver con la privatización del agua, pero para lograrlo todas las partes deben ser claras y transparentes. Hay mucho que trabajar mucho en esto porque es un tema del que pocas veces se habla”.
