El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo pública la carta que envió al ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que solicita una investigación para “esclarecer la actuación” del juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con sede en la Ciudad de México.
Cerca de cuatro horas después, el ministro presidente contestó que su queja será remitida al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), tal y como lo solicitó el mandatario, para que, “de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera”, escribió. Pero reiteró sus reservas: “Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia”.
La disputa entre los dos poderes de la unión, aparece dos años después de que el presidente López Obrador, comenzó a arremeter contra los ministros que se negaron a bajar sus sueldos. Cuya tensión también se trasladó a otros casos como la desaparición de Estancias Infantiles, investigaciones financieras contra el exministro Eduardo Medina Mora o la actuación judicial por los amparos contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), entre otros.
Durante esta mañana el presidente le solicitó, en su calidad de presidente CJF,que indague por qué Gómez Fierro falló con celeridad la cancelación de efectos parala nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Y sugirió que detrás de la decisión existen intereses de empresas beneficiadas con contratos firmados durante pasadas administraciones en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Me refiero, entre otros actores, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola, de España, que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de Energía del gobierno federal y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa”, se lee en la carta publicada ayer.
El mandatario también arremetió contra el ex ministro de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz, y contra el empresario Claudio X. González, quien encabeza la iniciativa Sí por México, de quienes dijo tener indicios en el proceso.
La cancelación provisional de la LIE se desprende de los amparos indirectos 118/2021 y 119/2021, solicitados por Parque Solar Orejana propiedad de Zuma Energía y Eoliatec del Pacífico, propiedad de una sociedad mexicana representada por Eduardo Zenteno. Dichos amparos, en efecto, fueron solicitados a 24 horas de la entrada en vigor de la reforma y, al siguiente día, Gómez Fierro ordenó la suspensión de sus efectos en tanto se resuelve el amparo de fondo.
“Esta clase de intereses corporativos, que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial, nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país”, denunció el presidente López Obrador.
Particularmente cargó los dados contra el ministro en retiro Cossío Díaz, quien respondió horas después a los señalamientos de su supuesta relación con el “conservadurismo”. “Me preocupan sus afirmaciones descontextualizadas y parciales sobre mi persona. Pero más aún su incomprensión del Estado de Derecho”.
Desde el pasado 13 de marzo, el ministro Zaldívar defendió la actuación y autonomía de los jueces federales. Recordó que su actuación se encuentra vigilada por el CJF, instancia en la que existen dos personajes cercanos a Morena y al presidente López Obrador: los consejeros Loretta Ortiz Ahlf y Bernardo Batiz Vázquez.
Zaldívar abundó que las resoluciones pueden ser interpeladas, siempre y cuando se respete la óptica de “independencia judicial”.
La tensiones entre el Poder Ejecutivo y Judicial, de las que no existían tanta fuerza desde el año 2019, se produce en medio de reproches entre diversos sectores de la abogacía mexicana, frente al discurso presidencial que vincula las labores de la defensa jurídica con la confluencia de supuestos intereses corporativos.
El pasado 12 de marzo, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados –asociación a la que pertenece el fiscal Alejandro Gertz Manero–, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, el Colegio de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México solicitaron al presidente que cese sus ataques contra el Poder Judicial y también contra sus labores profesiones. De las que adelantaron, que se trata de una acción contra la propia Constitución.
“La labor judicial supone el ejercicio de la interpretación y adjudicación de derechos de conformidad con la Constitución y las leyes secundarias que se ordenan a aquella, por lo que la única fidelidad que cualquier juzgador debe profesar es precisamente la constitución y los principios que ésta tutela”, expresaron las organizaciones. “De cualquier forma cualquier interferencia a esa labor es contraria al orden constitucional”, condenaron.
