En lo que va del periodo oficial de campañas se ha cometido un asesinato cada tres días en contra de aspirantes a algún puesto de elección popular, un elemento de juicio perturbador que evidencia lo mismo la falta de una estrategia implementada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para reducir los altos índices de violencia, que la ausencia del mínimo indicador de que ésta vaya a acotarse antes del próximo seis de junio, fecha de la votación.
Por Trinidad González y Citlalli Piña
Los atentados de este año se han incrementado hasta en un 23 por ciento en comparación con los registrados en las elecciones de 2018. La consultora Etellekt, especializada en la documentación y análisis de este tipo de eventos, en su Indicador de Violencia Política (IVP) detectó que entre el siete de septiembre de 2020, cuando oficialmente inició el actual proceso electoral, y el cinco de marzo de este año se han perpetrado 205 agresiones, de las cuales 55 se convirtieron en homicidios dolosos; adicionalmente, las víctimas de 71 homicidios no aspiraban a algún cargo de elección popular.
En contraste con la actual campaña político-electoral la de 2018, que duró casi un año, registró 166 agresiones, de las cuales 75 fueron homicidios dolosos y 48 eran aspirantes a un cargo de elección popular.
El Segundo Informe de Violencia contra Personas Políticas en México 2021 de Etellekt revela que “estas elecciones concurrentes han sido las más violentas, al menos en los últimos 24 años, al presentar la cifra más alta de postulantes a cargos de elección asesinados desde 1997, 55 víctimas en un periodo de seis meses, según la Base Histórica de Violencia Política”.
De acuerdo con estos registros, las agresiones contra personajes de la política tuvieron un repunte del 59 por ciento en el mes de febrero, en relación con el mes anterior; y el número de las personas políticas asesinadas se incrementó en un 160 por ciento con respecto a enero. De este análisis estadístico resulta el promedio de un asesinato cada tres días en el periodo.
La misma consultora identifica que Veracruz –gobernado por el morenista Cuitláhuac García– es la entidad con mayor riesgo para las actividades político-electorales de cara a las próximas campañas, que arrancarán este cuatro de abril. En esa entidad se concentra el 20 por ciento de las agresiones contra personas políticas y el 20 por ciento de víctimas letales a nivel nacional.
Junto con Veracruz, los estados de Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México, Quintana Roo, Michoacán y San Luis Potosí, concentran el 65 por ciento de todas las agresiones registradas durante el proceso electoral en curso.
Sin estrategia de protección
Los electores del país –entre ellos, mexicanos que radican en el extranjero– acudirán a las urnas este seis de junio para votar por alguno de los 21 mil 368 cargos de elección popular que estarán en juego. Las 32 entidades tendrán algún tipo de elección local, 15 de ellas renovarán gubernaturas y en 30 se cambiará el congreso local (con un total de 642 diputaciones) y mil 926 presidencias municipales.
A pesar del incremento en los índices de violencia, misma que se acentúa contra candidatos y políticos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador carece de un verdadero plan para proteger a los aspirantes, ya que no existe seguimiento a las denuncias hechas por las víctimas, ni mucho menos ha habido castigo para los responsables.
De poco ha servido el despliegue de la Guardia Nacional y la apertura de sus cuarteles en varios estados, pues la “estrategia” del Gobierno Federal para “frenar” la creciente violencia –“abrazos, no balazos”– ha sido manifiestamente burlada y despreciada por la delincuencia común y la organizada.
El pasado cuatro de marzo, el Presidente de la República y su Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentaron en el Palacio Nacional la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, cuyo contenido se limita a hacer algunas recomendaciones a los candidatos.
Un ejemplo de estas sugerencias fue la que el mismo Presidente dio a los contendientes: “actúen con firmeza, con aplomo. La libertad no se implora, se conquista”. La citada “estrategia” carece de medidas y acciones específicas para evitar que los políticos sean víctimas de atentados criminales.
Otra de las “propuestas” es “la atención a los aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas de investigación y determinación de niveles de riesgo y protección”.
Al no existir respuesta inmediata, ya que los ataques, las amenazas y los asesinatos continúan contra los aspirantes, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, denunció que López Obrador incurre en “graves omisiones, fomenta la impunidad y permite que los grupos criminales o de otra índole, impongan su ley y sus intereses en el proceso electoral”.
Igual que otros temas, el Presidente responsabilizó a sus antecesores con su expresión de siempre:“se heredó el partido de la delincuencia organizada”. Rosa Icela Rodríguez ha secundado al mandatario, como cuando afirmó que será la ciudadanía la que decida: “no permitiremos que ellos –los grupos delictivos–, decidan o amenacen. Haremos todo lo necesario para proteger a los aspirantes en este proceso electoral”.
Lo cierto, sin embargo, es que de ese cuatro de marzo a la fecha se han consumado varios actos violentos contra aspirantes a puestos políticos; entre los más recientes destacan los cometidos en Oaxaca, Tabasco y Chiapas.
Se atiza la violencia desde el poder
A estos hechos se agregan las cotidianas expresiones de descalificación política y moral que el presidente López Obrador hace en sus conferencias de prensa matutinas, en las que polariza a la opinión pública y atiza la violencia. Cuando las críticas a su gobierno no le gustan, de inmediato utiliza gran cantidad de calificativos para atacar a líderes partidistas, empresarios, medios de comunicación, líderes de opinión, académicos, intelectuales, organizaciones sociales y no gubernamentales (ONGs).
A los periodistas, por ejemplo, los ha llamado “conservadores”, “corruptos”, “amarillistas, “calumniadores”, “chayoteros”, “neoliberales”, “zopilotada”. Esta misma actitud asume contra cualquier personaje que difiere de su gobierno; la polarización que ha generado impactará en las elecciones de junio próximo, ha advertido en un documento el Instituto Nacional Electoral (INE).
A las declaraciones del presidente López Obrador se añaden otros factores que están poniendo en riesgo los comicios de junio de 2021, como la violencia delictiva, la pandemia del Covid-19, la desinformación y la proliferación de las noticias falsas.
En el informe, en el que participaron autoridades electorales del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) entre otras instituciones, se afirma que la polarización política desde Palacio Nacional genera un intenso y contradictorio clima de opinión pública, que potencialmente puede reducir el espacio para el debate informado, propicia la expansión de prácticas de desinformación, potencia la descalificación del pensamiento diferente y puede generar un entorno marcadamente emocional para las elecciones, por lo que hace un llamado a los actores políticos y sociales a moderar sus narrativas.
Al presentar el informe, Eduardo Núñez, director del Programa de Seguridad Pública de Centroamérica, sostuvo que el proceso electoral 2021, “por su magnitud, su contexto y sus desafíos amerita generar marcos de confluencia entre actores institucionales, actores no estatales estratégicos, partidos políticos, candidaturas no partidarias y la comunidad internacional”.
Otra de las observaciones que incluye el documento es la relacionada con la creciente expansión del crimen organizado, el cual se encuentra focalizado en varias regiones y requiere de atención por parte de la autoridad federal para la aplicación “temprana” de estrategias.
“Esto remite a la necesidad de generar una estrategia de prevención de la violencia electoral, pero también la gestión de los potenciales condicionamientos que las redes criminales y otros actores de la violencia delictiva puedan tener sobre el proceso”, dijo Eduardo Núñez. Entre las recomendaciones que más sobresalen resalta ésta, que compete directamente al Presidente: “reducir las narrativas de confrontación y polarización, asumiendo que las elecciones deben configurarse como un fecundo espacio de deliberación política que coadyuve a que la ciudadanía se interese por los asuntos públicos y participe activamente del ejercicio electoral”.
Dolor, miedo, impotencia
El asesinato de Ivonne Gallegos Carreño, candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, ocurrido el pasado 20 de marzo, se produjo sin contar con ninguna protección de los gobiernos estatal y Federal, pese a los altos índices de violencia delictiva y feminicidios que se han registrado en el país, denunció en entrevista con buzos la activista y política Eufrosina Cruz Mendoza.
Esta situación ha generado miedo no solo entre los candidatos, sino también en los ciudadanos que votarán el próximo seis de junio, y “nos obliga a replantearnos si vale la pena luchar en un país con tanta violencia”, agregó Cruz Mendoza.
Con dolor y pena lamentó que el único pecado de Ivonne haya sido su decisión de encabezar los esfuerzos de su comunidad y alzar la voz por las mujeres asesinadas. “Hoy, las mujeres tenemos que gritar más, alzar nuestra voz. Si nos dicen que somos neoliberales, conservadores, fifís, de izquierda o de derecha, solo por protestar por nuestros derechos, que lo hagan. Pero somos personas, mujeres que queremos salir adelante y tenemos derecho a competir por espacios públicos, queremos participar”, destacó.
Cruz Mendoza es candidata a diputada federal por la alianza entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). Antes fue titular de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Oaxaca (SPIAEO), a la que renunció. Independientemente de su actual postulación, Eufrosina alza la voz en demanda de justicia contra el crimen de que fue víctima su compañera, porque considera que las investigaciones solo avanzan cuando hay un buen abogado; de otro modo, las carpetas se guardan y los culpables quedan impunes.
Los asesinatos cometidos en los últimos días contra personajes de la política suman cinco –mismos que aún no registra la consultora Etellekt– y esta corriente de violencia ha alcanzado a policías, como ocurrió el pasado 19 de marzo en el Estado de México (Edomex), cuando la delincuencia organizada emboscó a 13 elementos de una corporación de Seguridad Pública local.
En la lista de los políticos agredidos se halla Óscar Córdova Bernardo, de 57 años, quien fue atacado por hombres armados cuando cenaba con su familia, resultó herido y actualmente se reporta estable en un hospital. Córdova participó en la disputa interna por la candidatura a la presidencia municipal de Nacajuca, Tabasco, por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Los testigos del hecho, informaron a medios locales que el ataque fue directo al precandidato y no contra sus familiares.
Pedro Gutiérrez, precandidato también por Morena a la alcaldía de Chilón, Chiapas, fue asesinado en la madrugada del 17 de marzo, cuando viajaba en compañía de su esposa, su hijo y otra persona. Murieron el candidato, su hijo y un acompañante. La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Justicia Indígena (FJI), abrió una carpeta de investigación para encontrar a los responsables del homicidio.
Melquiades Vázquez Lucas, precandidato del PRI a la presidencia municipal de La Perla, Veracruz, fue ultimado el cuatro de marzo. Yuriel Armando González Lara, también del PRI y precandidato a la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, corrió la misma suerte junto a su escolta.
Igual fin tuvo Flor de María Ballina Sánchez, precandidata suplente a la presidencia municipal de Isla Mujeres, por el Partido Redes Sociales Progresistas (PRSP) en Quintana Roo.
En el actual proceso político, el sector femenil ha sido el más lastimado, como lo evidencian las estadísticas, razón por la que la activista exige al Presidente que detenga la polarización entre los mexicanos, alentada desde sus conferencias matutinas y respete el derecho de los ciudadanos a militar en el partido político de su elección.
Solicitan mayor vigilancia
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en entrevista con Mario Campos en Ibero Radio, reveló que las actuales campañas políticas están resultando más violentas que las de 2018, y que casi el 90 por ciento de las denuncias provienen de los partidos políticos.
“El país sigue viviendo una ola de violencia; y uno de los hallazgos fue que mas del 80 por ciento de las denuncias, casi el 90 por ciento de los delitos electorales, provienen de los mismos partidos políticos o funcionarios; es decir los ciudadanos somos poco propensos a denunciar”, explicó el analista.
Destacó también que debido a la falta de medidas de protección a los candidatos, los partidos han tomado la iniciativa de resguardarlos por cuenta propia. En Tabasco, el PRI solicitó a la autoridad mayor vigilancia para los suyos, porque justo en la tierra del Presidente de la República han aumentado las violencias delictiva y política.
La dirección del Movimiento Antorchista en Oaxaca solicitó también a las autoridades de Seguridad Pública y Procuración de Justicia garantizar la vida de uno de sus integrantes que aspira a una posición política, ante la creciente ola de violencia criminal contra candidatos.
Desde que Juan Aurelio López Méndez anunció su interés de postularse como candidato a la presidencia municipal de Huajuapan de León, es vigilado y asediado por vehículos desconocidos, cuyos tripulantes toman fotografías y persiguen al personal que labora en una tienda. Tales actos de acoso e intimidación han aumentado en los últimos días.
A esta demanda de seguridad para los candidatos, se sumó la solicitada por la perredista Verónica Juárez Piña. “Exigimos de nueva cuenta al Gobierno Federal instrumentar medidas más eficaces para poner fin a la ola de violencia política que se ha desatado en contra de las y los candidatos a diversos cargos de elección de los diferentes grupos parlamentarios”, denunció.
La política de “abrazos y no balazos” del Presidente no ha funcionado, tal como lo evidencian las estadísticas sobre gran parte del país; además de que la falta de empleos favorece la delincuencia común y organizada. Los ciudadanos más afectados son los más pobres.
