La “Ley Garroteˮ con la que el gobierno estatal y el Congreso local han tratado de regular las manifestaciones públicas en Tabasco se mantiene, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaró inconstitucional.
Por Francis Martínez y Zaqueo Jiménez
En Tabasco, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) insiste en atropellar los derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desacatando el fallo de la Corte y actuando en contra de los estatutos de un partido que atribuye su origen a la lucha social cuando pretende revivir a toda costa su proyecto de Ley de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil.
Arvely N., ama de casa de 35 años y representante vecinal, cumple este mes medio año recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tabasco; se encuentra presa por encabezar varias acciones de protesta para exigir la entrega de vales que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció a los damnificados de la inundación de 2020.
La también exdelegada de Huapacal 2ª. sección, del municipio de Cunduacán, hoy sufre los efectos de la llamada “Ley Garrote”, al igual que otras dos personas. Su delito consistió en bloquear la carretera Cunduacán-Comalcalco-Paraíso, para reclamar el apoyo gubernamental ofrecido para ella y su comunidad, que fue devastada por las severas inundaciones.
“Una ley producto de excesos que cometió el Congreso del estado al momento de criminalizar la protesta. Una situación derivada de las injusticias que el pueblo demanda, sobre todo por las mismas condiciones que ha estado viviendo la entidad con la pandemia y la inundación”, indicó en entrevista con buzos la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Katia Ornelas Gil, sobre dicha legislación, aprobada en 2018 por la mayoría morenista, a iniciativa del gobernador Adán Augusto López, ley que entró en vigor el 1° de agosto de 2019.
La ley fue en extremo polémica, porque establecía penas de hasta 20 años de prisión para quienes bloqueen (o “extorsionen”) a empresas públicas y privadas, como parte de las formas de protesta tradicionales para presionar a las autoridades y que atiendan los reclamos sociales o políticos de la gente; algo que, por muchos años, hizo el hoy Presidente AMLO a partir de 1988; y después, en 1994, cuando perdió dos elecciones por la gubernatura de Tabasco.
En ambos periodos se quejó de fraude electoral, realizó giras por todo el estado; marchó en caravana a la Ciudad de México (CDMX) y puso en práctica diversas acciones de “desobediencia civil”, entre las que destaca su convocatoria a no pagar servicios estatales y federales, incluidos el de la energía eléctrica. En 1995 indujo a campesinos y pescadores chontales a tomar los pozos de extracción de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que esta empresa había perjudicado sus cultivos y áreas de pesca.
Fue entonces cuando el político tabasqueño explotó las necesidades de atención de muchos mexicanos humildes, afectados por la negligencia del Estado mexicano y la brutalidad policiaca. Con estos antecedentes, el ahora Presidente comenzó a formar un capital político y a nutrir su discurso en favor de los pobres que, una vez en Palacio Nacional, ha olvidado y contradicho, pues ahora la “Ley Garrote” contó con su aval.
Una ley autoritaria
Diseñada para blindar los trabajos de la refinería de Dos Bocas, proyecto insigne del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), el proyecto de la “Ley Garrote” se configuró con la reforma a los Artículos 299°, 306° y 308° del Código penal de Tabasco y el Artículo 308° Bis. Su mensaje es eminentemente autoritario, no solo en el estado sino ante la Federación, asegura la legisladora Ornelas Gil:
“Querían evitar que en la magna obra del Presidente, la refinería, hubiera intereses de grupos y entorpecieran su desarrollo. Se excedieron y terminaron estableciendo una ley autoritaria, que avasalla desde luego la legítima manifestación de la ciudadanía. Mandaron un mensaje de extremo autoritarismo, algo que México ni quiere ni puede permitir que ocurra”, enfatizó la diputada local.
Después de que la legislación generó críticas por trastocar el derecho a la protesta, el gobierno de AMLO lo justificó en la lucha contra la extorsión y los “moches”, y aseguró que se garantizaría el derecho de manifestación. La SCJN exhibió su contravención, una vez que resolvió la serie de recursos de inconstitucionalidad promovidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y un partido político.
El libro de próxima aparición de la editorial Esténtor, Ecos de los Organizadores, incluye los argumentos del diputado constituyente, en 1917, Jesús Romero Flores en apoyo al establecimiento del derecho a la protesta en la primera Carta Magna: “La manifestación es el único reducto en que puede sostenerse todavía la libertad y se nos escapará de las manos si este artículo no se respeta, por eso lo aprobamos”.
El autor del libro, Luis Miguel López Alanís, hace una entrevista imaginaria al constitucionalista michoacano Romero Flores, quien responde: “las manifestaciones deben ser toleradas por los gobernantes, a menos que deseen o busquen la imposición del caos y la violencia. Las manifestaciones se organizan para significar el deseo de las masas en ocasiones solemnes, han venido a ser como la revelación de la intensa vida democrática del pueblo y merecen, por tanto, respeto y protección”.
A 104 años de la promulgación de la Constitución de 1917, los magistrados de la SCJN reconocieron, el dos de marzo de 2021, que las normas impulsadas por Morena criminalizaban el derecho a la protesta pública al intentar regularla, algo que los Constituyentes evitaron por parecerles peligroso, ya que “proporcionaríamos a una autoridad arbitraria pretexto que invocar para disolver injustamente una reunión”, rescata el libro, Ecos que tiene como base el Tomo I del Diario de los debates, del Congreso Constituyente (Querétaro 1916-1917).
Para Maribel Rodríguez, maestra en derecho constitucional, el Máximo Tribunal del país determinó que tres de los cinco Artículos establecidos en ella eran inconstitucionales y, por tanto, resolvió invalidarlos, ya que los tipos penales establecidos con dicha reforma eran imprecisos y pretendían sancionar un simple accidente carretero como si se tratara de acciones delictivas mayores, con lo que “creaban inseguridad jurídica extrema”.
Para la especialista, sin embargo, lo más valioso del revés que la SCJN propinó a la “Ley Garrote” se halla en el argumento jurídico con que definió a la protesta social como “un derecho constitucional que se desprende de los derechos de libertad de expresión, de reunión, de participación política, de libre asociación, del derecho de huelga, entre otros; que autoriza a todas las personas (individual o colectivamente) a expresar públicamente sus ideas, disenso, oposición, crítica, denuncia o reivindicación, a través de diversos tipos de estrategias como concentraciones o marchas en espacios públicos, cortes de ruta, entre otros, siempre y cuando se haga de manera pacífica”.
En este dictamen, la Corte, como no lo había hecho antes en una sentencia, suscribió el derecho a la manifestación como lo hicieron en su tiempo los Constituyentes de 1917. Cuando el gobernador Adán Augusto López conoció el dictamen, se pronunció por “una politización del tema”, pero reconoció que a los magistrados les “asistía la razón”.
“Es una absoluta incongruencia que viniendo esta propuesta de un partido de izquierda, que fue también un movimiento que nació producto de las manifestaciones. Y lo decíamos: ¡qué rápido se les olvidó la toma de pozos, qué rápido se les olvidaron todas las manifestaciones producto de la lucha social que el Presidente emprendió en su momento! Ahora deslegitiman o criminalizan a la ciudadanía”, indicó Ornelas Gil sobre la traición a las banderas populares de la 4T.
Maribel Rodríguez advirtió que el dictamen de la SCJN salvaguarda al país de otra intentona ante regulaciones similares en México, y ratifica el derecho de las mayorías a disentir. “Muy oportuna y necesaria, sobre todo por el gobierno morenista de López Obrador, que todos los días ataca, amenaza y persigue con todo el poder del Estado a organizaciones y líderes sociales, críticos, periodistas y a todo aquel que critique y disienta de su gobierno, o exija algo mejor, como si estuvieran actuando fuera de la ley”.
Este tipo de legislaciones lesivas al derecho a la protesta también se han propuesto en varias entidades de la República, incluida la CDMX; pero fue en el estado natal del Presidente donde Morena les otorgó “carta de naturalización”.
La inconformidad rebasa la ley
“¡No huyas como cobarde, bájate, bájate, bájate!”, decía alguien al Presidente entre una multitud enardecida que intentaba impedir el avance del convoy presidencial durante la gira que realizó en diciembre de 2020. El mandatario nunca bajó y los vehículos se abrieron paso usando la fuerza pública.
La escena se repitió cinco meses después: “Allá estábamos esperando para que nos atendiera. Ve como tratan a la gente, porque uno mismo alza la voz, así tratan a su mismo pueblo. ¡Hey, ¡acá!ˮ Exclama doña Luisa, mientras manotea hacia todas direcciones afuera del Aeropuerto de Villahermosa, esperando a que salga el presidente López Obrador. Al igual que de decenas de damnificados, se mostraba molesta porque llevaban horas esperando a ser recibidos. “El mandatario, como otras veces, nunca salió”.
Como doña Luisa y Arvely, hay decenas de mujeres que reclaman el apoyo para recuperar su vivienda, afectada por las inundaciones del año pasado, después de que han visto cómo la Secretaría de Bienestar y su titular, Javier May Rodríguez, han incluido las promesas de respaldo a los damnificados de las inundaciones de 2020 pese a la multiplicación de las protestas públicas.
Para la legisladora Katia Ornelas, estas movilizaciones están justificadas, y continuarán “mientras sigan condicionando los programas sociales; mientras sigan politizando los programas sociales, ahí van a estar las manifestaciones”.
A los casos de doña Luisa y Arvely –quien sigue en prisión– se sumó recientemente la protesta de los trabajadores de ICA Fluor, en la Refinería Dos Bocas, para reclamar un aumento en sus salarios y días de descanso. El movimiento fue acallado mediante la presencia de la Guardia Nacional y la policía estatal, cuyo despliegue resultó inusitado contra modestos albañiles, carpinteros y electricistas. La prensa tabasqueña documentó tímidamente la contención de la protesta que, al igual que en otros estados, se realiza con base en la disuasión, repliegue y amedrentamiento contra los manifestantes.
En entrevista con buzos, Pedro Ramos Mondragón, dirigente del Movimiento Antorchista de Tabasco, explicó que la legislación antiprotesta evidenció que la movilización popular permite “exigirle al gobierno que detenga las injusticias; entonces se modifica la ley para que no le toque nada de eso, saben que el pueblo, cuando se organiza, es fuerte, ahora, lo quieren eliminar de tajo”.
El revés de la SCJN a la “Ley Garrote” deja, asimismo, otra importante lección, a decir de la abogada Maribel Rodríguez: “demuestra la importancia concreta que tienen los contrapesos en este país, los cuales pueden y deben corregir los abusos y excesos del poder y que con la 4T se han vuelto cotidianos”.
La oposición partidista asevera que la fallida legislación debe visualizarse como el riesgo que comporta la existencia de poder absoluto en manos de un solo partido y como la oportunidad para observar que las elecciones de 2021 serán un punto de inflexión respecto al apoyo a Morena, aclaró Ornelas Gil.
El constitucionalista michoacano Jesús Romero Flores (1885-1987), el último en morir, afirmaba que son muy conocidos los ardides de que pueden valerse quienes buscan disolver una manifestación. Por ello propuso que en la Carta Magna no hubiera el mínimo resquicio con el cual pudieran regularse las marchas, ya que ello “hubiese sido tanto como autorizar a los esbirros, los caciques, para que disolvieran todas las agrupaciones y sus manifestaciones”.
Y mientras la burocracia ajusta los cambios normativos, a la fecha se realiza un uso discrecional de la fuerza pública contra la inconformidad social, como ocurrió el 31 de marzo durante la visita del Mandatario a Tabasco, donde fueron detenidos, al menos, tres manifestantes por policías vestidos de civil.
Las imágenes sobre estas detenciones dieron la vuelta al país y mostraron que con o sin “Ley Garrote”, Tabasco se ha convertido en un edén para la represión y su autor es el mismo que el 1° de diciembre de 2018 juró solemnemente que “el Presidente de México nunca dará la orden de reprimir al pueblo ni será encubridor de eventuales violaciones a los derechos humanos”.
