Si la protesta pública no es suficientemente fuerte para hacerse oír en Palacio Nacional, el INE será descabezado y “remodelado” al gusto de la 4ª T, y este sí será un verdadero golpe de Estado, porque Morena impondría por la fuerza a toda la nación su ideología y su proyecto político. La democracia mexicana quedaría muerta y enterrada. Una arbitrariedad de ese tamaño es un peligroso aventurerismo político que cierra al pueblo la vía democrática para ejercer su soberanía y no le deja más opción que reclamar y ejercer su derecho a la desobediencia y a la rebelión contra un poder ilegítimo y opresor.
Aquiles Córdova Morán
Los problemas básicos del país sufren un agravamiento progresivo. La retórica optimista del discurso oficial que sostiene exactamente lo contrario no hace más que poner de relieve esa gravedad.
Para empezar, no hay crecimiento económico porque no hay suficiente inversión. La columna Templo Mayor del REFORMA del 15 de abril, hizo un breve pero muy revelador comentario: “Apunte esta cifra: 106 mil 550 millones de pesos. De este tamaño es la salida de capitales ¡sólo en lo que va del año!”. Según el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, “…los extranjeros han soltado los bonos mexicanos como si fueran papas calientes, de manera significativa y acelerada”, añade la misma columna.
En un artículo del 13 de abril, es decir, dos días antes que la nota de REFORMA, el Dr. Abel Pérez Zamorano dice: “El año pasado los inversionistas extranjeros se deshicieron de 257 mil millones de pesos en bonos de deuda gubernamental, la mayor salida desde que se lleva registro (Banco de México)”. Y en seguida precisa: “Específicamente sobre capitales nacionales: <<…mientras en 2017 el saldo de los depósitos de mexicanos fuera del país ascendía a tan solo 5,575 millones de dólares, ese dato se ha venido incrementando desde ese año de manera muy rápida y continua y al cierre del 2020 ya ascendía a 18,758 millones de la moneda estadounidense […] ese flujo agresivo se ha venido acelerando en tiempos recientes dando lugar a que en el último trimestre del año pasado esa salida de fondos haya sumado más de 9,000 millones de dólares>> (Bruno Donatello, El Economista, 4 de marzo”.
Pérez Zamorano afirma: “En este contexto, retrocede la inversión. En enero pasado, la inversión fija bruta cayó 10.6% a tasa anual (…) y la inversión pública, aunque la apariencia sugiera lo contrario, no impulsa [el crecimiento]: <<…para que la economía de México crezca al menos 3% (un porcentaje notoriamente inferior al que necesitamos, ACM), se requiere de una inversión (pública y privada) de 25 a 27% del PIB. Pero la inversión física del sector público en proporción del PIB ha venido en declive: desde el 4.2% de 2015 al 2.3% en 2019, según cifras de Hacienda>> (Expansión, 12 de agosto de 2020)”. Y en seguida asegura: “Reducida la inversión, cae el crecimiento”. El articulista concluye: “Lo anterior trae consigo, consecuencia lógica, más desempleo y pobreza, y una caída en la recaudación fiscal”. De aquí la necesidad de la reforma fiscal de que hablé en mi artículo anterior.
Una baja recaudación fiscal incapacita al Gobierno para atender las necesidades básicas de la población, como la salud, la educación, la dotación de servicios, obras de urbanización y cuidado del medio ambiente, etc. La consecuencia social es el incremento de la desigualdad, de la pobreza y de la polarización social. Esta es, poco más o menos, la situación actual del país en materia económica.
Pero no es el único problema que nos aqueja. Por lo ya dicho, no es necesario abundar sobre el mal estado del sistema de salud pública; pero sí debe hablarse de las trágicas cantidades de contagios y muertes motivados por la pandemia de Covid-19, porque tales cifras, que tienen asombrado al mundo entero, no son responsabilidad exclusiva de la velocidad de contagio y letalidad del virus, sino, más que de eso, los son de la artera política de “inmunidad de rebaño” que el gobierno del presidente López Obrador adoptó y aplicó, en complicidad con el doctor López-Gatell, a espaldas del pueblo y desde el inicio mismo de la pandemia. Esta fue la causa de que no se compraran a tiempo equipos de protección para los trabajadores de la salud, que no se acopiaran instrumental médico indispensable, camas y espacios hospitalarios adecuados y fármacos suficientes para hacer frente al grave problema.
En lugar de eso, mentiras tranquilizadoras a porrillo; “consejos” acientíficos como estampitas, amuletos y caldos de gallina; resistencia tozuda a poner en práctica medidas elementales como un mayor número de pruebas, el uso del cubrebocas, el distanciamiento social y el confinamiento de la población para cortar la cadena de contagios. Con una lógica de factura casera, se argumentó que no habría medidas obligatorias de protección colectiva porque violan la libertad individual, y eso es para dictadores pero no para la 4ªT. Mejor que se mueran en uso de su libertad irrestricta. Creyendo que se decía una verdad profunda e irrebatible, se repetía el pedestre estribillo del movimiento estudiantil de 1968: “Prohibido prohibir”, sin entender que esas “antinomias” (Kant dixit) llevan en su formulación misma una contradicción en sus términos que las torna imposibles de aplicar en la práctica y por tanto en totalmente inútiles. El resultado son los millones de contagios y los cientos de miles de muertes que hoy lamentamos. Y la cuenta sigue. El colapso del sistema de salud pública, la escasez de fármacos vitales y de vacunas, comunes e infantiles, sumados a la tragedia provocada por el manejo insidioso de la pandemia, son otro motivo de irritación social.
Lo mismo ocurre con la educación. Sobran datos sobre deserción escolar; sobre la ineficacia de la educación virtual; sobre el severo aumento de estudiantes del nivel básico que no pueden leer e interpretar un texto sencillo; sobre la exclusión de miles de jóvenes y niños de la propia educación virtual por carencias de diversa índole. Nuestros estudiantes llevan poco más de un año sin asistir a las aulas y todavía carecemos de un plan coherente, responsablemente elaborado por especialistas, para un regreso seguro a clases de profesores y alumnos. Nadie revisa, remodela y sanitiza edificios escolares que llevan más de un año cerrados; nadie responde de que existan las condiciones sanitarias más elementales para el regreso seguro de más de 17 millones de estudiantes. Se limitan a repetir que “se trata de un problema de salud mental”. Y esto, cuando en todo el mundo se habla de una nueva ola de infecciones y muertes y cuando se ha probado que la convivencia escolar eleva hasta en un 40% los contagios.
En materia de seguridad pública, se nos asegura que varios delitos de alto impacto han ido a la baja en los últimos días, aunque nadie explica cuál es la nueva política de combate al crimen que está produciendo el milagro. Se sabe que muchos medios han optado por ponerle sordina a sus denuncias sobre inseguridad y muertes violentas del crimen organizado, por temor a los ataques, amenazas y represalias desde Palacio Nacional. Pero la inteligencia norteamericana, por ejemplo, dijo hace poco que un tercio del territorio nacional está en manos del narcotráfico, y sube el clamor por la violencia del crimen organizado contra partidos y candidatos en esta época de elecciones. Manuel Espino, en EL UNIVERSAL del 19 de abril, escribió: “En 11 estados del país existe el mayor riesgo de violencia política y de que el crimen organizado intervenga en los procesos electorales federal y estatal en marcha…”. Por último, en algunos estados como Michoacán, crece la llamada “emigración interna”, es decir, la gente que huye de sus pueblos y comunidades en busca de lugares más seguros, por temor a la delincuencia (Ver semanario Buzos de la Noticia del 5 de abril).
Este es, a muy grandes brochazos, el panorama nacional en víspera de la elección del 6 de junio, pero basta para entender los rumores sobre la alarma en Palacio Nacional por el temor a perder la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y con ella, el poder absoluto del Presidente para llevar a cabo sin obstáculos su 4ª Transformación. Ese temor se debe al creciente descontento nacional por el desastre económico, social y político de que acabamos de hablar, y buena parte del padrón electoral ve en el “voto de castigo” a Morena una necesidad urgente para iniciar de inmediato una enérgica corrección de todas las arbitrariedades e improvisaciones del Gobierno de López Obrador. El Presidente y su plana mayor saben bien que una derrota relativa en la próxima elección sería el principio del fin de su aventura “revolucionaria”, y quieren evitarla a como dé lugar; quieren imponer su triunfo por las buenas o por las malas, mediante la manipulación de la ley o con el uso de la fuerza.
Así se explica el más reciente atropello a la Constitución por los senadores morenistas y sus acólitos, obedeciendo órdenes del Presidente: la ampliación del periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia del ministro Arturo Zaldívar, de 4 a 6 años, para cubrir todo el sexenio de López Obrador. La cosa es tan grave, que ha levantado una verdadera tempestad de condenas y críticas en los medios, con una unanimidad que hace mucho no se veía. Algunos la han calificado ya como un golpe de Estado al Poder Judicial. En mi modesta opinión, el mayor peligro para la democracia mexicana es el control de los órganos responsables de llevar a cabo y sancionar legalmente los resultados de cada elección constitucional. En este sentido, es ya una verdad del dominio público el total sometimiento al poder presidencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Su presidente, al menos, ha dado pruebas sobradas de que no hará nada que contradiga la voluntad del Presidente.
El tropiezo para la mega maniobra que se prepara en las entrañas del Poder brincó donde quizá no lo esperaban. En efecto, el Instituto Nacional Electoral (INE), a pesar del bombardeo de ablandamiento previo, no se dobló ante el intento de obligarlo a retirar su acuerdo de impedir una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados mayor al 8% sobre la votación total obtenida en la elección por cualquier partido. Con tal acuerdo, cortó las manos a los mapaches morenistas, que ya se disponían a repetir el fraude con la cual lograron la mayoría calificada en la legislatura actual.
Luego vino lo peor. El INE, con estricto apego a la ley, acordó por mayoría retirar las candidaturas a dos morenistas aspirantes a gobernadores de sus estados: Félix Salgado Macedonio, de Guerrero y Raúl Morón de Michoacán, por no haber entregado el informe de sus gastos de precampaña. Los agraviados apelaron al TEPJF y éste, luego de analizar el caso y no encontrar fallas en el proceso, regresó sorpresivamente el expediente al INE con la instrucción de revisar la sentencia. El propósito era obligarlo a rectificar la sentencia y a devolver la candidatura a los morenistas infractores. Pero el INE aguantó nuevamente la presión: por una mayoría mínima de 6 contra 5 consejeros, ratificó la sentencia y puso a salvo su autonomía e independencia. Con esto se convirtió en la peor amenaza para el plan de imponer una victoria fraudulenta de Morena en la elección que viene y en el enemigo a vencer. Al parecer, el estado mayor de la 4ªT ya decidió jugarse el todo por el todo antes de las elecciones y precisamente para imponer su triunfo en esas elecciones. En un mensaje que circuló profusamente en las redes, el líder de Morena en la Cámara de Diputados anunció la decisión de su bancada de someter a juicio político a “varios” consejeros del INE. El juicio no tiene base legal; su motivación es estrictamente política y estrictamente política será la sentencia contra los principales representantes del órgano electoral supremo del país. Si la protesta pública no es suficientemente fuerte para hacerse oír en Palacio Nacional, el INE será descabezado y “remodelado” al gusto de la 4ª T, y este sí será un verdadero golpe de Estado, porque Morena impondría por la fuerza a toda la nación su ideología y su proyecto político. La democracia mexicana quedaría muerta y enterrada. Una arbitrariedad de ese tamaño es un peligroso aventurerismo político que cierra al pueblo la vía democrática para ejercer su soberanía y no le deja más opción que reclamar y ejercer su derecho a la desobediencia y a la rebelión contra un poder ilegítimo y opresor. Nadie debería echarse a cuestas una responsabilidad de tal envergadura.
