La Cámara de Diputados aprobó en lo general la madrugada de este viernes el dictamen a la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluyendo el artículo 13 transitorio que amplía por dos años el mandato del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tras un debate de más de cinco horas que comenzó a las 11 de la noche y con una mayoría parlamentaria de Morena, PVEM y PT, los diputados avalaron en lo general con 260 votos a favor 167 en contra y 2 abstenciones las modificaciones al dictamen que expide las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. A continuación, comenzó la discusión de las 583 reservas.
La aprobación del transitorio se da casi un día después de que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con 17 votos a favor y 13 en contra.
Con ello, Arturo Zaldívar, quien debería dejar el cargo en 2022 según la Constitución, concluirá su presidencia en la Suprema Corte hasta el año 2024, coincidiendo así con el último año de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En su turno al micrófono, el diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, acusó que esta reforma se trata de una tiranía constitucional y que su grupo parlamentario advirtió, desde la reforma Constitucional, la tentación de una operación de Estado para fundir probablemente al Poder Judicial “a los designios del presidente de la República”.
En este sentido, hizo un llamado a la prudencia a Arturo Zaldívar a quien cuestionó si “¿se va a arrodillar ante el presidente de la República?”.
“Hoy hago un llamado comedido al criterio prudencial del ministro Zaldívar, porque es momento de definirse o está con México y la Constitución o está con el presidente, se tiene que desligar por dignidad personal, dignidad ética, dignidad legal y dignidad institucional”, dijo.
En defensa del dictamen, María Del Carmen Almeida Navarro, diputada por Morena, aseguró que es imperante adoptar las medidas que garanticen el respeto a la ley, ya que en en México el Estado de Derecho permanecía como una deuda para el pueblo al ser obstruida en el pasado, dijo, por una “minoría rapaz”.
“Tristemente esa minoría corrupta logró que los mexicanos perdiéramos la confianza en el sistema de justicia al grado de que no pudiéramos distinguir entre autoridades judiciales y el crimen organizado”, dijo.
Del mismo partido, la diputada Aleida Alavez Ruiz, dijo que “claro que tenemos presente el programa de mi partido cada vez que atendemos y decidimos una reforma legal o constitucional. Nos mandata a deconstruir las reformas neoliberales para forjar un nuevo régimen en este país”.
Su copartidaria le respondió que “el estatuto del partido también dice que combatimos los vicios de viejo régimen, pero con este artículo 13 transitorio queremos fomentar esos vicios. Compañera Aleida, tú sabes que ese artículo transitorio es inconstitucional, ¿se van a esperar a una acción inconstitucional o cuál es el propósito de seguir discutiendo esto?”.
También de Morena, pero pronunciándose en contra, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, se declaró en oposición de violar flagrante, innecesaria e irreversiblemente a la Constitución con la ampliación del mandato de Zaldívar en la Suprema Corte.
“Me opongo con toda la fuerza de convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1978 para instaurar en el país un orden democrático, a una República autoritaria, a este insensato proyecto de violar la Constitución política del país”, dijo.
Aclaró que existen cosas positivas e innovadoras en las reformas a las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, pero denostó que en el último minuto “un mapache senador” del PVEM metiera un transitorio que viola la ley y lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya elogiado la propuesta antes de que esta fuera aprobada.
Adriana Gabriela Medina Ortíz, diputada de Movimiento Ciudadano, comentó que el problema del dictamen no sólo es el transitorio, el cual deja ver “una mentalidad poco democrática y sin visión de Estado”, sino que es una reforma para el ministro Zaldívar y no para el Poder Judicial.
Organizaciones sociales, activistas, académicos, fundaciones y ciudadanos han rechazado la reforma que amplia el periodo de mando Arturo Zaldívar, la cual calificaron como “inconstitucional“.
En una misiva, más de 80 firmantes habían solicitado a la Cámara de Diputados a corregir la minuta para impedir que “se consume este grave atentado contra la independencia judicial en el país”.
Las instituciones, al igual que los diputados de oposición, consideraron que la ampliación de la gestión de Arturo Zaldívar podría afectar el ejercicio independiente de las facultades de la Corte, así como nombrar, trasladar, sancionar y remover a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MC adelantaron que analizarán las opciones legales correspondientes para impugnar la ampliación del periodo de la presidencia de la Corte. Los recursos tendrían que presentarlos ante la misma SCJN.
La minuta que recibieron los diputados el pasado martes deriva de la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de marzo de 2021.
Se trata de una serie de leyes integrales que buscan establecer sanciones para jueces y magistrados que incurran en actos de nepotismo, acoso sexual o corrupción.
Contempla desde el retiro del cargo hasta la inhabilitación y la obligatoriedad de reponer el doble del monto que un juez haya obtenido al incurrir en faltas administrativas graves.
También se agregan multas que serán aplicables para empresas que “hayan obtenido beneficios” a través del Poder Judicial de la Federación.
En estas penas se contempla la restricción para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años. En casos considerados como graves, se podría privar a las compañías de sus actividades comerciales, económicas y contractuales o en su caso, también aplicar la disolución de la sociedad respectiva.
El conjunto de leyes secundarias y reformas al Poder Judicial de la Federación será remitido al Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
