El Presidente podría ser arrestado y llevado a juicio político por su injerencia en asuntos electorales que no le competen
ESRÉNTOR POLÍTICO
Miguel Ángel Casique Olivos
La mano negra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el proceso electoral representa una violación a la Constitución, un abuso de poder y un delito electoral. Esta interferencia “oficial” e ilegal debería ser sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero hasta el momento no se ha pronunciado y quizá no lo vaya a hacer. Esta actitud omisa, al igual que la del Instituto Nacional Electoral (INE), evidencian su avasallamiento frente al mandatario, quien ataca a la democracia, tal como hace poco lo hizo en el caso de Félix Salgado Macedonio.
El reconocimiento del propio AMLO de que está interfiriendo en las elecciones –de manera abierta y grosera en los comicios para gobernador de Nuevo León– esclarece las causas de su proceder: está desesperado y al parecer muy angustiado porque su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no tiene posibilidades de ganar en esa entidad y necesita desacreditar a los opositores de su candidata, Clara Luz Flores. Y, como es habitual en él, no solo usa el tiempo de sus “mañaneras” desde la más alta tribuna nacional, sino además recurre a otros instrumentos políticos del Estado mexicano para ordenar investigaciones contra Adrián de la Garza y Samuel García, candidatos de oposición quienes, según las encuestas, aventajan a Clara Luz.
Es más, hay opiniones que suponen que AMLO y sus incondicionales pretenden generar un clima de tensión política para seguir el mismo procedimiento con el que lograron imponer a Miguel Barbosa Huerta en Puebla . Algo así pretenden hacer los morenistas en Nuevo León. Aunque nadie pueda confirmar la existencia de éste, AMLO debería saber que las condiciones de hoy no son las mismas de entonces y que no funcionará porque tanto él como su partido están desprestigiados.
Las acusaciones del Presidente de que ambos candidatos compran votos son hechas sin ninguna prueba tangible, y las sustenta solo porque las lanza desde su “sagrado” púlpito de Palacio Nacional; y aunque asegura actuar como ciudadano, olvida que su investidura presidencial le impide “cantar” fraudes e interferir en las elecciones. Además, su candidata está usando facciosamente la vacuna contra el Covid-19 para atraer votantes e intentar reconquistar adeptos; pero al parecer, los neoleoneses ya abrieron los ojos y no quieren más Morena en tierras norteñas.
El orden jurídico vigente no da al Presidente de la República facultades para participar como militante de su partido, y menos para hacer campaña político-electoral. Las teorías conspirativas lo han desbordado, se han convertido en una obsesión y lo han llevado a dividir y polarizar a la población. A AMLO no debe olvidársele que “prometió” respetar la Constitución Política del país, cuya configuración costó mucha sangre a nuestros héroes patrios y que sus normas están por encima de cualquier mexicano, empezando por el Presidente de la República.
AMLO debe saber, asimismo, que los líderes del Grupo Monterrey –que integra a varios de los empresarios industriales más influyentes de la entidad que aporta el ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)– están muy inconformes por la manera en que está gobernando y, sobre todo, por la actitud desdeñosa y hostil que asume hacia la iniciativa privada.
Expertos en el tema señalan que el Presidente podría ser arrestado y llevado a juicio político por su injerencia en asuntos electorales que no le competen, ya que está violando el Artículo 41° Constitucional y no se apega a lo que establece el Artículo 19°, que lo obliga a respetar nuestra endeble democracia y a no hacer “politiquería” desde sus mañaneras.
Todo indica que AMLO busca acceder a una autocracia pese a que él, los gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia para no intervenir en las elecciones de 2021. Hasta el fin de la semana anterior, el Presidente acumulaba 13 denuncias por intervenir en el proceso electoral, según la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.
Las intromisiones de AMLO son una bolsa de oxígeno para los candidatos de Morena, pero sus malas decisiones están despertando a los votantes; y si éstos se unen, podrán defender mejor los derechos consagrados en nuestra Carta Magna y la incipiente democracia, la cual se halla amenazada y podría perderse. El INE y el TEPJF deben ser firmes y no dejarse seducir por el Presidente. La m on eda está en el aire y parece que los resultados de las elecciones en varias entidades no favorecerán a Morena. Por el momento, querido, lector, es todo.
