La Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI) presentó este lunes un informe que revela la persistencia de abusos sexuales y pornografía infantil detectados en 18 escuelas, en agravio de decenas de infantes de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca, casos registrados por la organización de 2008 a 2018 y que hasta el momento se mantienen en la impunidad.
De acuerdo al informe “Es un secreto. La explotación sexual en escuelas”, la organización denuncia que en 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó con una declaratoria de no ejercicio de acción penal la posibilidad de investigar la trama criminal detrás de la querella presentada por “probables delitos de pornografía infantil cometidos en escuelas”, sustentada por la ODI y por los denunciantes solidarios Lucia Serevitje Montull, María Azuela Gómez, Lydia Cacho Ribeiro, Manuel Gil Antón y Juan Martín Pérez García.
La decisión de la organización de sistematizar los casos registrados y presentarlos en conjunto en una denuncia de manera que “servirían simplemente como indicios del posible delito a investigar”, se debe a que durante años la estrategia de la “fragmentación de casos” de las instancias de procuración de justicia estatales y federal, lo que ha permitido es perpetuar la impunidad.
“Tras múltiples piruetas de procedencia, finalmente se logró iniciar una carpeta de investigación bajo el nuevo sistema penal. La respuesta de la FGR fue negar a las y los denunciantes acceso a la carpeta dado que ninguna era una víctima material de los hechos denunciados”, sin tomarse en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas, explicó la ODI en el documento.
Pese a las pruebas mostradas, en las que se evidenciaban patrones que apuntaban a bandas organizadas, que podrían tener ramificaciones a nivel internacional, dedicadas a la pornografía infantil el Ministerio Público federal consideró “agotada la investigación”, que en los hechos consistió en cuatro oficios, “no realizó una sola acción de investigación seria antes de determinar el no ejercicio de la acción penal y cerrar el expediente”.
La organización detalló que impugnó ante un juez de control, José Alberto Torres Villanueva, “tanto la negativa de reconocer a los denunciantes como víctimas como la decisión de cerrar la investigación”, negando a la organización “la calidad de víctima y no se discutió sobre la seriedad de la investigación realizada”.
Para la ODI, “limitar las posibilidades de que organizaciones o activistas puedan denunciar y actuar como parte genera, en este caso, una garantía de impunidad”, pues para las víctimas de una escuela específica, “sólo podrán exigir la investigación de lo sucedido en ese colegio en particular, haciendo imposible la investigación del patrón delictivo más amplio”, mientras que la fiscalía tiene facultades para actuar de manera oficiosa, pero decidió “concluir una investigación de posible delincuencia compleja con cuatro oficios”, situación que es “inimpugnable”.
Tanto por denuncias recibidas directamente, como por solicitudes de información y de colaboración exterior, la ODI identificó “patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva” en planteles tanto privados como públicos, comportamientos que “pudieran ser indicativos de que algunas escuelas han sido capturadas para la comisión de delitos de explotación sexual en línea”.
Los patrones se repitieron en cuatro casos que representa ODI en 2008, 2011, 2012 y 2018, en tanto que por así por solicitudes de información a distintas dependencias y organismos públicos de derechos humanos, así como por una revisión hemerográfica, identificaron señalamientos de abusos sexuales a niñas y niños de entre 3 y 7 años, en 18 escuelas en Ciudad de México (6), Jalisco (4), Oaxaca, Morelos y Estado de México (2 en cada uno), y San Luis Potosí y Baja California (una escuela en cada entidad).
Los testimonios derivados de los litigios, la ODI estableció que 37 infantes describen “tocamientos” por parte de adultos o ser obligados a tocarse entre ellos; 17 describieron “a un maestro exhibiéndose ante el salón entero; 11 “describen actos que constituyen violación equiparada”; ocho mencionaron haber sido agredidos físicamente; siete fueron abusados frente a un grupo de niños y niñas; cinco mencionan golpes; cuatro refirieron haber sido fotografiados o filmados; cuatro más fueron amarrados; cuatro dijeron que en los abusos se usó “orina, heces o vómito”, tres señalaron haber observado a adultos; tres aseguraron haber sido “penetrados con basura”, tres dijeron que les “picaban las manos o los pies”; tres describieron a compañeros “pidiéndoles ayuda”; a dos sus agresores les dijeron que “sus padres estaban presentes”; y dos más describieron “la presencia de público o personas que observaban el abuso”.
En cuanto a los datos encontrados en información hemerográfica y por acceso a la información, la organización identificó que “en 13 escuelas se agrede a las víctimas en grupo”, en 16 “se reportan múltiples adultos presentes durante el abuso”, en 17 escuelas se denunciaron actos de encubrimiento en tanto que en 10 “hay adultos que facilitan el abuso de los niños y niñas”.
Las descripciones obtenidas a través de medios informativos y las solicitudes de información, son espeluznantes: “16 de las escuelas registran casos en los que los niños y niñas describen actividades ritualistas como ser desnudados y amarrados, ser obligados a orinar sobre otras personas o a introducir las manos en orina mientras son agredidos. En 4 escuelas se reporta el uso de máscaras o disfraces y en una escuela los niños y niñas reportan ser disfrazados como animales y obligados a la ladrar”.
Como en los casos litigados pro ODI, en seis escuelas los niños presenciaron sexo entre adultos, en siete las víctimas fueron obligados a tocarse entre sí, en 14 se denunció el uso de cámaras durante el abuso, en seis escuelas niños y niñas aseguraron haber sido sacados del plantel y en cuatro hay indicios de sedación.
La organización obtuvo colaboración internacional que le permitió establecer agresiones similares a niños en edad preescolar de Jerusalén, en 12 escuelas ortodoxas, donde 65 menores fueron abusados, casos a los que se sumaron 100 caos ocurridos en 2011 y 104 un año después.
En esos casos, “la violencia sexual se ejerce por múltiples adultos en contra de grupos enteros de pequeños de manera simultánea”, y las descripciones de las víctimas comparten algunos rasgos con los abusos sexuales detallados en México, de manera particular relacionado con el uso de cámaras fotográficas, “violencia física y psicológica extrema”, ser amarrados, obligados a “orinar o defecar sobre alguien más”, ser sacados de la escuela, obligados a ingerir sedantes, recibir inyecciones entre los dedos del pie, o ser parte de rituales religiosos.
Al destacar que lo que se evidencia es la persistencia de “dolorosa realidad” a nivel nacional e internacional, ODI destaca que a través de los años, lo que ha podido documentar es que ante las graves denuncias de violencia sexual en las escuelas, la respuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha sido “proceder con una investigación interna ante la denuncia de delitos graves”, en lugar de llevarla a instancias correspondientes, lo cual “hace difícil distinguir entre la omisión y el encubrimiento”.
A ello se suma, que, ante las denuncias presentadas ante fiscalías locales y federales, la reacción ha sido “la fragmentación de la investigación, la exclusión de las víctimas y la falta de procedimientos adecuados para la testimonial infantil, (que) se traducen en una garantía de impunidad para la delincuencia compleja contra la infancia”.
La organización reconoció en su informe que ante una problemática como la descrita, “los padres y madres carecen de información adecuada sobre cómo hablar con sus hijos e hijas para detectar posible violencia sexual”, mientras que los menores “carecen de información y medios accesibles para denunciar la violencia”, sin menoscabo de que en los casos documentados evidencian que “los niños y niñas eran severamente amenazados”.
El informe recuerda que el acceso a una escuela segura es un derecho individual de cada niño, niña y adolescente, por lo que “resultaría inadmisible permitir la pérdida de confianza en la institución educativa”.
Para la organización autora del documento “de manera ineludible, el Estado encara frente a estos datos la obligación de garantizar la no repetición de estos delitos”.
