En enero de 2020, diez meses después de haberse creado la Guardia Nacional (GN), elementos de esta institución obstruyeron el paso a personas migrantes cuando entraban a Chiapas. La escena quedó plasmada en fotografías tomadas por organizaciones sociales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): los extranjeros corrían mientras eran perseguidos con toletes y gases lacrimógenos por el nuevo cuerpo de seguridad.
Asociaciones civiles interpusieron ante la comisión una queja contra la GN por ejercer un uso excesivo de la fuerza durante el operativo. A partir de ese momento, la dependencia ha acumulado más de 500 de acusaciones por presuntas violaciones a derechos humanos.
Incluso, la Guardia Nacional ya supera a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las quejas por supuestas vulneraciones. En los primeros cuatro meses de 2021, el Ejército recibió 144 señalamientos, mientras la GN registró 172, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alertamiento de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH.
Esta también es la primera vez en su corta historia que la Guardia Nacional encabeza la lista de violaciones a derechos humanos en cuanto a instituciones de seguridad pública. Ese lugar lo había ocupado el Ejército desde 2018.
La institución dirigida por el general Luis Rodríguez Bucio ha sido acusada de incurrir en tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias, emplear arbitrariamente la fuerza pública, omitir brindar apoyo a las personas que lo requieran y retener ilegalmente a personas.
También se le ha señalado por cometer actos de tortura, intimidar personas, apoderarse de un bien sin el consentimiento del propietario, ejercer violencia desproporcionada durante sus operaciones, incumplir en formalidades al momento de ejecutar órdenes de cateo, destruir propiedades privadas, entre otros señalamientos.
Según expertos en derechos humanos y seguridad consultados por La-Lista, el incremento de quejas se puede atribuir a dos motivos. El primero, cada vez hay más elementos de esta institución desplegados en territorio nacional. Segundo, la dependencia fue creada con personal del Ejército, la Secretaría de Marina (Semar) y la extinta Policía Federal (PF). Estas tres últimas instituciones recibieron al menos 4,949 quejas por vulnerar derechos humanos en los últimos cinco años, según cifras de la CNDH.
“Al ser una extensión del Ejército eso significa que la GN va a correr una suerte similar en el uso excesivo de la fuerza y violaciones a derechos humanos”, comenta Edgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). “Una institución militar no está preparada para proteger a los ciudadanos, sino para combatir a un enemigo y cuando le encomiendas hacerse cargo de la seguridad, aunque sean ciudadanos, la mirada es que se enfrenta a un enemigo”.
El pasado 21 de mayo, el general Luis Rodríguez Bucio informó en conferencia de prensa que la GN cuenta con más de 99 mil elementos desplegados en el país. Además, según el segundo informe de gobierno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hasta mediados de 2020 al menos 55,000 activos de la GN eran integrantes de la Sedena, 9,000 de la Semar y el resto fueron reclutados o trabajaban en la PF.
Entre enero y abril de 2021, según las cifras disponibles de la CNDH, Chihuahua, Ciudad de México, Sonora, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Estado de México, Guerrero y Jalisco son los estados donde la GN ha recibido más acusaciones por su comportamiento.
ABUSOS PODRÍAN CRECER
El 4 de enero de 2019, en el arranque de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso en Reynosa, Tamaulipas, conformar la GN para enfrentar la inseguridad en el país sin violar derechos humanos y sin abusar de la fuerza.
“Ahora todos los días hay reunión del Gabinete de Seguridad y estamos actuando de manera coordinada, de manera conjunta, y así vamos a seguir adelante, para eso lo de la creación de la Guardia Nacional, sin violar derechos humanos y sin abusar del uso de la fuerza”, dijo el presidente López Obrador.
Sin embargo, al parecer de los especialistas, este compromiso del presidente no se ha cumplido y las quejas sobre vulneraciones podrían seguir en aumento en los próximos años.
ABUSOS PODRÍAN CRECER
El 4 de enero de 2019, en el arranque de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso en Reynosa, Tamaulipas, conformar la GN para enfrentar la inseguridad en el país sin violar derechos humanos y sin abusar de la fuerza.
“Ahora todos los días hay reunión del Gabinete de Seguridad y estamos actuando de manera coordinada, de manera conjunta, y así vamos a seguir adelante, para eso lo de la creación de la Guardia Nacional, sin violar derechos humanos y sin abusar del uso de la fuerza”, dijo el presidente López Obrador.
Sin embargo, al parecer de los especialistas, este compromiso del presidente no se ha cumplido y las quejas sobre vulneraciones podrían seguir en aumento en los próximos años.
“Si (el gobierno) se propone combatir al crimen organizado con más energía, podrían aumentar las quejas por violaciones a derechos humanos”, considera Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Mientras combatas más al crimen organizado, más roces vas a tener con criminales y con población civil”.
La semana pasada, el presidente López Obrador anunció que propondrá una reforma constitucional para transferir a la GN de la SSPC a la Sedena. La declaración del mandatario generó críticas entre quienes acusan que este cuerpo de seguridad no tiene un carácter civil, sino militar por el perfil de sus integrantes.
Para Edgar Cortez, el anuncio del titular del Ejecutivo federal es grave porque “representa que las Fuerzas Armadas se van a volver permanentes en las labores de seguridad”. Por ese motivo, el especialista considera necesario tomar cartas en el asunto desde ahora para prevenir más vulneraciones a la población civil en el futuro.
“Debe haber un marco jurídico que regule objetivamente el uso de la fuerza, para que no se abuse. También se requieren mecanismos de vigilancia y control internos y externos”, señala el integrante del IMDHD. “La GN debe tener claro que si hay abusos y violaciones a derechos humanos, habrá sanciones efectivas“.
