Por razones de salud, de economía y de supervivencia, debemos sumarnos a la exigencia de los jóvenes estudiantes de la FNERRR y oponernos al regreso a clases presenciales sin antes vacunar a niños y jóvenes.
Adriana Argudín Palavicini
Al momento de escribir estas líneas, miles de estudiantes organizados en la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), se manifiestan mediante cadenas humanas en las capitales de los estados del país exigiendo que los niños y jóvenes estén vacunados antes de volver a las aulas. Esta exigencia, plenamente racional y justificada, ha sido apoyada a través de las redes sociales mediante el hashtag #RegresoAClasesEsUnCrimen, mismo que se ha colocado dentro de los dos primeros lugares a nivel nacional, lo que representa el apoyo o, por lo menos, la simpatía, de millones de jóvenes y adultos en la república.
Esta no ha sido la primera ocasión en que la FNERRR se ha movilizado, tanto en la capital del país como en el resto de los estados, esgrimiendo la misma demanda. Sin embargo, su preocupación no ha sido escuchada ni por la autoridad educativa ni por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien, como ya dijo, “llueva, truene o relampaguee, habrá clases presenciales en agosto”. Esta postura del presidente, evidentemente, niega los hechos que la realidad, la necia realidad, pone en evidencia día tras día y que no son otros más que los nuevos contagios diarios (ayer 21 mil 250) y las muertes (ayer 986) por COVID-19 siguen en aumento y que en las últimas fechas la variante Delta ha hecho víctimas también a niños y jóvenes.
Además de que los jóvenes de 18 a 29 años de edad no han sido vacunados en su totalidad, y mucho menos los niños, está claro que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales ni municipales han emprendido las medidas sanitarias necesarias para contar con espacios escolares que eviten la propagación del virus. Lo poco que se ha dado a conocer es que esa responsabilidad recaerá sobre maestros y padres de familia (¡!). El peligro empieza, incluso, desde el transporte que usualmente usan los estudiantes del país que, cuando menos en las grandes ciudades van saturados y, como es más que evidente, es imposible guardar la sana distancia en su interior. Después de pasar este primer reto y llegar a las puertas del plantel, ¿se contará con sanitizante para la ropa, el calzado y las mochilas, con gel antibacterial y con termómetros para medir la temperatura corporal? Hablando francamente, lo dudo muchísimo. Y ya dentro del aula, que generalmente alberga entre 30 y 50 alumnos, ¿cómo se piensa distribuirlos, si entre ellos debe haber por lo menos una distancia de un metro y medio? Esta es otra incógnita sin resolver. Pasemos al recreo. Los padres sabemos bien que a los pequeños les gusta abrazar, besar, compartir los alimentos, las bebidas y las golosinas, ¿cómo se piensa impedirles esta humana conducta infantil en un patio al que salen a convivir? Difícil saberlo. ¿No habrá también conmovedores intercambios fraternos de cubrebocas porque al amigo o a la amiga le gustó el que tiene dibujitos? Y para rematar, ¿ya fueron arreglados los edificios, los baños, el drenaje, en fin, la infraestructura escolar? Por los medios informativos sabemos que esto no ha sucedido.
Pero además de la crisis sanitaria, está también la crisis económica de los padres de familia, que ahora tendrán que hacer gastos en uniformes, calzado, útiles escolares, libros y, ahora, en cubrebocas que, de acuerdo con la SEP, cada alumno deberá llevar dos, de los cuales uno será de repuesto. Después de casi año y medio de pandemia la economía de la inmensa mayoría de las familias anda por los suelos, como consecuencia del nulo apoyo a los trabajadores y a las micro y pequeñas empresas que llevó al cierre de muchas de ellas y, en consecuencia, arrojó a la calle a millones de empleados; gracias también a la necesidad de tener que comprar en farmacias privadas los medicamentos contra la COVID-19 y no solo contra esta enfermedad, ante la escasez de los mismos en las clínicas y los hospitales del sector salud; gracias a la torpeza e irresponsabilidad del gobierno federal en el manejo de la pandemia, los altos costos que ha significado el hacer guardia día y noche, por semanas enteras, para recibir noticias del estado de salud de un familiar hospitalizado y, en el peor de los casos, el gasto de su entierro. ¿De dónde, pues, piensa el gobierno de la 4ª transformación que los padres sacarán el dinero para solventar este gasto?
Por razones de salud, de economía y de supervivencia, debemos sumarnos a la exigencia de los jóvenes estudiantes de la FNERRR y oponernos al regreso a clases presenciales sin antes vacunar a niños y jóvenes. Lo contrario, como lo indica la realidad, disparará el número de contagios y de muertes, situación que como ya hemos visto el gobierno de López Obrador no ha podido frenar. Nadie, ni el mismísimo presidente de la república, tiene derecho a sumir a millones de mexicanos en la angustia de si sus hijos se contagiarán o no por volver a la escuela. En estas condiciones, volver a clases es un peligro. La decisión la deben de tomar los padres de familia, por mucha propaganda y guías que les echen encima.
