Sin que las investigaciones estén cerradas ni se haya determinado a los responsables de la tragedia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indemnizará con 40 mil pesos a cada deudo de los 16 pacientes que murieron en la inundación del Hospital Regional de Zona de Tula.
El Consejo Técnico del IMSS estableció que esta cantidad es un “apoyo para subsistencia”, el cual sólo será entregado una vez. Además, retendrá los impuestos correspondientes, con lo cual la cantidad final podría ser menor.
A través de un acuerdo, el Seguro Social también aprobó un pago único para gastos funerarios por 10 mil pesos, así como una entrega de viáticos, que no supera los 8 mil pesos, si los familiares son enviados a unidades médicas foráneas del IMSS para su atención médica, psiquiátrica y psicológica.
En el acuerdo del Consejo Técnico, publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no se establecen los criterios con los cuales se determinaron los montos de pago ni si van de acuerdo con las necesidades de los deudos.
La inundación en el hospital de Tula durante la madrugada del 7 de septiembre es considerada una de las peores tragedias ocurridas en un edificio del Seguro Social.
En total, el Seguro Social destinará más de 3 millones de pesos para apoyar a los deudos de los 16 pacientes. Lo destinado por el Consejo Técnico contrasta con las cantidades que el mismo IMSS tuvo que entregar a las familias de los 49 menores que fallecieron en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en 2009.
Entonces, el IMSS le entregó a cada familia 155 mil pesos y ofreció resarcir todos los gastos médicos, funerarios y de cualquier tipo relacionados con el incidente, sin establecer un tope máximo.
Incluso, al acreditar que las omisiones y responsabilidades de funcionarios del Seguro Social llevaron al fallecimiento de los menores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el pago de 10 millones de pesos a los familiares de una víctima que promovió un juicio de amparo.
En el caso de la inundación en el hospital de Tula, ni el Seguro Social ni la Procuraduría de Justicia de Hidalgo han informado los resultados de sus investigaciones para determinar si existe responsabilidad de funcionarios públicos en la muerte de los 16 pacientes.