Las opciones para regularizar los asentamientos irregulares prácticamente son nulas; como vemos, las autoridades privilegian los desalojos.
Adriana Argudín Palavicini
El lunes 18 de los corrientes, la periodista Francis Martínez, titular del noticiario radiofónico AC Noticias, publicó en su cuenta de Twitter un breve video en el que aparece una pequeña de alrededor de ocho años de edad, haciendo un llamado al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel: “Señor gobernador -dice la niña- mi nombre es Michel, no quiero que desalojen a mi abuela porque mi abuela está en muy mal estado de salud, no puede levantarse, no puede caminar y pues no creo que podamos vivir en la calle.” En la escena, la pequeña Michel, sentada en una silla al lado de la cama donde está su abuela acostada, trata de contener su angustia rompiendo con sus manos lo que parece un pequeño papel, al final del video, abraza cariñosamente el cuerpo de la anciana. El twitt culmina: “Hoy el desalojo se consumó con maquinaria pesada, ¿y la alternativa?”
Y, en efecto, así sucedió. El director de la Defensa Jurídica del Municipio de Culiacán, Leobardo Félix, llegó ese lunes con una orden de desalojo y varias máquinas para echar abajo las miserables viviendas donde, desde hace un año, se asentaron alrededor de 40 familias. Michel y su abuelita forman parte de ese grupo que, como millones de mexicanos, no están en posibilidades de alquilar una vivienda y muchos menos de comprarla. Por tal motivo, no les quedó otro remedio que asentarse en un terreno baldío ubicado al sur de la capital de Sinaloa, cercano a la colonia Progreso. De acuerdo con El Sol de Sinaloa, cada construcción improvisada “tiene un espacio de 7 por 16 metros”, que a juzgar por las imágenes publicadas por dicho diario, están hechas de flacos pilares de madera que sostienen un techo improvisado de láminas de cartón, de hules que hacen las veces de paredes y con piso de tierra, carecen, por supuesto, de todo tipo de servicio público. Así vivía este grupo conformado mayoritariamente de ancianos y de jóvenes con niños, bajo una temperatura cercana a los 40 grados centígrados, pero, al menos tenían un pequeño espacio donde meterse. Hasta que llegó Leobardo Félix. La calle será su vivienda.
El mismo día, diligentes autoridades del gobierno estatal y municipal desalojaron a alrededor de 80 familias de viviendas que estuvieron deshabitadas durante mucho tiempo y que ellos, por la misma razón que las familias del caso anteriormente relatado, ocuparon desde hace 12 años; esto ocurrió en el fraccionamiento Lomas de la Alameda de la misma ciudad capital, lugar que tampoco cuenta con los servicios públicos indispensables. En este caso, las autoridades arramblaron con las pertenencias, las que había, mismas que los afectados podrán recuperar siempre y cuando presenten las facturas de compra de las mismas debidamente requisitadas. Las familias afectadas señalaron “que no hubo ningún aviso previo a la acción de desalojo…, para haber buscado con anticipación un lugar donde guardar las pertenencias…” (debate.com.mx del 18 de octubre de 2021).
Y sigue. No son los únicos. En la “misma situación viven los vecinos del Valle de Agua… donde la policía hizo uso de la fuerza armada y violencia.” (reaccioninformativa.com del 19 de octubre de 2021). Como en muchos otros estados de la república, se sabe que la principal causa de que existan fraccionamientos enteros sin estar habitados consiste en que los habitantes originales no pudieron pagar los créditos otorgados por el Infonavit y porque están ubicados en zonas alejadas, lo que implica un gasto extra en transporte. Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en la ciudad de Culiacán existen 221 mil 144 viviendas, de las cuales se encuentran ocupadas 176 mil 799, es decir, hay 44 mil 345 viviendas abandonadas. Como ya se dijo, porque la gente no tiene dinero para pagarlas y no tiene dinero para pagar el transporte diario para salir y llegar a ellas, es un fenómeno nacional.
Y aunque el entonces alcalde Jesús Estrada Ferreiro, aseguró en 2020 que trabajaba en una campaña de construcción de viviendas a través del Instituto de Vivienda Municipal (INMUVI), los afortunados solo serían las familias que acreditaran la propiedad legal de un terreno. Otra vez, los requisitos que parecen evidentes, pero que resultan imposibles de cumplir por los pobres. Pero, además, resulta que a principios de este año, la construcción de viviendas de interés social se ha tenido que reducir. De acuerdo con el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Jorge Frías Melgoza, “la construcción de vivienda social se encuentra en decadencia y lo que realmente los está manteniendo a flote se engloba en: vivienda media, vivienda media residencial y residencial,” cuyos precios, añado yo, están entre los 300 mil y 350 mil pesos las más baratas y, de 500 mil pesos para arriba las más caras (debate.com.mx del 24 de enero de 2021). Esta opción, por supuesto, está negada para los más humildes, de ahí que no deba sorprender a nadie el hecho de que proliferen los asentamientos irregulares y las invasiones de viviendas abandonadas.
Según datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Sinaloa, existe un déficit habitacional en todo el estado superior a 63 mil 230 viviendas y hay 81 mil 052 viviendas en situación de hacinamiento. ¿Qué ha hecho el gobierno del estado para reducir estos índices? Según la página oficial de dicha secretaría (la de Desarrollo Sustentable), ha otorgado subsidios por más de 111 millones de pesos que beneficiaron solamente a alrededor de dos mil familias. ¿Qué más se ha hecho? Entre la Comisión de Vivienda del estado de Sinaloa (CVIVE) y el gobierno federal han invertido 62 millones de pesos para construir solamente 259 viviendas. A ese paso, ¿cuándo van a cubrir el déficit y solucionar el hacinamiento? A ello hay que añadir que la demanda de vivienda irá creciendo inevitablemente, pues de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, existían 51 personas en edad de dependencia por cada 100 en edad productiva, a la vuelta de un año, de ese 51 por ciento ¿cuántos se habrán ya independizado y estarán demandando vivienda?
En síntesis, las inmobiliarias ofrecen precios que están fuera del alcance de la gran mayoría de los ciudadanos, existen opciones bastante limitadas para adquirir un lote a través de la CVIVE que, de lograr adquirirlo, representa un enorme sacrificio para irlo pagando y, por otra parte, las opciones para regularizar los asentamientos irregulares prácticamente son nulas; como vemos, las autoridades privilegian los desalojos. Por ello, los culiacanenses más necesitados deberán estar atentos para ver si el voto de confianza que le dieron a Jesús Estrada Ferreiro para ser reelecto valió la pena y, los sinaloenses en general también, pues recordemos que ahora llega al gobierno estatal el morenista Rubén Rocha Moya. Si no quieren que la historia de Michel se repita en sus hijos, de no encontrar la respuesta en las autoridades, la única salida que les queda es organizarse con otros de los muchos que no tienen techo, con otros pobres y luchar por una vida más digna.
