Deben saber que en la Cámara de Diputados no hubo ningún debate, que sus diputados simplemente se plegaron a la orden presidencial pues tienen ya rato de haber borrado la línea que divide al poder ejecutivo del poder legislativo
Adriana Argudín Palavicini
En la madrugada del pasado domingo 14 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó, con 56 por ciento de votos a favor y 43.9 por ciento de votos en contra, en lo general y en lo particular, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022. No importaron las mil 994 reservas hechas por varios diputados, ni siquiera las que sugirieron los de Morena y partidos afines a él, pues el documento se aprobó tal y como lo envió el presidente López Obrador, sin aceptar un solo cambio. Consummātum est. Y, en efecto, viendo algunos de los montos que se destinarán a rubros indispensables para el impulso de la economía de nuestro país y, por tanto, para el beneficio de la inmensa mayoría de los mexicanos, se avecinan mayores desastres y grandes dolores para los ya de por sí bastante castigados.
La orden del presidente López Obrador era clara: a como diera lugar, la bancada de su partido debía sacar adelante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año (PEF 2022) tal y como iba redactado y, claro, “convencer” a los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México, para que hicieran lo propio. Con esa consigna, estos “representantes del pueblo” llegaron envalentonados, dieron muestra de su baja altura política y moral, hicieron gala de un lenguaje soez y de groseras burlas contra sus pares y, claro, cumplida la orden del presidente al pie de la letra, festejaron su triunfo como si se tratara de defender a la patria e inmolarse por ella.
Quienes aún crean en la falacia de que estos diputados, en quienes depositaron su confianza votando por ellos, verdaderamente representan sus intereses, deben saber que en la Cámara de Diputados no hubo ningún debate, que sus diputados simplemente se plegaron a la orden presidencial pues tienen ya rato de haber borrado la línea que divide al poder ejecutivo del poder legislativo, y que serán ellos, y no sus representantes, quienes sufran las consecuencias. Veamos tan solo algunos datos para hacernos claridad de si verdaderamente hay algo que festejar.
El presupuesto, que tuvo un incremento de 8.6 por ciento con respecto al aprobado para el año 2021, asciende a 7 billones 88 mil millones de pesos. Para obras de infraestructura, es decir, para el conjunto de obras públicas que se requieren en todo el país, el 60 por ciento de los egresos se destinará a las megaobras impulsadas por López Obrador, o sea, para el tren maya, el aeropuerto internacional “Felipe Ángeles”, la refinería de Dos Bocas y el corredor interoceánico que, aunque no muy publicitado, también se contempla en ese paquete de obras. Por cada peso gastado durante el próximo año, solo 13.7 centavos serán para inversión, esto significa que serán poquísimas las obras para poder cubrir la carencia, arreglo o extensión de redes de agua potable, drenaje, electrificación, pavimentos y banquetas, así como la construcción o el arreglo de caminos y carreteras, entre otras, por lo que miles de familias de colonias, pueblos y comunidades seguirán padeciendo la falta de tales servicios así como el aislamiento en que se encuentran.
Tampoco se favorece la generación de nuevos empleos, pues el presupuesto no contempla programas de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) ni para las pequeñas y medianas empresas (PyMES), es decir, continuará la política de cero apoyo por parte del gobierno federal, tal y como sucedió desde que inició la pandemia de Covid-19 en nuestro país, a pesar de su importante aportación al Producto Interno Bruto y al hecho de dar empleo a una buena cantidad de personas. En este rubro, la situación irá de mal en peor, pues de acuerdo con el Censo Económico 2019 (Inegi), existían 4 millones novecientas mil MIPyMES registradas, que daban empleo al 37.2 por ciento de la población ocupada, de febrero de 2020 a junio de 2021, poco más de un millón de ellas (el 20.81 por ciento), tuvieron que cerrar definitivamente. Aunado a esta situación, “la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi…, apunta que hubo una contracción de la población ocupada, que se redujo en 544 mil personas”. (Alejo Sánchez Cano, El Financiero, 19 de noviembre de 2021).
Es notoria también la falta de un programa fiscal integral de reactivación económica. A escasos tres meses de haber llegado a la presidencia de la república, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), recomendó a López Obrador que llevara a cabo una reforma fiscal que elevara los ingresos tributarios a fin de invertirlos en infraestructura y gasto social y de esta forma se acelerara el crecimiento económico. Sin embargo, en lugar de hacer que paguen más impuestos los que ganan más, se ha preferido la vía más fácil: ampliar la base gravable haciendo que los que menos ganan dejen de evadir su responsabilidad con la autoridad fiscal y paguen impuestos. Es así como se explica el hecho de que aunque no trabajen y por tanto no perciban un salario, cumplidos los 18 años de edad los jóvenes deberán darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Asimismo, el que a partir de enero próximo, los pequeños negocios, como taquerías, estéticas, talleres mecánicos, papelerías y otros de igual tamaño, deberán pagar impuestos a través del nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico), con lo cual se espera agregar aproximadamente a 10 millones de nuevos contribuyentes. Si por las propias declaraciones de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, ellos tienen detectadas a grandes empresas que ganan miles de millones de pesos y que son campeonas en evasión de impuestos, ¿por qué, entonces, no van tras ellas y las obliga a pagar, en lugar de ensañarse con los más débiles?
Con relación a la salud, la inversión pública en este sector apenas representa el 1.7% del total del presupuesto de egresos. En el caso del IMSS, aunque hay un incremento de 109 mil millones de pesos, el 70 por ciento de dicha cantidad es para el pago de pensiones, el 13 por ciento para sus gastos de operación y menos del uno por ciento de su gasto total es para inversión. Tampoco se resolverá el gravísimo problema del desabasto de medicamentos, pues su presupuesto para adquirirlos se redujo en 2 mil 500 millones de pesos con respecto al 2021. Los derechohabientes, pues, continuarán sufriendo la angustia de reunir dinero para comprarlos o irse a sus casas con las manos vacías. A la secretaría de Salud se le incrementa su ingreso y, aunque la mayoría va destinado a la adquisición de medicamentos, no hay un programa que garantice su distribución entre la población. Y algo muy preocupante también, es que no queda claro de dónde se van a obtener los recursos para adquirir más vacunas contra el COVID, no solo para completar la primera y la segunda dosis, sino también para una tercera, pues aunque se diga que casi todo el país está en semáforo verde, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, acaba de anunciar que ya existen indicios de una cuarta ola de coronavirus.
A todo ello, se agrega el hecho de que la inflación está ahora en 6.8 por ciento, por lo que las famosas ayudas directas implementadas por el gobierno morenista se harán humo, pues la gente comprará menos y, en consecuencia, no habrá el proyectado crecimiento económico de 4.1 por ciento, que dista mucho de las principales proyecciones del mercado, que prevén un crecimiento de entre el 2.7 y el 3 por ciento. Todo esto y más, es lo que Morena aprobó y celebró en la Cámara de diputados. Para la inmensa mayoría de los mexicanos está claro que no hay nada que celebrar y, sí, en cambio, mucho por hacer, como generar empleos para que la gente tenga salario seguro y suficiente y con ello se genere producción y riqueza. De otro modo, quedará claro que el gobierno de López Obrador es incapaz de cumplir con su mandato fundamental, que es mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Y quedará claro también, que será un grave error volver a votar por los candidatos morenistas en las elecciones de 2022 y 2024. Aún estamos a tiempo de sacar al país adelante, pero para ello es indispensable organizarse y luchar.
