La Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió al gobierno de México a actuar de inmediato para localizar a más de 95 mil personas desaparecidas e identificar a más de 50 mil fallecidas no identificadas.
Además, de manera especial, solicitó a las autoridades mexicanas que implementen programas preventivos de este delito y otros mecanismos para garantizar el acceso a la justicia y la verdad.
Al 26 de noviembre pasado, último día de la visita del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) a México, 95 mil personas estaban registradas oficialmente como desaparecidas en el país. De ellas, más de 100 desapariciones presuntamente se presentaron durante la visita del Comité del 15 al 26 de noviembre.
Durante esta visita, la delegación del CED viajó a 13 estados y participó en más de 150 reuniones con autoridades, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
“Esta es nuestra primera visita a un país en virtud del artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.
“El Comité resalta la importancia de que México haya aceptado esta visita, lo cual constituye una clara expresión de la apertura del Estado al escrutinio y al apoyo internacionales”, indicó el CED en un comunicado.
El organismo internacional reconoció que se han logrado algunos avances legales e institucionales en los años recientes; sin embargo, las desapariciones forzadas siguen siendo generalizadas y la impunidad es casi absoluta.
Detalló que según cifras oficiales, al 26 de noviembre había más de 95 mil 121 personas desaparecidas en México, de las cuales más de un centenar habrían desaparecido durante la estancia de la comitiva internacional. “Observamos que ha habido un aumento en el número de niños y niñas y mujeres desaparecidas, tendencia que se ha agravado durante la Covid-19″. Además, indicó que los migrantes enfrentan un riesgo especial.
Agregó que México también vive una grave crisis con más de 52 mil cuerpos no identificados de personas fallecidas.
“Insistimos en que México debe adoptar una política nacional de prevención que involucre a todas las autoridades para poner fin a las desapariciones forzadas y asegurar que las víctimas tengan acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición”.
El CED reiteró su compromiso de apoyar a las víctimas de desapariciones y a las autoridades competentes para que el Estado parte cumpla con sus obligaciones al amparo de la Convención.
