La defensa abierta, al decir que “ser cacique no es un delito”, así lo demuestra.
Eleusis Córdova Morán
Un poco de historia. El arribo de Miguel Barbosa Huerta al gobierno del estado de Puebla estuvo precedido de una ola de rumores y desaseo político tan graves, que ponían en tela de duda su legitimidad, su calidad moral y su capacidad para gobernar el estado. Desde el inicio de su gestión, fue catalogado como un tipo prepotente, soberbio, vengativo, presuntuoso, arbitrario y ligado con grupos del crimen organizado, mediante pruebas fotográficas de su campaña. No tardó mucho para empezar a aportar más pruebas de su exacta caracterización.
En un acto claramente vengativo destituyó y encarceló al presidente municipal de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez. A Juan José Espinosa, exalcalde de San Pedro Cholula, lo acusó del desvío de cien millones de pesos, teniendo que huir del país. El presidente de Quecholac, Alejandro Martínez Fuentes, del PSI, está detenido por los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad y delitos contra el funcionamiento del sistema de seguridad pública. Se encuentran prófugos (para no ser víctimas de la “justicia” barbosista) dos exalcaldes: el panista, Venustiano Carranza, e Ignacio Salvador Sánchez, edil de Ajalpan. La Auditoría Superior del estado, presentó 20 denuncias contra igual número de exediles, por operaciones simuladas con facturas falsas, siendo los más representativos el presidente de Huejotzingo y la expresidenta de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.
Pudiera pensarse que estamos ante un gobierno decidido a combatir a la corrupción, mascarada tras la que se esconde, a imagen y semejanza de López Obrador, el cobro de agravios, venganzas y uso del poder como arma para someter a los insubordinados. Tres años de acusaciones, contra todos los insumisos de Morena así lo prueban. De todos estos casos, y más que sería largo enumerar, la prensa poblana, salvo raras excepciones, nunca ha realizado un ejercicio periodístico de investigación que arrojará luz sobre la culpabilidad o inocencia de los inculpados, que mostrara lo justo o injusto de política de Barbosa aún a costa de pérdidas de privilegios y canonjías, tal y como lo exige un periodismo honrado, veraz y oportuno. Por el contrario, se dedicaron a reproducir y ampliar las acusaciones barbosistas, sin probar nunca, ninguna de las aseveraciones, dando pie a convertir en norma de gobierno la política morenista, sin reflexionar que podrían ser víctimas de lo que alababan. Las consecuencias están a la vista.
En contra del Movimiento Antorchista Poblano, el gobernador Barbosa desató una campaña liquidacionista que dura hasta el día de hoy. Inició con graves acusaciones en contra de nuestro movimiento, mismas que nunca ha logrado probar; continuó con las ofensas de que hizo víctima a la profesora Alondra Méndez, exedil de Tepexi de Rodríguez, con la complacencia de varios munícipes presentes; siguió con la puesta en juego de todo su poder, para negarle al Movimiento Antorchista Poblano, su derecho a convertirse en partido político local, inmiscuyéndose groseramente en la vida interna del Instituto Electoral del Estado de Puebla y del Tribunal Electoral del estado; intentó encarcelar, acusándola del “grave delito” de robo de despensas, a la lideresa de las colonias del sur de la capital, la Lic. Rosario Sánchez; disfrazado de “ordenamiento del servicio”, arbitrariamente clausuró los corralones donde guardaban “Grúas Gantho y Unión”, los vehículos decomisados, conculcando el derecho al trabajo de los empleados y violando los derechos humanos de más de 153 familias; somos su grupo preferido de sus fobias enfermizas, cuando nos acusa de todo y por todo. Ataca al Movimiento Antorchista sin el menor recato y sin respeto a nuestro derecho de existir como organización y a nuestra exigencia de que demuestre sus acusaciones o rectifique públicamente las calumnias lanzadas.
La prensa poblana festeja y se regodea con las ofensas barbosistas, les da vuelo, agigantan las calumnias, convirtiéndose de esa manera en “aval incorruptible” de la política gorilesca instrumentada desde el gobierno, cuyo propósito liquidacionista busca acabar con la única organización que ha sido capaz de denunciar los graves desaciertos que comete el gobierno barbosista: el Movimiento Antorchista. Antorcha se ha atrevido a exhibir las mentiras, los errores y engaños de los que la Cuarta Transformación hace víctima al pueblo de México; es la organización que ha logrado la hazaña de seguir existiendo más fuerte y más grande, más consciente que nunca de la necesidad de su ejemplo y de su lucha. Hemos cruzado el pantano sin mancha alguna ¿qué organización o grupo, puede presumir los mismos resultados? Nadie. La realidad se ha encargado de demostrar la grandeza y honradez de nuestra lucha, lo correcto de sus ideales y principios; de sus objetivos y formas de lucha y de financiamiento; realidad que se han negado reconocer, por cobardía, la prensa, la izquierda y el gobierno poblano.
Lo hasta aquí expuesto, hace más que explicable la actitud de Barbosa en torno a la campaña contra e-consulta, el diario El Popular y su directora. Además de ser de los pocos medios que ejercen cierta independencia editorial, tienen el mérito de haberse atrevido a denunciar graves abusos barbosistas, y cobijar en sus páginas a articulistas que sostienen cierta línea crítica contra el gobierno, actitud que, para un dictadorzuelo de pacotilla, como Barbosa, es absolutamente inaceptable. Por si hicieran falta más elementos para caracterizar el tipo de gobernador que padecemos, dos hechos más.
Barbosa, abusando del poder, intenta apropiarse de la UDLAP, extendiendo la política de apropiarse de las Universidades instrumentada por López Obrador que, con los ataques a la UNAM, la BUAP y al CIDE, intenta convertirlas en escuelas de cuadros morenistas, formar defensores ideológicos y agitadores políticos de la política de Morena y, al mismo tiempo, para prolongarse en el poder. Ésta es la razón por la que Barbosa tiene invadida a la UDLAP con granaderos, inmiscuyendo al gobierno en un litigio entre particulares. Creyendo que puede emplear sus abusos con cualquiera y en todo momento, en reunión con la clase empresarial poblana, les reclama abusivamente su falta de apoyo a la campaña contra el Covid-19, pero en respuesta tuvo que aguantarse la exigencia a gritos de los empresarios, para que devuelva las instalaciones de la UDLAP y permita su correcto funcionamiento. Sentirse el todopoderoso, sin medir las consecuencias de su conducta, le quitó el respeto a su investidura y lo exhibió como un tipo que no sabe conducirse como gobernante.
Para cerrar con broche de oro estos abusos de poder, la SEP cesó a una maestra, por manifestar sus simpatías políticas al Movimiento Ciudadano de Coyomeapan, que exige la salida de los Celestino Rosas de la Presidencia, en virtud de que el edil prolonga el ya largo periodo de amenazas, muertes, injusticias, atropellos y robos en contra de los desprotegidos de Coyomeapan. Este grupo tiene la anuencia de Barbosa para continuar con sus fechorías. La defensa abierta, al decir que “ser cacique no es un delito”, así lo demuestra.
Todo lo aquí narrado es reprobable por donde quiera verse. Es una prueba más de la política y de los políticos improvisados, ensoberbecidos por la obsecuencia que los diferentes grupos sociales, incluidos los empresariales y la prensa, le han dispensado al gobierno barbosista. Todo ello como manera para obtener favores y privilegios de los hoy convertidos en “adalides de la democracia”, de la “honradez y la justicia”, de los “luchadores contra la corrupción”. Para obtener prebendas de quienes pregonan “abrazos y no balazos”, como método para cobijar a la delincuencia organizada, y de aquellos que usan el eslogan de “Primero los pobres” como herramienta para manipular la conciencia de los pobres, abusando de la pobreza y la ignorancia en la que viven la mayoría del pueblo de México. Y aún falta todavía muchos abusos por ver.
Por eso, la necesidad urgente y lo correcto de una política que diga la verdad al pueblo, que permita al ciudadano organizarse donde mejor convenga a sus intereses, para lograr la capacidad para oponerse y exhibir las malas decisiones del gobierno morenista, dejándolo sin la aureola de mesías que portan con enorme hipocresía. Ya viven la prensa y los empresarios los resultados de la actitud pasiva ante el poderoso. Que conste.
