A la opinión pública
A los medios de comunicación
Al Gobierno de Veracruz:
Hace una semana, los integrantes del Movimiento Antorchista en Veracruz, denunciamos la existencia de una investigación judicial en curso contra nuestro líder estatal, Ing. Samuel Aguirre Ochoa, debido a una denuncia penal interpuesta por una mujer que no conocemos, en la que se le acusa de los delitos de FRAUDE y ABUSO DE CONFIANZA. Sostuvimos y sostenemos que el Ing. Aguirre Ochoa no ha cometido ningún ilícito y ahora sabemos que se le pretende involucrar injustamente en una serie de actos en los que, ni él ni ningún antorchista, han tenido participación alguna.
En este sentido, consideramos necesario y oportuno dar a conocer a la opinión pública veracruzana y del país la siguiente información:
1.- El pasado miércoles 1 de diciembre, un representante legal del Ing. Samuel Aguirre Ochoa compareció en las instalaciones del Centro de Medios Alternativos de Solución de Conflictos de la Fiscalía General del Estado, ubicado en Xalapa, para dar respuesta al citatorio correspondiente. En esta reunión nos enteramos de que, en el mes de julio de 2021, dos individuos intentaron vender una porción de terreno a la denunciante, MARÍA NAYELI “N”, ubicada entre las calles Osa Menor, Saturno y Estrella Capella de la colonia Arroyo Blanco en Xalapa, cuya propiedad legítima pertenece al Ing. Samuel Aguirre Ochoa.
Uno de ellos, EDUARDO “N”, se ostentó como apoderado legal del Ing. Samuel Aguirre Ochoa, mostrando un Poder Notarial supuestamente otorgado por éste. Es preciso aclarar, que dicho Poder Notarial, de existir, es totalmente apócrifo, pues el Ing. Aguirre Ochoa JAMÁS ha otorgado un documento de este tipo a dicha persona. Además, en la mencionada reunión, la denunciante exhibió una copia de credencial de elector a nombre de Samuel Aguirre Ochoa, en la que se pudo observar que la fotografía de ésta, para nada corresponde a la imagen del líder de Antorcha en Veracruz.
El contrato de compraventa, entre la denunciante y los dos personajes desconocidos, se protocolizó en la Notaría Pública no. 16 de la ciudad de Xalapa, en la que María Nayeli “N” sostiene haber entregado la cantidad de 180 mil pesos.
La mujer refirió en la audiencia que, debido a diversos problemas administrativos, la transacción no pudo finalizarse por lo que ahora reclama la devolución del dinero que dice haber entregado.
2.- La fracción de terreno referida, ubicada en la colonia Arroyo Blanco de la ciudad de Xalapa, existe. Tiene una superficie de 1, 294 m^2 y fue adquirida legalmente hace 33 años, por el Ing. Samuel Aguirre Ochoa, como consta en la escritura pública número 7,586 expedida por la Notaría Pública No. 15 de Xalapa, el 14 de junio de 1988. Dicho instrumento jurídico fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el 5 de octubre de 1988, como puede constatarlo cualquier ciudadano. Y, volvemos a aclarar, en ningún momento se ha otorgado PODER NOTARIAL alguno para realizar una venta, traspaso, donación o cualquier otro acto jurídico de este o algún otro predio a NINGUNA PERSONA en nombre del Ing. Samuel Aguirre Ochoa.
3.- Debido a esta situación, nos dimos a la tarea de verificar en el Registro Público de la Propiedad el estatus del predio en cuestión y nos hemos llevado una desagradable sorpresa, pues descubrimos que el susodicho EDUARDO “N” había realizado ya la venta del terreno a dos particulares en el mes de octubre de este año por un monto superior a los 2 millones de pesos, utilizando en ambas transacciones el referido “Poder Notarial”, como consta en el archivo del Registro Público.
Estas circunstancias nos obligan a puntualizar lo siguiente:
a) Es claro que estamos ante la comisión flagrante de diversos delitos como USURPACIÓN DE IDENTIDAD, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD, FRAUDE Y DESPOJO, de los cuales el Ing. Samuel Aguirre Ochoa está siendo víctima. Además de diversos ciudadanos que han sido engañados por el referido EDUARDO “N” y sus cómplices.
b) Debido a la complejidad del fraude, consideramos que EDUARDO “N” ha recibido y está actuando con la asesoría y el apoyo de algún o algunos funcionarios públicos incrustados en diversas dependencias del gobierno estatal. Por lo que exigimos a las autoridades que, llegado el momento, investiguen los hechos, los esclarezcan y castiguen a los culpables de estos delitos, pues de lo contrario, las instituciones judiciales del Estado estarán actuando en complicidad por su omisión.
c) Derivado de lo anterior, es nuestro derecho y deber interponer las denuncias penales correspondientes ante las instancias de procuración de justicia, así como exigir que se declaren nulas y sin validez las transacciones comerciales realizadas a nombre del Ing. Samuel Aguirre Ochoa por Eduardo “N”, y solicitar la devolución del predio ante los juzgados civiles competentes.
Toda esta situación resulta muy preocupante pues, suponiendo que simplemente se trate de un fraude cometido por un estafador o un grupo de ellos, evidencia la ineficacia del Estado para evitar el incremento de los delitos en la entidad, por lo que exigimos se actúe de manera pronta en este y en todos los casos en los que se violenten los derechos de los veracruzanos.
Y si, por otro lado, estamos ante una elaborada fabricación de delitos para involucrar al Ing. Samuel Aguirre Ochoa con el objeto de manchar su imagen y hostigar políticamente a él y a la Organización social que dirige, reiteramos nuestro llamado al gobierno estatal para que se abstenga de utilizar al aparato judicial con la finalidad de reprimir a los antorchistas o a cualquier otro grupo de ciudadanos que no simpaticen con las acciones de su gobierno.
En ambos casos, nos defenderemos por todas las vías que estén a nuestro alcance, siempre en el marco de la ley
