Hoy más que nunca, es la realidad la que nos impone la necesidad de la separación e independencia de poderes, si no queremos vivir estos ridículos momentos.
Eleusis Córdova Morán
El 24 de diciembre, el Congreso del estado de Puebla, integrado en su mayoría por diputados morenistas, aprobó el cobro por el derecho de alumbrado público en 144 municipios de los 217 que conforman el estado.
En primer lugar, salta a la vista el hecho de que a 73 municipios no se les permitió, se les excluyó o no aceptaron, incluir en sus leyes de ingresos el cobro de la abusiva medida: el Derecho de cobro por el Alumbrado (DAP). Si no sufriéramos el gobierno de autócratas, si hubiera más humildad en el ejercicio del poder, este hecho sería suficiente para aceptar lo equivocado de la medida y la necesidad de echarla para atrás de inmediato. Si no se procedió así es porque el gobierno Morenista de Miguel Barbosa, y todos los de su estirpe, se creen los nuevos iluminados que salvarán al pueblo, que lo tienen en un puño y que, por tanto, la ciudadanía acatará lo que sus salvadores decidan: Cuitláhuac García en Veracruz, Miguel Barbosa en Puebla y Andrés Manuel López obrador, a nivel nacional, son los mejores botones de muestra.
En segundo lugar, es claro que la iniciativa del cobro, provino sin lugar a dudas del ejecutivo estatal. Si la presentan ante la opinión pública, como una iniciativa de los ayuntamientos, esto prueba fehacientemente la forma tan mentirosa con la que se conducen los gobernantes en el ejercicio del poder público. Los ayuntamientos, al aceptar las ocurrencias del gobernador, sufren la consecuencia natural de perder su autonomía, su libertad de decisión, su independencia para gobernar con apego a la razón y al derecho, para convertirse de facto en fieles mandaderos de los caprichos y ocurrencias del gobernador.
Los ayuntamientos, al aceptar cobrar el DAP, a sabiendas de la grave pobreza que sufren los habitantes de sus municipios, se convierten en sojuzgadores de sus gobernados y en aliados incondicionales de los explotadores. Se convierten en aliados conscientes o inconscientes, “de la política de austeridad” que tiene a nuestros pueblos sin agua, sin drenaje, sin salud, sin escuelas, sin trabajo, sin luz, sin calles pavimentadas; a la ciudadanía sin medicinas para los enfermos de cáncer y de VIH, sin seguro popular, sin procampo, sin fertilizantes; y a los ayuntamientos los ha convertido en figuras decorativas, sin poder de decisión e incapaces para resolver las necesidades más elementales de sus gobernados, necesidades que los pobres piden a gritos, que se resuelvan. Pero no sólo no se resuelven sus demandas, sino que dejan caer sobre sus espaldas impuestos o gastos que hasta hoy venía sufragando el gobierno. El cobro del DAP nos prueba la necesidad de que la ciudadanía se convierta en celoso vigilante y en crítico permanente de los ingresos y egresos de la autoridad, para evitar en lo más posible la aplicación de impuestos o erogaciones, que lejos de resolver nuestros ancestrales problemas, vengan a complicar más nuestra ya difícil existencia.
La iniciativa del cobro por derechos de alumbrado público, exhibe contundentemente la falsedad de consignas tales como “primero los pobres”, “somos la Cuarta Transformación”, “no somos iguales que los anteriores”, etc., etc. El incumplimiento de las promesas de campaña y de gobierno, el uso del erario público para ganar electores incondicionales, manipular y chantajear al pueblo, engañándolo de manera grosera al presentarse como sus salvadores cuando los hechos prueban que son sus sepultureros, los hace igual o peores de los que dicen diferenciarse. La 4T no es diferente, es igual que los anteriores gobiernos.
En tercer lugar, queda claro, que el Congreso (morenista) de Estado en Puebla está convertido, para vergüenza de sus integrantes y en desdoro de la independencia y división de poderes, en una oficialía de partes del gobernador Miguel Barbosa Huerta. Hoy gracias a ese sometimiento denigrante del Congreso, los señores diputados enfrentan una controversia constitucional para su derogación, a petición de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla por ser su decisión inconstitucional y por arrogarse funciones que son propias del Congreso de la Unión. Hoy más que nunca, es la realidad la que nos impone la necesidad de la separación e independencia de poderes, si no queremos vivir estos ridículos momentos.
En cuarto lugar, el papel rayano en la ingenuidad, que representaron los 144 ayuntamientos en la obra “La búsqueda de los recursos”, bajo la dirección del gobernador Miguel Barbosa Huerta, permite al ejecutivo estatal eludir la responsabilidad de proveer recursos, vía participaciones, a todos los Ayuntamientos, para que éstos puedan cubrir los gastos de administración y tengan un buen funcionamiento, así como para la realización de obra pública elemental; todo esto a sabiendas de que los está ahogando la sequía presupuestal, a la que están sometidos por la política de austeridad de la 4T. Así evitan Barbosa y su gobierno comprometerse con los gastos administrativos y con la obra pública de los municipios, para cargar la responsabilidad de allegarse recursos sobre las espaldas del ayuntamiento, con el desprestigio que conlleva la irracional medida de cobrar el DAP. No contaba que la gente, que no sabrá mucho de economía, pero se da cuenta perfectamente bien de cuándo una medida afecta directamente sus bolsillos, de inmediato protestaría, tal y como sucedió, para la elección del gobernador.
En quinto lugar, la exclusión de la capital y de los municipios conurbados de San Pedro y San Andrés Cholula, en el cobro del DAP, tiene sin lugar a dudas un claro cálculo político. Por un lado, fingiendo excluirlos de su “genial” medida, aseguraba el éxito de la misma en los municipios rurales y evitaba la protesta masiva que, sin duda, desataría el cobro del DAP en la capital y en la zona conurbada, en el medio urbano mayormente poblado, protesta que incendiaría al estado y evitaría la consumación del atropello a los derechos ciudadanos en los 144 municipios contemplados. Con ello aumentaría el desencanto entre el electorado a grado tal que aseguraría la pérdida de la gubernatura para Morena, pues está ya presente el malestar social por la falta de trabajo, por la inseguridad que vive el estado, por la escasez de medicamentos en los hospitales oficiales y por la mala respuesta del gobierno al problema de la Covid-19.
Hoy el gobierno morenista, intenta salir ileso del daño que le está provocando el DAP, acallando las voces disidentes y la incipiente protesta popular, poniendo a la CDHP a encabezar la defensa de la ciudadanía. Seguramente tendrá éxito, pero el fallo, no podrá borrar el engaño, la mentira, el abuso de poder y la manipulación de la que hizo víctima a los presidentes municipales, y el abuso de poder que Miguel Barbosa Huerta está empleando contra los desprotegidos de Puebla.
