Fue determinado por un juez federal que la Ley Federal de Austeridad Republicana aprobada por el Congreso de la Unión es inconstitucional porque impone una carga injusta o excesiva a los exservidores públicos federales, además dijo que es invalido el candado de 10 años para que los altos mandos del gobierno no puedan trabajar en empresas privadas a las que regularon.
La resolución de Abel Méndez Corona, juez segundo de distrito del centro auxiliar de la primera región, con residencia en la Ciudad de México, otorgó un amparo a un ex uncionario federal, sentencia que impide que se aplique dicha ley.
“En efecto, el plazo de diez año es excesivo porque las y los servidores públicos que ocupan cargos de mando superior difícilmente podrán emplearse fuera del sector público en una actividad distinta a la que usualmente desempeñan”, indicó el impartidor de justicia.
Sobre el plazo de 10 años, previsto en el artículo 24 de dicha normativa, dijo que era excesivo “porque las y los servidores públicos que ocupan cargos de mando superior difícilmente podrán emplearse fuera del sector público en una actividad distinta a la que usualmente desempeñan”.
Méndez Corona remarcó que ante los avances tecnológicos y el flujo de conocimiento, un plazo de 10 años es determinante para recibir un ofrecimiento de trabajo y puede modificar radicalmente los entornos laborales en ese lapso.
“La disposición reclamada es violatoria de los derechos a la libertad de trabajo, a un salario digno y a un plan de vida, habida cuenta que, de entre un conjunto de opciones viables, la legislatura optó por la medida más deletérea en perjuicio de los derechos de la parte quejosa”, apuntó el juez.
