Andi Uriel Hernández Sánchez
A finales de marzo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una carta que previamente había enviado al rey de España para solicitarle su participación en un proceso de revisión histórica del periodo conocido como La conquista y en ceremonias de reconciliación con los pueblos indígenas. Mencionó que tanto el Estado español como el Estado mexicano debían pedir disculpas públicas a los pueblos originarios por los maltratos y abusos de los que fueron y han sido víctima desde hace 500 años.
La respuesta de Fernando VI fue negativa; no solo no aceptó participar en los mencionados procesos, sino que filtró a la prensa española fragmentos de la carta, lo que provocó la ridiculización de la petición del Gobierno mexicano.
De todos modos, López Obrador resolvió continuar con su propuesta, y en 2021 llevó a cabo ceremonias de perdón en las que participaron supuestos representantes de varias comunidades indígenas. La revisión histórica del acontecimiento nunca se llevó a cabo y, a raíz de la denegación del monarca español, el Gobierno mexicano exigió que España le pidiera perdón a México. Lo anterior es cardinal porque evidenció, una vez más, la concepción retrógrada de la historia teleológica, casi religiosa, subjetiva, idealista, etcétera, de López Obrador y sus verdaderas intenciones en estos acontecimientos que no son las de reconocer los perjuicios contra los pueblos indígenas desde hace 500 años hasta nuestros días y la reivindicación de estos, sino la de granjearse la simpatía de este sector de la población para asegurar más votos para su partido.
Más allá de pequeños grupos políticos e intelectuales, en realidad la proposición del presidente no generó mayor interés en la sociedad mexicana. A decir de Federico Navarrete Linares, existen varias razones que explican la abstención y el escepticismo de la población, por ejemplo, la arrogante respuesta del rey español, la objeción de algunos pueblos indígenas contra los supuestos representantes que participaron en las ceremonias antes mencionadas y la visión obsoleta de López Obrador con respecto a la historia.
De acuerdo con los representantes de los pueblos indígenas, a quien debe pedirle perdón el Estado español es a los indígenas, y no al Estado mexicano, pues, cuando arribaron los conquistadores a Mesoamérica aún no existía la Nación mexicana, el Estado mexicano también ha perpetrado violaciones en contra dichos pueblos, como el genocidio de los Seris en Sonora, la matanza de los yaquis, a finales del siglo XIX o la reciente imposición del Tren Maya, a pesar de la oposición y protestas de los pueblos originarios, y por los que también debe pedir perdón. “A los indígenas les parece más importante y preocupante el colonialismo interno…, que lo que hizo España hace 500 años” (Noticonquista, 14 de diciembre).
En este mismo sentido, considero que otros motivos que explican el fracaso de la iniciativa del presidente son el nulo apoyo a los indígenas en la administración actual y la forma en cómo ha manejado la pandemia del covid-19. En relación con el primer punto, más allá de la retórica de la 4T, la población más pobre, entre ella la indígena, no ha recibido mayores beneficios en lo que va de este sexenio en comparación con los pasados, de hecho, actualmente solo el 35 por ciento del veintil más pobre recibe algún programa social a diferencia del número récord en 2016 el 61 por ciento. De la misma manera se eliminaron programas que estaban focalizados a personas en extrema pobreza como Prospera y los comedores comunitarios (Nexos, julio 2021). También se suprimieron algunos subprogramas destinados al campo y se crearon otros sin que hasta el momento se conozca con claridad las reglas de operación y sus resultados. Un caso ilustrativo en este sentido es el programa Sembrando Vida que hace algunas semanas fue evidenciado porque no beneficia a los más pobres, por actos de corrupción y su uso electorero (Aristegui Noticias, noviembre 2021).
Con la llegada de la pandemia, diversas voces insistieron en la necesidad de tomar medidas serias como la aplicación de una política fiscal activa y contra cíclica para mínimamente satisfacer la alimentación y así evitar que el sufrimiento de la población fuera mayor, no obstante, el gobierno federal prefirió proseguir con su famosa “austeridad republicana”, aunque ya previamente había mostrado rendimientos irrisorios (CISAN, 24 de junio).
En julio de 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), informó que México era el país que menos recursos había destinado para hacerle frente a los estragos de la pandemia, solo el 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio regional rondaba en 3.9 por ciento (CEPAL, 15 de julio). El resultado lógico fue el incremento del desempleo, el quiebre de empresas, la imposibilidad de millones de familias de mantenerse en cuarentena y el aumento de los contagios (CISAN, 24 de junio). La población indígena fue de las más afectadas, pues ni siquiera le aplicaron pruebas de manera masiva, de tal manera que muchos no se enteraron que se habían infectado ni pudieron salvarse; información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que la tasa de letalidad indígena en México fue de las más altas en todo el continente, 15.4 muertes por cada 100 personas contagiadas (DW, agosto 2021). Al mismo tiempo, cientos de miles de personas de este sector se quedaron sin empleo y tuvieron que migrar a las ciudades, aunque en estas tampoco lo encontraron.
Los resultados de la situación anterior son alarmantes. Según el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la población indígena en situación de pobreza es de 69.5 por ciento, en contraste con el 39 por ciento de la población no indígena en la misma situación (Buzos de la noticia, no.994). Además, de los 15 municipios registrados con mayor porcentaje de pobreza, 14 son indígenas y todos se localizan en zonas altas y serranas del sur del país (Infobae, diciembre 2021).
Como se puede notar, las condiciones de vida de la población indígena no han mejorado en los tres años que ha gobernado la Cuarta Transformación. Desde el inició de la administración morenista los indígenas solo han sido prioridad en el discurso y cuando se han requerido su voto, pero en los hechos siguen marginados. En la pandemia, cuando AMLO pudo materializar su reconocimiento a este sector de la población otorgándole apoyos para que pudiera mantenerse en cuarentena y sobrevivir, decidió cerrar las puertas, acusar a la mayoría de las organizaciones campesinas de conservadoras y neoliberales y continuar con su fallida austeridad republicana.
Ante esta realidad, es lógico que los pueblos indígenas y la población en general no le tomaran importancia a la iniciativa del presidente e, incluso, la consideraran como una broma de mal gusto.
