El crimen organizado es el principal autor de miles de desapariciones forzadas que se registran cada año en México, pero el Estado mexicano también es responsable de este crimen cuando es perpetrado por sus funcionarios federales, estatales o municipales y se permite la impunidad, concluye el Informe de un grupo de expertos de la ONU.
“Agentes públicos y el crimen organizado son responsables del fuerte aumento de desapariciones forzadas”, según un informe publicado por el Comité que hace un seguimiento de esta problemática en el mundo.
“Se trata de una situación generalizada”, comentó la presidenta del grupo, Carmen Villa Quintana, quien dirigió una visita de trabajo que realizaron a México miembros de esta instancia entre el 15 y el 26 de noviembre pasado, una decena de días en los cuales ocurrieron 112 desapariciones.
El Estado “también es responsable cuando las organizaciones o grupos armados están de facto bajo el control de las autoridades estatales y reciben alguna forma de apoyo por parte de agentes estatales o existe un patrón conocido de desapariciones y no se toman medidas”, explicó la jurista en una rueda de prensa en Ginebra.
Desde 2017 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas ha incorporado cada año a ocho mil nuevas víctimas y ahora el total de casos documentados y sin resolver se eleva a unos 98 mil.
Las desapariciones forzadas empezaron a aumentar de forma “exponencial” desde 2006 y el 98% de casos que figuran en el Registro Nacional ocurrieron a partir de ese año, detalló Villa Quintana.
“La impunidad es casi total”, denunció la presidenta del Comité, tras señalar que sólo entre el dos y el seis por ciento de casos de desapariciones han dado lugar a la apertura de un proceso judicial y a nivel nacional se han dictado sólo 36 condenas.
Las víctimas de las desapariciones han sido habitualmente hombres entre los 15 y 40, pero las cifras oficiales indican un aumento considerable de caso entre menores a partir de los doce años, así como de mujeres.
Su propósito sería “ocultar las violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual”, explicó Villa Quintana, una destacada especialista en derechos humanos de la ONU que formó parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Otro de los aspectos que el Comité destaca en su informe como una grave preocupación es la desaparición de defensores de los derechos humanos dedicados a la lucha contra este mismo delito, así como de una treintena de periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado ni los autores sancionados.
Otros colectivos afectados por las desapariciones han sido las comunidades indígenas, en el contexto de conflictos sociales y territoriales, y personas LGTB, “con fines de limpieza social y explotación sexual, tras internamientos en los llamados centros de terapia de reconversión”.
La presidenta del Comité también relató episodios de desapariciones de conductores de camiones y de sus acompañantes en la carretera 85 de Monterrey a Nuevo Laredo, “que estarían relacionadas con el tráfico de combustible, para apropiarse de los bienes en los que estarían involucradas las autoridades municipales de Nayarit y desapariciones en los centros de internamiento de adicciones”.
Con información de EFE.
