Los planes de la Unión Europea para acelerar la reducción del consumo de gas procedente de Rusia contribuirán a reducir los problemas para la seguridad del suministro y los costes de la transición energética, aunque suponen problemas estructurales que conducirán a precios más elevados y a unas menores tasas de crecimiento los próximos años, según la agencia Moody’s.
La agencia, que señala la alta dependencia del gas ruso de países como Austria, República Checa, Alemania, Hungría, Italia o Eslovaquia, espera que los precios del gas en Europa seguirán altos al menos durante los próximos tres a cinco años, lo que probablemente conducirá a altos precios de la electricidad y a precios elevados en general a medio plazo, lo que puede conducir a un mayor endurecimiento de la política monetaria.
De este modo, la calificadora de riesgos advierte de que los altos precios de la energía y el aumento de los tipos de interés probablemente debilitarán los ingresos disponibles de los hogares, mientras que la mayor incertidumbre derivada del conflicto erosionará la confianza de los consumidores y las empresas a corto plazo.
Asimismo, señala que la posibilidad de reemplazar a corto plazo el gas ruso con la oferta procedente de otros países “es limitada”, dado lo sustancial del volumen de gas ruso importado, aproximadamente el 40% del total en 2021.
“Es probable que estas tendencias resulten en un crecimiento económico más lento al menos durante los próximos tres a cinco años, por debajo de los promedios previos al conflicto militar y previos a la pandemia”, añade.
Por otro lado, la calificadora de riesgos advierte de que los planes de Bruselas para eliminar gradualmente el gas ruso aumentarán los costes de transición al carbono y las inversiones para cumplir con los objetivos de descarbonización, lo que pesará particularmente en los sectores intensivos en energía y las finanzas públicas.
En este sentido, recuerda que la CE estima que los planes requerirán inversiones de alrededor de 300.000 millones (2% del PIB) para 2030, con el 70% de la inversión requerida durante los próximos cinco años, además de los 400.000 millones de euros anuales en inversiones necesarios para cumplir los objetivos de descarbonización para 2030.
Por otro lado, la reducción de los combustibles fósiles rusos permitirá reducir las facturas de importación de la UE en casi 100.000 millones de euros anuales, aunque Moody’s advierte de que es probable que esto ocurra a largo plazo, cuando la energía renovable esté lo suficientemente disponible como para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
“Los altos precios de la energía tendrán un impacto desproporcionado en los hogares de bajos ingresos, parcialmente mitigado por las medidas gubernamentales, lo que aumentará los riesgos sociales”, advierte Moody’s.
En este sentido, recuerda que muchos gobiernos de la UE han subvencionado los precios de la electricidad y la energía, directa o indirectamente, para los hogares y las empresas, lo que seguirá pesando sobre el gasto público de los países más afectados.
Al mismo tiempo, la alta inflación ha generado un aumento de los ingresos públicos, que hasta ahora ha permitido compensar el efecto del aumento del gasto público en las finanzas públicas de algunos de los países más grandes y más expuestos, como Alemania e Italia, aunque alerta de que este factor compensatorio podría disminuir en los próximos tres a cinco años, especialmente si el desempleo aumentara.
Riesgos de ejecución
Asimismo, la agencia considera que los planes conllevan importantes riesgos de ejecución, incluyendo la dependencia de las acciones de los estados miembros y la coordinación entre estos y la UE, así como de asegurar volúmenes suficientes de GNL y completar la infraestructura para transportarlo.
“Si bien creemos que las propuestas para reemplazar el gas ruso son factibles, se enfrentan a importantes desafíos a corto plazo, cuando la energía renovable no esté disponible en cantidad suficiente para reemplazar el gas ruso y la infraestructura necesaria para importar gas alternativo a la UE y transportar gas por todo el continente no se ha completado”, advierte.
Así, calcula que probablemente llevará de cinco a diez años completar la infraestructura necesaria “si se inicia de inmediato”, mientras que no puede excluirse el riesgo de cualquier acción de represalia que Rusia pueda tomar en respuesta a los planes de la UE, lo que podría conducir a una eliminación desordenada del gas ruso, que podría debilitar el potencial de crecimiento de los países más dependientes y dañar su fuerza económica.
En este sentido, considera que en el caso de un corte repentino del gas ruso, el plan de contingencia de la UE permitiría que los países menos dependientes redirijan el gas a los más afectados para minimizar el impacto, aunque advierte de que “queda por ver cuánta solidaridad habría entre los estados miembros en un época de estrés por la escalada de los precios de la energía y el aumento de las presiones internas”.
