El incremento de la pobreza y desigualdad en el mundo, así como las pésimas expectativas económicas anunciadas estos días, han tenido como consecuencia que se detonen la inconformidad y la presión social en forma de manifestaciones y de migraciones de grandes grupos que intentan forzar su entrada en otros países en busca de trabajo y huyendo del hambre y la muerte. Organismos internacionales prevén que este fenómeno, que se había retraído debido a la inmovilidad forzada por la pandemia de Covid-19, retome nuevos bríos y alcance niveles nunca vistos: lo que ha movido a los Estados a incrementar el gasto en las denominadas “armas no letales”, es decir, en todos los instrumentos de represión que se utilizan para contener manifestaciones, migraciones masivas y cualquier otra acción que implique movimientos de grupos numerosos y que los funcionarios consideren que deben reprimirse.
En México, el sedicente “Gobierno de izquierda” de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también ha aumentado su gasto en armamentos y equipo para reprimir más y mejor, tanto a manifestantes del país como a migrantes que debe contener a como dé lugar para honrar el acuerdo con EE.UU. de impedirles llegar a la frontera norte de México.
La alerta más seria sobre las inminentes convulsiones sociales viene del máximo organismo financiero del capitalismo global: “Las protestas sociales han aumentado en el mundo a los niveles más altos desde el inicio de la pandemia. La gente vuelve a las calles y existe el riesgo de que avancen los disturbios a medida que ceden los confinamientos y crece el impacto por el encarecimiento de alimentos y energéticos, considera el Fondo Monetario Internacional”, que agrega: “aunque, por ahora, el malestar social sigue siendo bajo en relación con los niveles previos a la pandemia, el levantamiento de las restricciones sanitarias y la continua reducción del poder adquisitivo de las mayorías significa que las protestas aún pueden aumentar e imponer costos económicos significativos para el manejo gubernamental de las economías” (La Jornada, 23 de mayo). Tales declaraciones, más que decir cómo se resolverán los problemas que generan la creciente irritación social, parecen un llamado al blindaje de los gobiernos y de los beneficiados por la mala distribución de la riqueza.
En el caso de México, hay un evidente blindaje gubernamental contra las protestas. El incremento en el gasto del Gobierno de la 4T en armamento no letal, como se llama eufemísticamente al que se utiliza para inmovilizar, disolver, espiar o golpear -a veces hasta causarles la muerte- a manifestantes, se nota si comparamos lo que gastó Peña Nieto durante sus últimos dos años de Gobierno, con lo que gastó AMLO: “en 2017 el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó 278 mil dólares en equipo como balines, balas de goma, granadas lacrimógenas, de gas pimienta y de humo, carros lanza agua, cohetones, munición «bean bag», pistolas traumáticas y otras armas y equipos de represión no mortal. Para 2018, el gasto aumentó a 314 mil dólares. En el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, hubo un incremento de casi 1700%” (“El negocio de la represión”, estudio del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística). “A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que en México existe paz, no reprime y se protege a los ciudadanos, la realidad es otra, ya que, en un periodo de cuatro años este gobierno ha destinado más de 10 millones 133 mil dólares en armas no letales… México se coloca en el quinto lugar a nivel Latinoamérica que más recursos ha destinado a este sector”, reportó el 6 de junio la revista Buzos de la noticia.
Pero ese no es todo el arsenal contra la inconformidad. El incremento en el gasto destinado por la 4T a reprimir manifestantes y migrantes ha sido acompañado por un incremento del poder y la influencia de las Fuerzas Armadas, no visto durante décadas de gobiernos civiles en México y, sobre todo, de una embestida visceral y abusiva protagonizada cotidianamente por el propio presidente de la república contra cualquier movilización u organización, trátese de feministas, médicos, enfermeras, académicos, madres que buscan a sus hijos desaparecidos, estudiantes, campesinos o cualquier otro sector que se inconforme o lo critique, como el de los periodistas o los intelectuales.
De entre todos los atacados y calumniados por López Obrador, los antorchistas estamos entre quienes más hemos padecido su abuso de poder, tanto por el número de veces que nos ha lanzado diatribas desde su tribuna de la mañana, más de 120 ocasiones en lo que va del sexenio, como por la vesania con la que una y otra vez nos calumnia, intentando infructuosamente disminuir nuestro prestigio y presencia entre millones de mexicanos con los que trabajamos desde hace más de cuatro décadas. Sin importarle la verdad, la lógica o las pruebas a las que está obligado cualquiera que acuse, AMLO acusa (lo acaba de hacer otra vez, el miércoles y jueves de esta semana) que nosotros recibíamos “moches” de las obras que gestionamos y que nos quedábamos con buena parte de los recursos de programas de ayuda a gente necesitada; la coherencia en las cifras no le importa, a veces inventa una cantidad, a veces la cambia por otra otra, en un guion que cada vez se torna más demencial por la ausencia de lógica, contacto con la realidad y pruebas que sustenten su dicho.
Aunque lo hemos dicho en innumerables ocasiones a lo largo del sexenio, hoy reitero, para evitar que nos apliquen aquello de “el que calla otorga”, que todas las acusaciones del presidente contra el Movimiento Antorchista son calumnias y mentiras. Como prueba de que no miento, ahí están cientos de obras públicas que gestionamos y cambiaron para bien la vida de colonias y pueblos marginados, pero que siempre fueron realizadas por las autoridades facultadas por ley para construirlas sin que en eso tuviéramos jamás arte ni parte; y ahí están también cientos de miles de mexicanos que son testigos insobornables que los recursos de los programas sociales siempre llegaban directamente del Gobierno a los beneficiarios y jamás pasaban por nuestras manos. Si AMLO tiene pruebas de lo contrario, ¿por qué no las ha presentado en vez de intentar lincharnos mediáticamente? Muy sencillo, porque tales pruebas no existen. En cambio, abundan las evidencias sobre el enriquecimiento y tráfico de influencias de los hijos, hermanos, primos y correligionarios del presidente, los cuales gozan de impunidad absoluta.
Las calumnias del presidente contra nosostros son vil abuso de poder y una estrategia para contener a una organización que, a pesar de todos los ataques y bloqueos del Gobierno, mantiene amplia presencia territorial en todo México y un vigor social suficiente y en ascenso para, llegado el momento adecuado, liderar un movimiento popular y electoral contra el mal gobierno que padecemos, y exigir junto con millones de mexicanos más que nuestra patria sea un país próspero, justo y en paz, aunque para lograrlo tengamos que soportar persecuciones, actos represivos, intimidaciones y la guerra sucia contra dirigentes antorchistas, protagonizada por quien hoy ocupa la Presidencia, que ha navegado con fama de hombre humanista y de izquierda pero que ya en el poder ha resultado un reciclaje y compendio de los peores gobernantes que ha padecido nuestra nación. A pesar de todo, el pueblo organizado triunfará si no desmaya en su lucha; como dijo Machado: “demos tiempo al tiempo: para que el vaso rebose hay que llenarlo primero”.
