El reciente hackeo y “filtración” de documentos confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sacado a la luz el incremento en el robo y en la venta ilícita de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex), mejor conocido como huachicoleo, actividad delictiva mal combatida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Los documentos oficiales evidencian que la actual administración federal no solo no ha resuelto el problema de la sustracción ilegal de combustibles que prometió abatir en enero de 2019 con la intempestiva medida de cerrar temporalmente los ductos de distribución –ocasionando una crisis de desabasto que buscó aliviar mediante la compra de 671 pipas que costaron 92 millones de dólares– sino que, además, la red de huachicoleo se ha ampliado significativamente.
Una de las extensiones de esta red de corrupción fue detectada por agentes de inteligencia de la Sedena mediante el denominado “caso Olmeca”; en él estarían involucrados funcionarios públicos federales y estatales, policías de estos mismos órdenes de gobierno, efectivos militares, marinos y personal de Pemex.
El grupo de activistas cibernéticos Guacamaya también ha revelado que los agentes militares han encontrado “tomas clandestinas” en varias entidades del país. El medio especializado Energy21 divulgó, el 13 de octubre de 2022, que las perforaciones en ductos para robar combustible aumentaron 27 por ciento entre enero y agosto de 2022, que en el mismo periodo de 2021 hubo 414 y hasta agosto de 2022 sumaban ocho mil 910.
El diario El Universal dio a conocer que este fenómeno delictivo ha crecido imparablemente; de enero de 2020 al 13 de febrero de 2022, Pemex había sido víctima de 82 mil 692 tomas clandestinas en sus 17 mil kilómetros de ductos.
El 19 de octubre de 2022, la empresa petrolera nacional informó que la Guardia Nacional (GN) había localizado tomas ilegales de ductos en municipios de cuatro estados: Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Edomex.
Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) reportó, el 16 de agosto de 2022, el hallazgo de cuatro tomas clandestinas en diferentes tramos sobre las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza; una de ellas junto a la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex en la calle Añil; y el pasado cinco de septiembre, otras tres tomas en la zona aledaña a estas mismas instalaciones.
Las pérdidas millonarias durante el sexenio
El cuatro de agosto de este año, Energy21 publicó que el “huachicol toca récord en el sexenio con pérdidas por ocho mil 600 mdp”, quebranto financiero correspondiente a los primeros seis meses de 2022 y el nivel más alto registrado desde el inicio del gobierno de AMLO.
“En 2019 y 2020, Pemex perdió cuatro mil 600 y cuatro mil 200 mdp, respectivamente; mientras que, en 2021, la merma se disparó a siete mil 300 mdp. El volumen sustraído fue de cinco mil, cuatro mil 800 y cuatro mil 100 barriles por día para esos años, respectivamente”, revela Energy21. En lo que va del sexenio, estas pérdidas suman 24 mil 700 mdp.
“Estamos viendo cómo estas recientes filtraciones han abierto un panorama más a la vista de todos y que no las teníamos contempladas”, dijo a buzos, Nancy Manzo, investigadora de la organización Causa en Común, quien destacó la falta de información oficial sobre la naturaleza y operaciones de organizaciones delictivas dedicadas al huachicoleo.
Manzo advirtió que las filtraciones derivadas del hackeo a la Sedena han exhibido la toma ilegal de ductos como una actividad ilícita mucho más compleja de lo que se pensaba y donde hay muchos eslabones en las cadenas delictivas.
“Lo que sí es necesario, obviamente, es que ahora se tenga una línea hacia todas las áreas, porque se está viendo que permea hacia funcionarios de alto rango y también permea a las esferas ciudadanas. Vemos que también ya se habla de ciertas ciudades y localidades que participan”, comentó la investigadora.
Al ampliarse la visión sobre el huachicoleo con la filtración de documentos de la Sedena se evidenció también la participación de intereses extranjeros. “En algún punto quizás nos imaginábamos que había vínculos internacionales… entonces salen estas filtraciones y empiezan a apuntar ya de manera directa”, enfatizó Nancy Manzo.
La extracción de decenas de miles de textos oficiales que se alojaban en la red de computadoras de la Sedena fue conocida el 29 de septiembre de 2022 mediante una reivindicación del grupo de hackers denominado Guacamaya. En la mañanera del viernes 30 de septiembre, el Presidente reconoció el ataque al sistema informático de la Sedena; pero matizó su impacto cuando aclaró que se debía a cambios internos en esta dependencia.
Los informes confidenciales hacen referencia a hechos suscitados entre 2016 y septiembre de 2022, difunden pormenores sobre operaciones militares, investigaciones y análisis, incluso contratos de obras públicas, en los que destaca el de la Sedena, que está relacionado con la construcción del Tren Maya.
El hackeo abundó incluso en torno a los problemas cardiacos del Presidente quien, luego de confirmar la versión el pasado 19 de octubre, ha negado o matizado el contenido de otros documentos sustraídos a la Sedena.
El caso Olmeca
En la nota informativa Filtraciones de la Sedena relacionan a Adán Augusto López con red de huachicol, publicada el 18 de octubre de 2022 se afirma que indagatorias del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) relacionan al gobernador con licencia de Tabasco y actual Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con una red delictiva dedicada al robo de combustibles de Pemex, según la revista Expansión.
Documentos fechados en agosto de 2022 sirvieron a este medio informativo para aclarar que la citada organización ilícita compra gasolina y diésel extraídos ilegalmente en Tabasco y Veracruz, que transporta y comercializa en las entidades del norte de la República.
Estas operaciones cuentan supuestamente con protección gubernamental local y federal, porque su traslado se realiza en pipas que transitan sin mayores problemas en las carreteras federales hacia el noreste de México, pero especialmente hacia Monterrey, Nuevo León.
Según las filtraciones, el principal objetivo comercial es la capital neoleonesa, aunque se sospecha que la gasolina también tiene compradores en Estados Unidos (EE. UU.) y que el diésel es llevado a Arabia Saudita.
En la nota de Expansión, del 18 de octubre de 2022, se revela que según las comunicaciones interceptadas por el CENFI “López Hernández habría recibido información sobre depósitos y apoyado con protección a miembros de la red que lucra con el combustible robado a Pemex a través de agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada (SEIDO)”.
También se detalla que los documentos exhibidos “relacionan el nombre del político tabasqueño con el de un hombre a quien identifican como El Hamer, un distribuidor de combustible robado y encargado de la cooptación de autoridades para el libre tránsito de las gasolinas, que tendría al funcionario como parte de su red de contactos”.
El 14 de octubre de 2022 el diario El Financiero publicó: Huachicol involucra a altos funcionarios y a IP de EE. UU., en el cual se indica que entre los implicados habría servidores públicos federales, estatales y personal de Pemex, así como efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y un empresario estadounidense.
Se informa que este empresario estadounidense tiene un domicilio en Reynosa, Tamaulipas, y que está vinculado con “Gerardo Ovando, alias El Yayo, responsable de la cooptación de autoridades para el libre tránsito de hidrocarburo ilícito”.
En la misma nota se informa que este sujeto se dedica también a perforar ductos de Pemex y a comercializar el combustible sustraído con “un empresario y líder de Célula Independiente en Tabasco, vinculada a Pura Gente Nueva, con operaciones en los municipios de Comalcalco, Huimanguillo y Cárdenas en Tabasco”.
Más sobre Adán Augusto
La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) divulgó, el cinco de octubre de 2022, un reporte con el título Funcionario nombrado por Adán Augusto es acusado de proteger a grupo criminal.
“Informes de inteligencia hackeados a la Sedena identificaron como cómplice de un grupo criminal al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC), Hernán Bermúdez Requena, quien fue nombrado en ese cargo por el actual Secretario de Gobernación, Adán Augusto López”, informa el texto de MCCI.
La organización civil especializada indica que el nombramiento de Bermúdez Requena como titular de la SSPC de Tabasco se produjo el 11 de diciembre de 2019 “y ese mismo día el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, le tomó protesta”. MCCI precisa que, entre los documentos confidenciales de la Sedena, hay un estudio de la actividad delictiva en Tabasco entre 2019 y 2022; y que el más reciente está fechado en agosto pasado.
“Uno de los informes de 2021 menciona que el llamado Comandante H intervino para que el grupo criminal tomara el control de cuatro municipios tabasqueños, incluido Macuspana, de donde es originario el Presidente… la Sedena cita textual el nombre de Hernán Bermúdez Requena con el apodo de El Comandante H, como colaborador del grupo criminal La Barredora, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco”, escribe MCCI.
Además agrega que “el esquema menciona la presunta complicidad de otros funcionarios policiacos en Tabasco, incluidos agentes municipales, de la Fiscalía General de la República, de la Sedena y de la Secretaría de Marina… también están vinculados a La Barredora el director y un comisionado de la Policía estatal de Tabasco, así como un asesor de la SSPC”.
En enero de 2019, solo un mes después de asumir la Presidencia de la República, una de las primeras decisiones de AMLO consistió en ordenar el cierre de los ductos de combustibles de Pemex sin definir previamente la forma alternativa para distribuir los combustibles.
La investigadora y analista especializada Pilar Déziga, quien estudió el fenómeno delictivo del huachicoleo para la organización civil Causa en Común reveló, el 31 de julio de 2019, que esta práctica ilegal era enfrentada de manera simplista mediante el cierre de ductos y la compra emergente de carros-tanque para suplir la cadena de distribución de combustibles.
Socióloga e internacionalista, experta en información de inteligencia y seguridad nacional que trabajó en la subdirección de Salvaguarda Estratégica en Pemex –área de investigación para la prevención del robo de combustibles–; en su análisis de Causa en Común, Déziga señala: “el robo no está exclusivamente ‘picando un ducto’ y ‘llenando bidones’. Se trata de un problema gigantesco con muchas derivaciones. Así, el huachicol es un problema de corrupción, un problema de criminalidad, un problema técnico y un problema social”.
El lanzamiento del plan de combate al huachicoleo del Presidente fue ofrecido a la prensa como una especie de gesta heroica que acabaría en definitiva y rápidamente con esta actividad delictiva.
El comunicado oficial 008 del 24 de enero de 2019, con el encabezado El Gobierno de México amplía la estrategia de combate al robo de combustible mediante la compra de pipas, señala que esa compra era una ampliación de la “estrategia integral” contra el huachicoleo, pero solo expresaba una medida enfocada a solucionar el problema de desabasto de combustibles que había provocado el intempestivo cierre de ductos de distribución.
Una vez ocasionado el magno desabasto de combustible, se procedió con urgencia a resolver este problema con el anuncio del mismo Presidente durante la mañanera del 21 de enero de 2019: ya estaban listas las 571 pipas para distribuir gasolinas en México, aunque los ductos fueron reabiertos poco después.
Ese día, AMLO informó que una delegación de funcionarios de su gobierno viajaba a EE. UU. a comprar los carros-tanque en 85 mdd, es decir, aproximadamente mil 700 mdp. Tres días después, en el comunicado oficial 008 del 24 de enero de 2019, se informó que se habían adquirido 100 pipas más, que sumaban ya 671; y que el costo total se había elevado a 92 millones de dólares.
Los especialistas destacan que el robo de combustibles a Pemex representa un problema muy complejo, que no es ejecutado por sujetos que aisladamente perforan algunos ductos o asaltan pipas, instalaciones de almacenamiento y sistemas de distribución. Explican que se trata de operaciones diseñadas por organizaciones criminales apoyadas por funcionarios públicos, técnicos e incluso trabajadores de Pemex que conocen las instalaciones y el control de combustibles, al margen de algunos delincuentes improvisados.
Afirman que en el huachicoleo también hay un aspecto social expresado en la participación de pobladores de comunidades marginadas aledañas a los ductos de Pemex, que eventualmente se involucran en las perforaciones ilegales con funestas consecuencias.
La tragedia en Hidalgo
Precisamente en este marco ocurrió la tragedia del 18 de enero de 2019, cuando un oleoducto perforado estalló en una zona marginada del Ayuntamiento de Tlahuelilpan, Hidalgo, accidente en el que murieron 137 personas –69 en el lugar de la explosión y otros 68 después de ser hospitalizados– 13 resultaron heridas.
Los humildes pobladores del área aledaña al sitio de “ordeña” fueron atraídos por los chorros de gasolina que brotaba incontenible del ducto perforado y por la idea de que, con la captura del combustible en recipientes pequeños, podrían obtener un dinero adicional.
De acuerdo con los reportes oficiales, la perforación tuvo un tamaño de 14 pulgadas de diámetro y fue hecha en el kilómetro 226 del ducto de Pemex que va de Tuxpan, Veracruz, a la refinería de Tula, Hidalgo.
En su mencionado informe para Causa en Común, Pilar Déziga explica que el huachicoleo se detectó desde la década de los años 80 cuando un grupo de trabajadores técnicos despedidos de Pemex se dedicó a perforar ductos para obtener ingresos considerables.
La práctica se extendió en las estructuras operativas de Pemex con robos inicialmente indetectables, cuyo destino fue el llenado de carros-tanques de vehículos particulares; pero después el huachicoleo “se convirtió en un problema mayúsculo con la incorporación de organizaciones criminales que hoy operan apoyadas por el personal de Pemex y protegidas por comunidades que asumen que la gasolina les pertenece”.
“En ese triángulo –Pemex, crimen organizado, comunidades–, asentado en la impunidad omnipresente que define a México, se originó y se desbordó el monstruo que nadie parece saber cómo detener”, concluye Déziga para luego plantearse la pregunta:
“¿Qué hacer? Si en verdad se quiere combatir el huachicol, se deberían conducir investigaciones contra huachicoleros, considerando a empleados de todas las subsidiarias de Pemex y sus vínculos con el crimen organizado.
“En esas investigaciones deberían estar una serie de industrias nacionales e internacionales que han disminuido las compras de derivados de hidrocarburos a Pemex y que podrían estar adquiriendo el producto de manera ilegal”.
