En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo a un lado al entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez –cuya gestión se caracterizó por la emisión de recomendaciones que efectivamente se propusieron limitar los abusos de poder de algunos funcionarios– y en su lugar colocó a Rosario Piedra Ibarra, persona incompetente para el desempeño de esta tarea y cuyo único mérito es ser militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Por ello no resulta extraño que Piedra Ibarra haya incurrido en el controversial pronunciamiento en el que propuso la “transformación” del Instituto Nacional Electoral (INE), una recomendación a todas luces ajena a la competencia de la CNDH y que no fue del conocimiento de los consejeros ciudadanos de esta Comisión, pero que estuvo a tono con el objetivo político de AMLO de destruir los órganos públicos autónomos que hasta ahora han logrado escapar de su control.
Organizaciones civiles y analistas especializados en derechos humanos han advertido en forma reiterada que el actual funcionamiento deficiente de la CNDH representa un grave riesgo para la preservación de las garantías individuales en el país, que además están inscritas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en convenciones y tratados internacionales suscritos por el Estado.
Para estas instituciones y los expertos aún sigue fresca la causa por la que el Presidente propició la sustitución de González Pérez, ya que la CNDH emitió una recomendación para preservar los derechos humanos de los padres de familia y trabajadores de las estancias infantiles, ya que éstas desaparecerían a partir del 28 de febrero de 2019, cuando el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó las nuevas Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.
Las nuevas reglas incluyeron la suspensión del presupuesto destinado a la operación de las estancias infantiles y la decisión de entregar directamente ese dinero a los beneficiarios del programa, a fin de que éstos decidieran la forma de aplicarlo. Además de la recomendación de la CNDH en contra de esta orden presidencial, hubo múltiples protestas públicas de analistas y organizaciones civiles.
El 28 de junio de 2019, AMLO se lanzó contra la CNDH en apoyo al rechazo que un día antes habían emitido las secretarías del Bienestar (SB) y Hacienda y Crédito Público (SHCP); de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a la recomendación 29/2019 que aquélla había emitido el 31 de mayo anterior.
El Presidente dijo que era “inaceptable y hasta una vergüenza que la CNDH haya emitido esa recomendación…” pese a que ésta se había fundamentado con la indagatoria de 204 quejas integradas en el expediente CNDH/1/2019/1599/Q, el cual consta de siete mil 330 fojas distribuidas en ocho tomos.
Esas quejas fueron presentadas por cinco mil 340 personas agraviadas, de las cuales dos mil 49 eran madres y padres; mil 662 niños y niñas; mil 310 responsables de estancias infantiles; 117 diputados federales y dos locales, y 202 personas más de “otra calidad”.
Hostigamiento e imposición
Ante el anticipo de que Morena y su aliado, el Partido del Trabajo (PT) preparaban una iniciativa para desaparecer la CNDH y sustituirla por una “defensoría del pueblo”, González Pérez acudió al Senado el cinco de julio de 2019, donde declaró que la eficacia de la institución se basaba en sus atribuciones y autonomía, no en su nombre, además de que la institución no debe actuar “en favor de ninguna ideología, de ningún partido, porque los derechos humanos no tienen partido político”.
AMLO impulsaba desde entonces el nombramiento de su cercana Rosario Piedra Ibarra, quien fue designada el siete de noviembre de 2019 a través de una controvertida elección en el Senado que generó denuncias de fraude por parte de legisladores de oposición, quienes también señalaron la inviabilidad de aquélla para estar al frente de un organismo autónomo debido a su evidente identificación política con Morena y su cercanía al Presidente.
En 2018, Piedra Ibarra fue candidata a diputada federal de Morena en Nuevo León; después de perder en esa elección, asumió la titularidad en la Secretaría de Derechos Humanos del comité ejecutivo nacional de Morena. Es hija de la recientemente fallecida Rosario Ibarra de Piedra, una activista de derechos humanos, fundadora del grupo Eureka de búsqueda de desaparecidos y apoyo a perseguidos políticos.
Senadores de oposición, sobre todo del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron la falsificación de votos en la elección de Piedra Ibarra y exigieron reponer el procedimiento, lo que inicialmente aceptó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aunque finalmente se retractó.
La moción de repetir el proceso electivo fue rechazada con 64 votos en contra, 46 a favor y nueve abstenciones, formalizándose la designación de Piedra al frente de la CNDH para el periodo del 16 de noviembre de 2019 al 15 de noviembre de 2024.
La incondicionalidad de Piedra Ibarra
En declaraciones a la prensa después de su designación en el Senado, la nueva titular de la CNDH, aseguró que se iba a “poner en los zapatos de las víctimas”; que no titubearía para expedir recomendaciones al Presidente y a su gobierno y que la Comisión no sería comparsa de ningún poder o tendencia partidista:
“¿Por qué me habría de temblar la mano? Más bien las palabras, la denuncia, no titubearía, lo diría porque precisamente es por lo que he luchado siempre, no por mantener la figura de alguien, sino más bien por cambiar este país”, declaró en noviembre de 2019.
Sin embargo, el 30 de octubre de 2022, en el Pronunciamiento DGDDH/081/2022, la CNDH publicó la recomendación general 46/2022 que porpone “la transformación del INE y reivindica el derecho del pueblo a la democracia”, texto cuyo contenido era compatible con la campaña política que encabeza AMLO para destruir al INE.
En una carta publicada el 1º de noviembre de 2022, los siete integrantes del Consejo Consultivo (CC) de la CNDH rechazaron este pronunciamiento emitido por la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, y se negaron a avalar los cuestionamientos al INE que –explicaron– en ningún momento se discutieron en sesión de trabajo.
Denunciaron, asimismo, que el pronunciamiento se basa en una Recomendación General aprobada por el CC en abril de 2022 (46/2022) en la que se hace “un recuento de hechos de lo acontecido entre 1951 y 1965 en materia de violaciones a derechos humanos, en materia de democracia, de participación y de protesta social”.
Además de aclarar lo anterior, los consejeros hicieron las siguientes precisiones, dirigidas a varias autoridades, entre ellas a las del INE:
“1.- Asumir el compromiso de fortalecer su independencia de cualquier grupo partidista, económico o social, y su identificación y empatía con el pueblo de México.
“2.- Compromiso de ejercer y fomentar el desarrollo de la vida democrática, fortalecer el régimen de los partidos políticos y principalmente asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos políticos electorales, con un presupuesto austero y responsable reduciendo privilegios y gastos onerosos injustificados.
“3.- Compromiso de apoyar el desarrollo de la democracia participativa, promover y apoyar ejercicios de participación y consulta ciudadana” e insistieron en que “en ningún momento se discutió o avaló lo que la CNDH interpreta ahora en su pronunciamiento, que ‘recomienda la transformación del INE o que el IFE/INE sea un órgano autónomo únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que solo han servido para el mantenimiento de vicios que, por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales’”.
La aclaración pública fue suscrita por los siete consejeros de la CNDH: Georgina Diédhiou, Adalberto Méndez, Bernardo Romero, Ángel José Trinidad, Tania Espinosa, Gloria Ramírez y Jorge Alejandro Saavedra.
No fue la primera vez
Las recomendaciones aprobadas por el CC de la CNDH han sido tergiversadas de forma reiterada por la titular de la CNDH, según la consejera Tania Espinosa Sánchez, en sus declaraciones a WRadio del dos de noviembre de 2022: “no es la primera vez que rechazamos los pronunciamientos de la CNDH y nunca han existido disculpas o aclaraciones al respecto”. Espinosa explicó que el CC mantiene una relación difícil con la presidenta de la Comisión.
“El contenido del pronunciamiento (sobre el INE) claramente es una interpretación política del contenido de la recomendación aprobada que nunca fue discutido… jamás se habló de la transformación del INE”.
También precisó que en ninguna parte de la recomendación general originalmente aprobada en abril de 2022 hay referencias a la transformación del INE y que aquel planteaba que “el Congreso debe llevar acciones legislativas para garantizar el derecho pleno a la democracia, y que el órgano electoral debe ser autónomo, el proceso electoral transparente, que debe haber un recuento efectivo de votos y que se elimine el control gubernamental”.
En su informe de labores del 25 de enero de 2022, ante senadores y diputados, Rosario Piedra apeló al sobado recurso de López Obrador de culpar al pasado, ya que dijo que “…nunca como ahora (la CNDH) ha actuado con autonomía y en plenitud de sus facultades; luchamos contra inercias, contra un cúmulo de demandas generadas por omisiones del pasado”.
La senadora de Morena Lilia Margarita Valdez Martínez hizo mención de manera indirecta a la “defensoría del pueblo”, que en 2019 promovió López Obrador para sustituir a la CNDH. “…queremos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se convierta en nuestro país en una defensoría del pueblo y ésta es una tarea de reconstrucción por la cual quienes la conforman vienen a rendir cuentas de su actuar…”.
Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano (MC), criticó la pasividad de la CNDH ante asuntos relevantes como la militarización en el país; el abuso de la prisión preventiva oficiosa y el asesinato de periodistas.
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Elizabeth Pérez Valdez cuestionó que la Comisión “ha quedado a deber” ante hechos graves como los feminicidios; las agresiones homofóbicas (contra personas con diferente orientación sexual) y los asesinatos de periodistas y políticos.
El senador del PAN José Alfredo Botello Montes criticó “las absolutas ausencias” de la CNDH “ante los graves problemas nacionales en materia de derechos humanos; están poniendo en severo riesgo la viabilidad misma de la institución”.
Sobre la CNDH, AMLO ha dicho en forma explícita que considera necesaria su desaparición para trasladar sus funciones a la Secretaría de Gobernación (Segob) o montar una “defensoría del pueblo” con el argumento de ahorrar recursos del presupuesto federal.
Estos embates han sido continuos desde el inicio mismo de su gobierno, el 1º de diciembre de 2018; desde entonces ha liquidado varias instituciones autónomas y desde sus conferencias matutinas sigue descalificando a las que sobreviven, con el apoyo de Morena, su ariete legislativo en el Congreso de la Unión.
“Atentar contra los organismos autónomos es atentar contra el Estado mexicano; pretender desmontar los organismos constitucionales autónomos sería tan atrevido como pretender desmontar al Estado mexicano… al desmontar o al invalidar o al anular los organismos constitucionales autónomos está debilitando y reduciendo al Estado mexicano”, declaró, entrevistado por buzos, el académico en derecho y analista político José Luis Espinosa Piña.
Sobre la actuación de la CNDH, Espinosa Piña dijo: “habría que recordarle que México fue uno de los países firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948; fue uno de los 51 países que firmaron el primer y más importante documento de derechos humanos.
“Además, también firmó la Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, que es un tratado internacional vigente. Habría que recordarle al Presidente la primacía de los tratados constitucionales también por una sencilla razón: lo dice el Artículo 133º de la Constitución”.
El analista señala, además, que los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano han sido ratificados por el Senado, son “ley suprema de la unión y tienen el mismo rango, el mismo vigor, la misma jerarquía que la Constitución misma, tratándose de derechos humanos, por supuesto”.
“Entonces yo creo que alguien le tiene que explicar al titular del Ejecutivo; insisto, necesita un buen asesor jurídico y sobre todo en derechos humanos; hay que explicarle que la Comisión Nacional de Derechos Humanos obedece a esos compromisos internacionales adquiridos por México”.
Espinosa Piña explicó, asimismo, que los tratados internacionales fueron firmados porque el Estado mexicano los considera útiles “y nunca antes nadie los había puesto en tela de juicio: nadie, en ningún sexenio”.
También resaltó que la existencia de organismos que protegen los derechos humanos –los que hacen recomendaciones a los poderes públicos con este fin– es altamente apreciada en México y el mundo.
Las operaciones de destrucción
El 18 de junio de 2020, AMLO planteó como objetivo de su gobierno suprimir los organismos autónomos y traspasar sus funciones a la secretarías de gobierno, las cuales son únicamente oficinas de despacho bajo su mando directo y en cuya titularidad puede colocar a quien decida.
AMLO dijo: “…Todos estos organismos consumen presupuesto, todos tienen recursos; no los conoce la gente, no ha recibido la gente ningún beneficio de estos organismos, se crearon muchos de ellos para simular de que se combatía la discriminación, el racismo, la corrupción, para todo”.
De hecho, en su primera reunión con sus gabinetes legal y ampliado, llevada a cabo el 11 de enero de 2021, AMLO solicitó a los titulares de las dependencias enviarle planes para elaborar estrategias enfocadas a suprimir los órganos autónomos de la Administración Pública Federal.
Entre sus blancos actuales figuran, además del INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); las comisiones Federal de Competencia Económica (Cofece) y Reguladora de Energía (CRE) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
También ha denostado a las universidades autónomas del país, entre ellas la Nacional Autónoma de México (UNAM), en la que estudió, a la que ha acusado de unirse a los “conservadores” y contra la que actualmente ha agudizado las descalificaciones; detrás de estos ataques está su deseo de influir en la designación del nuevo rector una vez concluida la gestión de Enrique Graue, a finales de 2023.
En la misma situación se hallan el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismos autónomos que se encargan de generar información estadística sobre la población nacional y su situación socioeconómica, la cual es utilizada por las dependencias gubernamentales y los organismos nacionales y extranjeros para analizar multidisciplinariamente al país.
Los ataques del Presidente contra estas instituciones son permanentes y los ejecuta con el respaldo de Morena. El pasado nueve de noviembre, el Senado de la República aprobó la designación presidencial de Graciela Márquez Colín –quien fuera Secretaria de Economía (SE) de 2018 a 2020– como nueva titular del Inegi, en sustitución de Julio Alonso Santaella, quien de manera similar a Gonzalo Hernández Licona, titular del Coneval, ha criticado varias decisiones del gobierno de AMLO.
El 22 de julio de 2019, AMLO destituyó al entonces titular y fundador del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, quien en semanas anteriores había cuestionado los recortes presupuestales aplicados contra este organismo, mismos que lo estaban colocando en situación de desaparecer. En su lugar designó a José Nabor Cruz, quien a su llegada advirtió que investigaría las desviaciones de recursos de su antecesor, asumiendo el mismo tono de descalificación que utiliza López Obrador.
