El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso este lunes una multa por más de 2.1 millones de pesos a 5 partidos políticos por irregularidades en temas de fiscalización, derivadas de diversos procedimientos administrativos sancionadores, oficiosos y de queja en materia de fiscalización.
En sesión del Consejo General del INE, el consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que este fue el resultado de 19 procedimientos, de los cuales 7 fueron “oficiosos” y 12 “procedimientos de queja”.
Según el consejero electoral sostuvo que los 7 primeros casos se declararon fundados, “al quedar acreditado que existieron irregularidades en cuanto al origen, monto, destino o aplicación de los recursos de los sujetos obligados”.
Las sanciones alcanzaron al partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con una sanción de 94,055 pesos “por aportación prohibida y omisión de presentar un informe de precampaña”.
Para el opositor, Partido Acción Nacional (PAN) la multa fue de 90,419 pesos “por aportación prohibida y egreso no reportado”, mientras que para el centro-izquierda Partido Revolucionario Institucional (PRI) impuso sanción de 1.44 millones de pesos.
En tanto, la sanción fue de 48,877 pesos al Partido de la Revolución Democrática (PRD) por “ingreso no reportado”, y de 79,917 pesos al Movimiento Ciudadano (MC) “por aportación prohibida y egreso no reportado”.
Además, el INE impuso multa de 434,400 pesos a un otrora precandidato “por omisión de informe de precampaña”.
El INE detalló que, de los 19 procedimientos, 4 se declararon infundados, ya que no se acreditó la comisión de infracciones en materia de fiscalización; en 7 casos se declaró el desechamiento de los escritos de queja y en un caso se declaró el sobreseimiento.
A su vez, el consejero Martín Faz destacó la necesidad de encontrar nuevas herramientas de investigación en materia de fiscalización, “porque las redes sociales se han convertido en la nueva plaza pública y si no tomamos medidas al respecto, en un futuro nada lejano, podríamos permitir la impunidad de los ilícitos electorales que a través de éstas se cometan”.
También estimó necesario evaluar si se seguirá permitiendo la utilización de personas morales como intermediarias para recibir aportaciones de militantes y simpatizantes, “dado que este tipo de intermediaciones podría dar lugar a simulaciones que encubran actividades prohibidas a favor de los partidos políticos”.
