Los pueblos no deben dejar de empeñarse en que las leyes les permitan mejores condiciones en su lucha por una patria y un mundo sin pobreza, con bienestar, educación y cultura para todos, sin violencia ni abusos de poder. Aunque es verdad que incorporar a las leyes los derechos más elementales y sentidos por la gente no significa que automáticamente estos se vuelvan realidad, no hay duda que el hecho de que formen parte de una ley o incluso de la Constitución, la ley máxima de un país, facilita que se avance en el camino por lograr que se apliquen. Así ha ocurrido, por ejemplo, con las luchas por la jornada laboral de 8 horas, por servicios médicos, vivienda, educación y muchas otras reivindicaciones que han animado las movilizaciones populares y han permitido, por lo menos, que la gente pruebe y confíe en la fuerza de su unidad y aspire a una sociedad que vuelva realidad todas esas aspiraciones escritas en las leyes.
En ese sentido, tener leyes que posibiliten una competencia electoral lo más limpia posible por los puestos públicos, es mil veces mejor que estar sometidos a la arbitrariedad de los poderosos, trátese de los dueños del dinero o de quienes están en los puestos públicos, que se eternizan ilegalmente en el poder dejando a las clases explotadas sin la menor posibilidad de disputarles el poder municipal, estatal o federal, por lo menos para demostrar lo que haría en positivo un partido verdaderamente representante del pueblo al llegar al poder.
Lo anterior cobra actualidad porque en estos días entraron en vigor modificaciones a diversas leyes y reglamentos que hasta ahora habían permitido que las elecciones en México tuvieran un nivel aceptable de limpieza e imparcialidad, organizadas por un instituto electoral que vigilaba que en los procesos electorales no hubiera tantos sesgos favorables al partido en el poder y con apartados que ordenaban sancionar a quien usara su puesto público para ganar ventajas electorales. Con esas leyes y reglamentos electorales, vigentes antes de que las modificaran Morena y sus satélites, pudo llegar al poder el actual gobierno, sin que hubiera irregularidades graves ni impugnaciones.
Pero Morena no está conforme con eso, ahora busca un instituto electoral a modo para sus intereses y una legislación que les permita a sus candidatos hacer campañas anticipadas y usar recursos públicos sin que se les sancione o se les retiren las candidaturas. Ellos, que durante décadas crecieron teniendo como bandera la denuncia de los fraudes electorales y la abierta parcialidad que había a favor del partido gobernante por parte de quienes organizaban las elecciones y contaban los votos, ahora intentan hacerse del control absoluto de las elecciones y ganarlas a la mala.
El debilitamiento del Instituto Nacional Electoral empieza con el despido de un gran número de los profesionales en procesos electorales que actualmente laboran en el INE. “La reforma también modifica la integración del organismo electoral al desaparecer la estructura permanente subdelegacional y reducir el Servicio Profesional Electoral. Esto implicará, según cifras del INE, despedir a 8 de cada 10 personas que integran el servicio civil de carrera” Forbes México, 2 de marzo. El despido incluye la salida del secretario ejecutivo y los directores de Prerrogativas y Partidos Políticos y del Registro Federal de Electores y los recortes continuarán en el resto de la estructura estatal y distrital, pues “Se despedirán a mil 264 vocales del INE, 64 de las 32 Juntas Ejecutivas Locales y a mil 200 de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales”, lo cual, de no frenarse en la Suprema Corte de Justicia, provocará que disminuyan sensiblemente las capacidades del INE para organizar y supervisar las elecciones y garantizar su limpieza.
No hay duda que AMLO y su partido buscan la manera de usar más abierta y cínicamente el poder para promocionar a sus candidatos usando recursos públicos. Tal y como estaba la legislación, muchos de sus candidatos incurrirían en actos anticipados de campaña y es seguro que varias candidaturas serían canceladas. Por eso cambiaron las leyes secundarias. “El “plan B” quita facultades a las autoridades electorales de sancionar a los partidos políticos y a los funcionarios del Estado. Según el texto de López Obrador, el árbitro ya no podrá retirar candidaturas ante faltas graves y también limita las facultades de castigar actos anticipados de campaña por parte de quienes ocupen cargos públicos, al modificar lo que se considera propaganda política. Los consejeros electorales tendrían, tal como se planteó la iniciativa, menor facultad para interpretar la ley en cuanto a procesos sancionadores. Al tiempo que se acotan las facultades de sanción del INE y el Tribunal Electoral, los márgenes de lo que pueden decir o promocionar los políticos se amplían, un cambio que repercutiría directamente en la carrera por la sucesión presidencial”, publicó EL PAÍS, el 7 de diciembre de 2022. No es que se quiera mejorar al INE, se le quiere aniquilar por inanición y convertido en una instancia meramente testimonial, sin recursos económicos ni legales para frenar o descalificar a quienes se montan en el presupuesto público para promoverse como candidatos.
Así pues, el llamado Plan “B” de López Obrador es un ataque en toda la línea al INE y a los esfuerzos por lograr elecciones medianamente creíbles en nuestro país; es una embestida disfrazada de lucha por la sagrada austeridad, que busca dejar al INE en los puros huesos; sin recursos, sin personal y sin armas legales para detener la intromisión del poder político y económico a favor de los candidatos de Morena, lo que alejaría varios años, o décadas, la posibilidad de sacar a ese partido del poder mediante el voto popular. Detener esa maniobra corresponderá en última instancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde se presentarán acciones legales para frenar este atraco a la estructura legal que permitía elecciones aceptablemente limpias. Pero un desenlace que no logre frenar este atraco, no debemos verlo como algo ajeno y sin consecuencias para la mayoría de los mexicanos, especialmente para los más empobrecidos y marginados, que ojalá comprendan que la lucha por el poder político, que tiene como uno de sus escenarios la lucha electoral, es indispensable si realmente quieren transformar a nuestro país en otro distinto, sin pobreza, sin marginación y sin violencia. Y para dar la batalla electoral en mejores condiciones y con alguna posibilidad de éxito, se requiere que las elecciones no se las robe Morena o quien sea que esté en el poder. Por eso, los llamo fraternalmente a respaldar la petición cada vez más amplia de que la SCJN frene la embestida autoritaria de AMLO y sus incondicionales en contra del INE.
