El jefe de la agencia migratoria mexicana en el estado donde un incendio en un centro de detención mató al menos a 39 migrantes esta semana fue presuntamente informado por teléfono del inicio del fuego y ordenó no liberar a los detenidos, según una denuncia presentada por un abogado que representa a personas involucradas en los hechos.
El funcionario mencionado es el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, donde está Ciudad Juárez fronteriza con El Paso, Texas. En esta localidad se encuentra el centro de detención que fue escenario del suceso más letal de la historia reciente de México y ha multiplicado las críticas a la actual política migratoria del país.
El INM no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios ni de entrevista con González Guerrero.
Según la denuncia, presentada por el abogado Jorge Vázquez Campbell y a la que tuvo acceso The Associated Press, el funcionario presuntamente “dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo”.
Un video mostró a guardias saliendo de una sala con humo sin ningún intento de liberar a los migrantes que estaban detenidos, por lo que la investigación federal está centrada en las razones que motivaron este comportamiento. Además de los muertos, casi una treintena de personas resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador.
Las autoridades mexicanas anunciaron el miércoles que ocho trabajadores del centro de detención de migrantes, tres de ellos funcionarios y cinco guardias de seguridad privada, están bajo investigación y que se preparaban varias órdenes de captura, entre ellas una contra el migrante que presuntamente inició el incendio en señal de protesta.
El presidente Andrés Manuel López obrador insistió el jueves en que no habrá impunidad. “Hablé con el fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad”.
La fiscal que lleva el caso, Sara Irene Herrerías, indicó el miércoles en conferencia de prensa con la titular de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, que los ocho trabajadores identificados como probables responsables ya habían rendido declaración pero que el jefe del INM en Chihuahua todavía no había hecho.
La investigación es por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad y todavía no se han fijado cargos formales.
De acuerdo con el abogado Vázquez Campbell, sus clientes le indicaron que un migrante pidió un cigarro y un encendedor y, justo después, “empezaron a hacer su protesta”.
Agregó que eran cinco personas las que protestaban y que habían sido detenidas ese mismo día. “Los oficiales se burlaron de ellos, se irritaron y dos de ellos (migrantes) le prendieron el fuego a un colchón”.
Fue en ese momento cuando, según el abogado, los agentes migratorios avisaron a González Guerrero “y el señor dijo que no se hiciera nada y que por ningún concepto les dejaran salir”.
Al ser interrogadas al respecto el miércoles, tanto la secretaria de Seguridad como la fiscal Herrerías indicaron que, hasta el momento, no tenían ningún testimonio que mencionara esa supuesta llamada.
Además de intentar averiguar por qué nadie auxilió a los migrantes, las autoridades investigan si el centro de detención cumplía los protocolos de protección civil en caso de emergencia y otros datos básicos como quién tenía las llaves de la celda y las condiciones en las que estaban detenidos los extranjeros.
Herrerías dijo que un pequeño grupo de migrantes inició la protesta por miedo a ser deportados pero reconoció que algunos de los que ya rindieron declaración mencionaron también que no tenían acceso a agua potable.
No es la primera vez que el abogado Vázquez Campbell presenta denuncias contra las autoridades migratorias de Chihuahua. El año pasado interpuso tres por malos tratos a migrantes y abuso de autoridad que también señalaban al delegado de migración en el estado.
La oficial Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en febrero una recomendación a la agencia migratoria por la detención ilegal en las instalaciones de Ciudad Juárez de tres ciudadanos turcos que estaban legalmente en el país. Los migrantes también denunciaron que funcionarios les pidieron dinero para devolverles sus documentos.
Este tipo de quejas, así como las denuncias de corrupción contra agentes migratorios, son recurrentes en México pero suelen quedar en la impunidad. De las más 5.000 investigaciones internas abiertas por el INM desde 2019 sólo cinco habían terminado en la fiscalía a mediados de 2022, según información obtenida gracias a las leyes de transparencia.
La forma en la que quedaron atrapados los más de 60 migrantes ha enfurecido tanto a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que han multiplicado las críticas por la actual política migratoria mexicana, su creciente militarización y la falta de rendición de cuentas cuando se denuncian abusos.
A mediados de 2019, ante las presiones del expresidente estadounidense Donald Trump, el gobierno cambió la cúpula de la agencia migratoria y en varios estados militares en retiro quedaron como jefes.
Mientras tanto las familias de las víctimas quemadas en Juárez, la mayoría de las cuales todavía esperan que una autoridad les diga si sus seres queridos están vivos o muertos y la indignación ha crecido entre muchos migrantes varados en la frontera con Estados Unidos a la espera de una cita para pedir asilo en ese país.
