Las autoridades mexicanas anunciaron el lunes la apertura de una pesquisa contra Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, por la contratación y adquisición en el 2014 del malware Pegasus, que según organismos defensores de la libertad de prensa ha sido empleado para espiar periodistas y activistas de derechos humanos.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo en un comunicado que el proceso alcanza a Tomás “Z”, Judith Aracely “G”, exoficial mayor, Vidal “D”, ex titular de la desaparecida Policía Federal, y Rigoberto “G”, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, quienes serán investigados por la contratación en el 2014 del programa espía para la entonces Procuraduría General de la República.
Un agente federal, que no quiso que lo identificaran porque no estaba autorizado a dar declaraciones, confirmó a The Associated Press que entre los investigados está Zerón, quien huyó a Israel y tiene pendientes órdenes de aprehensión por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Guerrero hace ocho años.
A los cuatro exfuncionarios les imputaron los delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.
En el comunicado la Fiscalía General indicó que la contratación alcanzó 460 millones de pesos, a la vez que descartó que la actual administración tenga Pegasus, un sistema de fabricación israelí que se infiltra clandestinamente en los teléfonos y otros artefactos para recolectar datos y espiar.
El anuncio de la investigación se da a casi un mes de la denuncia que hicieron grupos defensores de la libertad de prensa que señalaron al ejército mexicano de haber utilizado en el 2022 el programa espía para interceptar los teléfonos de activistas.
De acuerdo a un informe del grupo defensor de la libertad de prensa Artículo 19, la Red de Defensa de los Derechos Digitales y medios de prensa mexicanos, al menos tres activistas de derechos humanos y dos periodistas fueron espiadas ilegalmente con Pegasus presumiblemente por el Ejército, que sería la única institución gubernamental que contaría con el programa espía.
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que los militares realicen espionaje telefónico a activistas, y aseguró que las actividades de inteligencia se limitan a investigar la delincuencia organizada.
Al asumir el gobierno en el 2018, López Obrador prometió que pondría fin al espionaje gubernamental, del cual él mismo dijo que fue víctima durante décadas cuando estaba en la oposición.
En el 2021 las autoridades mexicanas anunciaron que habían localizado 31 contratos vinculados a Pegasus suscritos por diferentes departamentos de seguridad durante los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Felipe Calderón (2006-2012) valorados en unos 61 millones de dólares.
