El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso disolvió el miércoles a la Asamblea Nacional y puso fin así al juicio político que buscaba destituirlo, una decisión que recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas y cuestionamientos de la oposición, que de todos modos advirtió que la acatará.
Lasso ahora gobernará hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional y deberá convocar elecciones presidenciales y legislativas en ese lapso. Los ganadores de esos comicios completarán el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.
En una cadena de radio y televisión el mandatario aseguró que “todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno” y sostuvo que la disolución del Parlamento “es la mejor decisión posible”.
El artículo 148 de la constitución confiere al presidente la potestad de disolver el Legislativo por una sola vez, dentro de los tres primeros años de su mandato, por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.
La decisión de Lasso puede ser apelada ante la Corte Constitucional y entre los primeros en hacerlo estuvo el Partido Social Cristiano.
El mandatario expresó en su cuenta de Twitter su agradecimiento al cuerpo diplomático acreditado en Ecuador por “acompañarnos en este momento crucial para nuestra democracia”.
En tanto el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, señaló que la decisión presidencial “le da al pueblo la oportunidad de ser actor nuevamente y con su voto tome las riendas de lo que debe pasar”. El ministro evitó responder si Lasso sería candidato a la presidencia.
Poco después de disolver la Asamblea el presidente firmó el primer decreto ley de urgencia económica que reduce impuestos a más del 99% de los contribuyentes, especialmente a la clase media, los negocios populares y los discapacitados, con la cual el Estado dejará de recibir 195 millones de dólares que quedarán en manos de los ciudadanos.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nelson Proaño, expresó en una conferencia su apoyo a la decisión del mandatario al sostener que se fundamenta en la constitución y, por tanto, “debe ser respetada”.
Sostuvo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen su posición de respeto a la constitución y las leyes, pero advirtió que en caso de un intento de alteración del orden constitucional a través de la violencia “actuaremos con firmeza en cumplimiento de nuestra misión constitucional”.
Cindy Arnson, ex directora del Programa Latinoamericano del Centro Wilson, señaló a The Associated Press que la “muerte cruzada” dependerá de la reacción y movilización de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, que ha demostrado ser capaz de paralizar el país andino en los últimos años.
Consideró como “el gran ganador” de la agitación en Ecuador al movimiento del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que obtuvo grandes triunfos en las recientes elecciones seccionales, y advirtió que el choque fundamental en curso en Ecuador es “entre la democracia liberal y una visión populista radical del Estado y la sociedad”.
La ahora ex asambleísta del partido opositor Unión por la Esperanza (UNES), Paola Cabezas, dijo a la red de televisión Ecuavisa que “acataremos el decreto, nos iremos a nuestras casas … ésta es una oportunidad para que salgamos de esta crisis y es la oportunidad para salir de este gobierno”. UNES fue el principal gestor del juicio político a Lasso.
El partido Social Cristiano, también protagonista del juicio a Lasso, dijo que no hay causales para la disolución de la Asamblea y advirtió que hasta la elección del nuevo Legislativo, Lasso actuará sin respaldo popular, sin capacidad de maniobra y sin facultades íntegras de gobernar.
El abogado y constitucionalista Esteban Ron aseguró a la AP que la medida, conocida como “muerte cruzada”, no es un escenario ideal para el presidente porque aunque no tendrá un contrapoder en la Asamblea “se activa el poder social” de diversos sectores opuestos a su gobierno.
La disolución se produjo en momentos en que la Asamblea, dominada por una coalición integrada por UNES de Correa, el Partido Social Cristiano y el de los indígenas Pachakutik sometía a un juicio político a Lasso para su destitución por supuesta malversación de fondos.
La muerte cruzada causó una dura crítica de la combativa CONAIE, cuyo titular Leonidas Iza en su cuenta de Twitter destacó que “Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de policía y las Fuerzas Armadas sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura”. La organización convocó a un consejo extraordinario para analizar las medidas que tomará.
Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, expresó que esa fuerza respeta la decisión de Lasso y convocó a una agenda conjunta de todos los sectores sociales.
En tanto, la Asamblea quedó vacía desde la madrugada y un fuerte contingente militar y policial en sus alrededores impedía el paso. Según la ley, la Asamblea cierra sus instalaciones mientras su administrador general sigue habilitado para mantener la operación del personal permanente. Todos los contratos provisionales quedaron anulados.
Ahora el Consejo Nacional Electoral debe convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, que deberán cumplirse en un plazo máximo de 90 días. Aunque la constitución no especifica un plazo para ese proceso, se estima que podría tomar entre cuatro y seis meses.
El abogado y constitucionalista Ismael Quintana explicó a AP que aunque Lasso está facultado para gobernar por decreto éstos sólo pueden ser de materia económica y es la Corte Constitucional la que decide si son válidos o no.
Ismael Quintana, especialista en derecho constitucional y profesor de la Universidad Católica de Cuenca, dijo a AP que la decisión presidencial le dará a Lasso soltura para gobernar algunos meses.
“Qué bueno que hayan mandado a la casa a esos vagos de la Asamblea, no hacían nada, sólo se pasaban insultando”, dijo a AP Julio César Anda, un mensajero de una oficina de seguros. Pero la empleada doméstica Josefina Maigua sostuvo que al disolver la Asamblea el presidente “ya se convirtió en dictador”.
Lasso, que tenía apenas 25 asambleístas de un total de 137, está en el poder desde mayo de 2021 y fue elegido para un período de cuatro años.
