Los casos de corrupción ocurridos en México bajo los mandatos de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, apenas han avanzado un promedio del 25% en su resolución judicial, pese a un monto acumulado de desvíos de 26,738 millones de pesos.
Así lo indicó este martes una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) titulada “El tablero de la impunidad”, que también señala que de las 212 personas involucradas solo se han iniciado procesos penales contra 85, lo que significa que el 60% no han sido ni investigados ni procesados.
Apenas se han realizado ocho juicios y solo el 4% han recibido una sentencia.
El estudio incluye 16 casos, nueve con López Obrador y siete con Peña Nieto, entre los que se incluyen algunos emblemáticos, como el de la línea 12 del metro de Ciudad de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Agronitrogenados, Odebrecht o el relativo al organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
“Aún está muy lejos que pueda decirse que se acabó la impunidad. Ni uno solo de los casos de corrupción del sexenio pasado o el actual ha quedado resuelto en su totalidad, lo que resulta inaceptable”, denunció el informe.
En promedio, los casos ocurridos bajo el Gobierno de Peña Nieto llevan una media de 6 años y 4 meses sin solución, mientras que los del sexenio de López Obrador superan los 3 años sin avances significativos en las investigaciones.
“Este retraso en la justicia no se explica solamente por la complejidad de los procesos penales, sino por las deficientes actuaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación y la preparación de los casos, así como por su negativa para actuar contra todos los responsables y en el uso discrecional de sus facultades”, ahondaron los investigadores.
Casos como los desvíos en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del Gobierno y los “moches” (dádivas) en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no han avanzado nada.
Y otros, como el uso personal de la FGR por parte del fiscal general, Alejandro Gertz, y los relacionados con los familiares de López Obrador apenas han avanzado un 3% y 4%, respectivamente.
Las que más han avanzado, en cambio, son la de la línea 12 del metro, cuyo derrumbe el 3 de abril de 2021 causó 27 muertes y un centenar de fallecidos, con un 58%; la operación Safiro, el desfalco de millones de pesos por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el 55%; y la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex, con un 52%.
