Una jueza federal otorgó un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) para frenar la distribución de los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
De la misma manera, la jueza Yadira Medina, jueza tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó a la dependencia utilizar los planes de estudio y libros del ciclo escolar 2022-2023, el periodo pasado.
Además, la resolución judicial urge a la SEP y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) realizar ajustes presupuestales para entregar el material educativo, ya sea física o virtualmente. Señala que los planes y programas deben apegarse a las necesidades de cada entidad.
La UNPF aún no cuenta con el documento de sentencia, sin embargo, en los próximos días convocarán a una conferencia de prensa para dar a conocer detalles.
La SEP y la Conaliteg pueden impugnar la resolución y un Tribunal Colegiado puede atraer el caso para confirmar la sentencia o revertirla.
En los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro no distribuirán los libros por los errores y la carga ideológica ligada a la 4T en su contenido.
Ministro también frena distribución en Coahuila
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, también concedió una suspensión contra la distribución de los libros de texto en el estado de Coahuila -impulsada por el gobierno priista de Miguel Ángel Riquelme- argumentado el incumplimiento de las reglas que fija la Ley General de Educación (LGE) por parte de la SEP y la Conaliteg en la elaboración de los planes de estudio.
Coahuila y Chihuahua son las únicas entidades, hasta ahora, que han acudido a la SCJN por el tema de los libros.
“Se concede la suspensión para el único efecto de que no se distribuyan los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, en el que se verificará que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los planes y programas de estudio, establecidos en la LGE”, resolvió Aguilar.
