Además de las desapariciones, en la entidad, las familias ahora también padecen la violencia contra los integrantes de los colectivos de búsqueda. Son cuando menos seis los asesinatos de personas buscadoras los que han ocurrido en Guanajuato desde 2020
Héctor Hugo Villegas Severiano
El pasado 30 de agosto se celebró el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, fecha que desde 2011, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas realiza un recuento del número de desapariciones forzadas en el mundo, para saber si el problema se ha agravado, ha mejorado, o sigue igual.
De acuerdo al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, ocurre una desaparición forzada cuando: “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a una persona, o que esta resulte privada de su libertad de alguna forma agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por grupos de particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo indirecto, su autorización o consentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esa persona o a reconocer que está privada de la libertad, sustrayéndola así de la protección de la ley”.
La importancia de conmemorar este día se centra, principalmente, en rendir homenaje a los millones de personas desaparecidas en el mundo, ya sea por regímenes tiranos, grupos paramilitares u organizaciones terroristas. Se busca con este propósito, hacer un llamado para que la ciudadanía exija que estos crímenes se detengan y se reconozcan los derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, que es el primero que se viola con estos actos.
En México, existen 118 mil personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, de las cuales solo 640 están encuadradas en el delito de desaparición forzada. En casi el 85 por ciento de los registros de personas desaparecidas no se tiene información sobre el delito en el cual se encuadró la investigación. Ante tal situación a nivel nacional, en diversos estados colectivos, familiares y organizaciones realizaron una serie de actividades y protestas en exigencia de justicia.
Es necesario resaltar que, entre el 1 de diciembre de 2018, día en que López Obrador asumió la presidencia, y el 24 de mayo de este año, se registraron 42 mil 29 desapariciones en todo el país; un promedio de 25 personas por día. El mayor récord se alcanzó entre 2022 y 2023, el 16 de mayo de 2022 se rebasó la cifra de las 100 mil personas desaparecidas y en los siguientes 365 días se sumaron otras 10 mil personas más. De seguir esta tendencia, este sexenio terminará con más del doble del número de víctimas documentadas que en el sexenio de Felipe Calderón.
En el estado de Guanajuato, los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado indican que del 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2023, se han acumulado 3 mil 634 personas desaparecidas que, sumadas a los datos anteriores a ese periodo, dan un histórico de 3 mil 798 personas. En el estado, la magnitud de las desapariciones es cada vez más evidente y cada día surgen colectivos de familiares en municipios como León, Acámbaro, Salvatierra o Silao.
Y se debe reconocer que el trabajo de los colectivos ha sido vital en la identificación de fosas clandestinas y si en el pasado las autoridades estatales se negaban a aceptar la existencia de estos entierros ilegales, a partir del segundo semestre de 2020 fue imposible ocultarlos.
Pero ahora, además de las desapariciones, en la entidad, las familias ahora también padecen la violencia contra los integrantes de los colectivos de búsqueda. Son cuando menos seis los asesinatos de personas buscadoras los que han ocurrido en Guanajuato desde 2020, lo que la ubica como la entidad más peligrosa del país para ejercer el derecho a buscar y ser buscado.
Y así, ante este terrorífico panorama, nos encontramos con un desdén, menosprecio, indiferencia y una omisión reiterada de parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que permite que el poder criminal siga asesinando a más víctimas. Recientemente, López Obrador se volvió a negar a recibir a los colectivos de madres buscadoras, con el argumento de que, “quiere evitar politiquería” y afirmó que de aceptar el encuentro sus adversarios podrían utilizarlo como un pretexto para atacar a su gobierno.
Así el que se dice defender los intereses de los más pobres de México se muestra insensible ante el dolor de quienes tienen desaparecido a un ser querido. Dice el viejo y conocido refrán “para muestra basta un botón”, de lo que no hay duda, es que, cuando el pueblo esté verdaderamente educado y organizado, sabrá y entenderá quienes están de su lado en la lucha por una sociedad más justa para todos.
