El gobierno de México designó el lunes a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la entidad creada en esta administración para buscar a los desaparecidos, pero de inmediato surgieron críticas de parte de activistas y la oficina de la ONU en el país.
Teresa Guadalupe Reyes Sahagún fue elegida “por su perfil y experiencia” entre las 13 candidaturas presentadas, señaló la Secretaría de Gobernación en un comunicado. Sin embargo, según su currículo oficial, la mayor parte de su carrera ha estado en áreas de educación, bienestar, finanzas y en organización política del partido oficialista, Morena.
Guadalupe Reyes sustituirá a Karla Quintana, quien renunció en septiembre después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que debía hacerse un nuevo recuento de personas desaparecidas porque el registro oficial —del que Quintana era responsable— era demasiado elevado.
Muchos consideraron que se trataba de una táctica para manipular las cifras antes de las elecciones de 2024.
El proceso de designación de Reyes Sahagún “no contó con los niveles de consulta, participación, transparencia y escrutinio deseables y a los que alentaron algunas víctimas y organizaciones naciones e internacionales de derechos humanos”, dijo por la noche la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Alentamos a que este proceso no impacte aún más” en la crisis de desaparecidos que vive el país, agregó la oficina en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Y confió en que se abran espacios de diálogo para “que se eviten regresiones y se profundicen los avances”.
Según el registro oficial, hay más de 112 mil desaparecidos en México, y aunque en este gobierno se crearon mecanismos para buscarlos, como la Comisión, y se echó a andar el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para empezar a poner nombre a los más de 50 mil restos sin identificar que hay en fosas y morgues del país, el ritmo de las nuevas desapariciones siguió creciendo. Esto generó mucho malestar entre las familias y colectivos de madres y voluntarios que recorren el país buscando a sus seres queridos.
Quintana había recibido críticas de algunos de esos grupos pero, en general, las organizaciones no gubernamentales vinculadas con el tema reconocieron su trabajo y lamentaron su renuncia, como expresó en su momento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha abogado por los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, el caso más emblemático de desaparecidos.
Ahora, el Centro Prodh dijo que “se retrocedió en la transparencia al no realizarse entrevistas de aspirantes”, y denunció que “se optó por un perfil político, no técnico”, algo que consideró “preocupante ante el contexto enrarecido por (la) revisión” del Registro de Desaparecidos.
