Un juez federal suspendió el martes de manera provisional la reforma aprobada la semana pasada por el Senado, de mayoría oficialista, que recortaba fondos al Poder Judicial de México en medio de las protestas de los trabajadores de los tribunales al considerar que la medida atenta contra sus derechos laborales.
A pocos días de la entrada en vigor de la reforma, que elimina 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, el juzgado 12do de distrito en el estado de Chihuahua, en el norte del país, prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Tesorería de la Federación.
La medida cautelar se emitió tras el amparo presentado por la magistrada María del Carmen Cordero Martínez contra el recorte de los fondos. La reforma fue impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que en los últimos meses ha arreciado sus críticas contra el Poder Judicial alegando que está dominado por la corrupción y los privilegios.
Aunque la confrontación de López Obrador con el Poder Judicial no es nueva, las tensiones aumentaron en los últimos meses luego que la Suprema Corte de Justicia invalidó las reformas energética y electoral y el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército que había impulsado el mandatario.
La suspensión temporal de la reforma estará vigente al menos hasta el 9 de noviembre, cuando se celebrará la audiencia incidental que decidirá si se paraliza de manera definitiva la eliminación de los fideicomisos.
Los congresistas del partido oficialista Morena y sus aliados en el Senado aprobaron el 24 de octubre la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial en medio del paro general de una semana que llevaron a cabo los empleados de los tribunales federales para protestar contra la reforma. Tras la entrada en vigor de la medida, varios centenares de trabajadores judiciales actuales y jubilados presentaron esta semana un amparo para detener su aplicación.
En medio de la polémica, López Obrador planteó el martes que los fondos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial se destinen para ayudar a los afectados por Otis, un potente huracán de categoría cinco que golpeó la semana pasada el estado Guerrero, en el sur. La propuesta fue respaldada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña.