En la Cuenta Pública 2022 de la administración pública se identificaron irregularidades por más de 32 mil millones de pesos, de los cuales aún quedan por aclarar más de 29 mil millones, informó el titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) David Rogelio Colmenares.
En la tercera entrega de la Cuenta Pública 2022, en la Cámara de Diputados, Colmenares aseguró que se subsanaron 3 mil 128 millones 187 mil pesos, por lo que quedan pendientes de justificar 29 mil 765 millones 904 mil pesos.
Mientras que en el gasto federalizado hay un monto por aclarar de 22 mil 892.1 millones de pesos. En lo que corresponde solamente a la fiscalización de la tercera entrega, faltan por justificarse 23 mil 916 millones de pesos.
Explicó que “la falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto fue la principal irregularidad detectada en las auditorías, que generó más del 64% del monto por aclarar”.
“Durango fue la entidad con más observaciones, toda vez que alcanzó más de 3 mil 900 millones de pesos, seguido de Baja California Sur, Puebla, Michoacán de Ocampo e Hidalgo, cuyos montos por aclarar superaron los mil 300 millones de pesos”, indicó.
Colmenares Páramo explicó que la ASF realizó en conjunto 70 auditorías de cumplimiento financiero, con un universo de ingresos, egresos y cuentas de balance “de 2 mil 370 millones de pesos, con observaciones por mil 206 y recuperaciones de 105 millones de pesos, respectivamente”.
“Por monto autorizado observado destacan las revisiones a los inventarios de materiales de Pemex Logística; al Programa ‘Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural’ en la atención del Huracán ‘Ágata’ en Oaxaca y al Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro; a la Universidad Autónoma de Chapingo; al Conacyt, y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)”.
El titular de la ASF reconoció que sólo “hubo recuperaciones de 105 millones de pesos, respectivamente, durante la fiscalización”.
En su oportunidad, Marco Antonio Mendoza Bustamente, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció que “en varias ocasiones los convenios que realiza la ASF con las entidades federativas son utilizados con fines políticos para intentar presionar a municipios y funcionarios opositores, como ocurre en Hidalgo.
«La ASF no puede ser un instrumento de presión política, utilizado por entes ajenos, articulando una falsa narrativa de combate a la corrupción y poder incidir y pervertir de las acciones que emprende la ASF, que es el combate a la corrupción”, afirmó el legislador tricolor.
