Organizaciones civiles entregaron más de 90 mil firmas en el Senado de México para pedir que se prohíba a nivel constitucional la fracturación hidráulica o fracking, y, en especial, el uso de agua para estas prácticas relacionadas con la extracción de hidrocarburos.
Beatriz Olivera, integrante de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), advirtió este martes en una conferencia de prensa que su mayor preocupación son “las grandes cantidades de agua que se utilizan para esta práctica”, pues señaló que se ocupan entre 9 y 29 millones litros de agua para cada pozo que se perfora con esta técnica.
Además, sostuvo que es una práctica “sumamente riesgosa”, que provoca no solo impactos a la salud y al medio ambiente, sino que también provoca sismos.
Las demandas de AMCF y la organización Avaaz se dan en medio de la creación de una nueva Ley General de Aguas en el Congreso debido a un fallo judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que abrogaba el contenido legal previo.
Olivera sostuvo que las 90 mil firmas son un llamado para que se establezca en la nueva ley de aguas y, en específico, en su artículo 220, que se prohíba el uso del agua para las actividades de fractura hidráulica o estimulación hidráulica.
“Estas firmas son un llamado de toda la población que está pidiéndole a los legisladores que prohíban esta técnica de fracturación hidráulica, independientemente del color de su partido y de su ideología política”, abundó.
Manuel Llano, del colectivo Cartocrítica, expuso que otros países en el mundo ya han establecido la prohibición del fracking mediante decretos o leyes y aseguró que “México está a un paso de lograrlo”.
“La fractura hidráulica afecta a las comunidades, afecta a los cultivos, afecta todo el territorio y afecta además en la atmósfera mediante misiones de gases de efecto invernadero”, dijo.
Indicó que las comunidades más afectadas por estas prácticas se encuentran en los estados mexicanos de Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Coahuila; aunque reconoció que hay personas que son directamente afectadas por la contaminación del agua.
Al tomar la palabra, el senador de Morena, Gabriel García, reconoció que la prohibición del fracking debe impulsarse no solo a nivel de una ley secundaria, sino que debe elevarse a rango constitucional.
“No solamente hay que establecerlo en la ley que se está revisando, está en la discusión, de elevarlo a rango constitucional y no encuentro diferencia mayor en el objetivo de la ley superior porque está perfectamente planteado; es uno de las 20 reformas principales que nos estamos proponiendo modificar la Constitución desde esta legislatura”, reveló.
“¡Ni una gota de agua para el fracking! México atraviesa una crisis de agua y hoy más que nunca debemos protegerla”, posicionó aparte Avaaz en la red social X.
La ONG ha sostenido que a lo largo de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que inició el 1 de diciembre de 2018 y finaliza el 30 de septiembre de 2024, se mantuvo una inyección constante de recursos al fracking y tan sólo en 2024 en el presupuesto económico se contemplan dos proyectos con esta técnica de extracción por 4,063 millones de pesos.
