Los despidos aceleraron la convulsiones que ya sufría el sistema de salud de Oaxaca, cuyas fallas habían alcanzado un nuevo pico de gravedad extrema desde que, a principios de 2020, Andrés Manuel López Obrador desapareció el Seguro Popular
Homero Aguirre Enríquez
Oficialmente, desde marzo de 2020, en México han fallecido por Covid-19 cuatro mil 81 profesionales de la salud. El gobierno prepara un homenaje póstumo a estos héroes civiles. A pesar de ese merecido memorial titulado por la burocracia mexicana “Premio Nacional de Salud”, nadie podrá olvidar que muchos de los fallecidos fueron abandonados a su suerte en los momentos más críticos de la pandemia y que fueron noticia mundial las protestas del personal médico por el desamparo y grave peligro en el que se encontraba en los hospitales, sin el equipo más elemental para proteger su vida. Si el Gobierno federal hubiera actuado con prontitud para proporcionarles equipo protector de alta calidad y no se hubiera dedicado a minimizar el riesgo y hubiera tomado medidas enérgicas contra la pandemia en toda la población, miles de esos trabajadores de la salud seguirían con vida. Sus seres queridos lo hubieran preferido en lugar de todos los premios del mundo.
Y el personal médico que ha sobrevivido a la pandemia, al mismo tiempo que enfrenta todo tipo de dificultades y carencias en hospitales y clínicas para atender Covid-19 y el resto de las enfermedades de sus pacientes, por lo cual se merece todo un homenaje nacional en vida, ¿qué trato está recibiendo? En Oaxaca podemos encontrar una respuesta elocuente, que nos evidencia nuevamente el doble lenguaje gubernamental: más de 2 mil 125 trabajadores de la salud fueron despedidos fulminantemente “por falta de presupuesto”. De la noche a la mañana, los héroes civiles fueron convertidos en desempleados y en manifestantes que ahora enfrentan los ataques mediáticos más viles para desanimarlos, dividirlos y dejarlos sin liderazgos eficaces.
El daño que este recorte brutal de personal ha provocado a la salud de los oaxaqueños ha sido instantáneo y muy grave: “Despiden a 30% del personal médico del Hospital de la Niñez Oaxaqueña; piden reunión con AMLO”, tituló el diario El UNIVERSAL una nota, en donde agrega: “La Asociación Médica del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, el único de carácter público que atiende a pacientes con cáncer en el estado, denunció a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) por el despido injustificado de al menos 75 trabajadores eventuales, que representan 30% del personal médico del nosocomio, y pidió la intervención del gobierno federal”. Días después, un trágico suceso evidenció la gravedad del problema en este hospital infantil: “Muere recién nacida que fue rechazada del Hospital de la Niñez Oaxaqueña por falta de personal: IMSS”, publicó el mismo periódico.
Y no es que la situación del sistema de salud de Oaxaca fuera todo un modelo de eficacia y cobertura antes de los despidos. Al contrario: “En noviembre de 2020, familiares de niños con cáncer y enfermedades hematológicas del Hospital de la Niñez Oaxaqueña se manifestaron en el aeropuerto de la capital durante una visita que el Presidente realizó a la entidad para denunciar que sus hijos estaban en riesgo de muerte por la falta de medicinas, reportó el 14 de agosto el semanario Buzos de la Noticia en un documentado reportaje en el que se exhibió que: “En julio de 2021, varios nosocomios del estado, entre ellos el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, ubicado en la capital, revelaron la existencia de un desabasto del 90 por ciento de medicamentos y otros insumos médicos, situación que obligó a los pacientes y al personal a adquirirlos por sus propios medios. Las carencias eran tan extremas, que incluso no contaban con alcohol ni cloro para desinfectar las áreas destinadas a la atención de pacientes de Covid-19; y el desabasto afectaba a todos los hospitales y unidades médicas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO)”.
Es decir, los despidos aceleraron la convulsiones que ya sufría el sistema de salud de Oaxaca, cuyas fallas habían alcanzado un nuevo pico de gravedad extrema desde que, a principios de 2020, Andrés Manuel López Obrador desapareció el Seguro Popular, que atendía a 2 millones de oaxaqueños, y lo sustituyó por el INSABI, del que hasta ahora sólo se conoce el nombre y las promesas imcumplidas del presidente de usarlo para hacer de México un país de alta atención a la salud, como en los países nórdicos. Y en esas condiciones, con tantos problemas y víctimas de las carencias en hospitales y clínicas, vino la puñalada a los trabajadores oaxaqueños, despedidos sin mayores averiguaciones.
Esa es la razón, y las promesas incumplidas de ayudarlos por parte del presidente de la Republica y el gobernador de Oaxaca, que mantiene en una tenaz lucha civil a miles de médicos, enfermeras y personal de salud que reclaman ser reinstalados en sus trabajos, para llevar el alimento a sus familias y para salvar la vida de miles de oaxaqueños que han visto aumentar su desamparo ante las enfermedades. Atacar esa legítima lucha, intentar desunirla o debilitarla es traicionar al personal médico hoy agredido y a todos los pacientes que lo necesitan; dar crédito a las calumnias y ataques contra el movimiento, publicadas en ciertos medios alquilados por quienes despidieron a los trabajadores, es ayudar a que se consume la injusticia y aumenten las enfermedades y las muertes. Los antorchistas ya hemos tendido nuestra mano solidaria con todos esos oaxaqueños, y sabremos mantener nuestra palabra.
