El modelo económico neoliberal amenaza con retrocesos en logros plasmados en la Constitución.
Iris Vianey Mendoza del grupo parlamentario del PRD; participó en el “Foro sobre Derechos Sociales, a 100 años de nuestra Constitución”, en donde estuvieron presentes Lic. Francisco García Bejos, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la SEDESOL y la Dra. Graciela Teruel Belismelis, Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), de la Universidad Iberoamericana; realizado en el Auditorio Ignacio Loyola de la misma Institución.
A cien años de la Constitución de 1917, obligadamente tenemos que hacer un alto y reflexionar en torno a la importancia que su promulgación significó en cuanto a la concreción de los derechos expresados en la esencia pura de la libertad y la igualdad que fueron base de la construcción democrática a partir de la tradición de los antiguos y los modernos en cuanto a la participación y representación política de las y los ciudadanos, en ella contenidos.
Fue una Constitución que recuperaba con una técnica jurídica impecable la protección de la dignidad de las personas y derechos fundamentales reconocidos en la más intensa tradición revolucionaria.
Nuestra Carta Magna es producto de un movimiento sociopolítico insurgente contra un régimen dictatorial; las mentes más lúcidas de la época, nuestros constituyentes, lograron convertir los ideales y demandas revolucionarios de amplios sectores sociales, particularmente los trabajadores del campo y la ciudad, en un texto de invaluable valor, no sólo para nuestro país, sino para la tradición humanista y transformadora del mundo.
El contenido social de la Constitución del 17, expresada fundamentalmente en tres artículos: el 3°, 27 y 123, nos colocó ante otros países de nuestra América, como pioneros del derecho a la educación pública, gratuita y laica; de una reforma agraria de avanzada y de reconocimiento de las formas jurídicas de organización de los núcleos ejidales y comunales y a la protección de la propiedad de la tierra y contra el latifundio; y de manera fundamental, al derecho al trabajo digno y socialmente útil.
Nuestra Constitución, documento fundamental de dignidad y justicia, construyó instituciones indispensables de la República para generar las condiciones propias para la emancipación y desarrollo de las personas.
En el proceso postrevolucionario, todos los derechos, los políticos, civiles, pero sobre todo los sociales, económicos y culturales quedaron plasmados en nuestro documento fundacional; y sirvieron como símbolo, discurso legitimador, pues se apuntalaron políticas y programas sociales que formaron parte de las directrices implementadas por el Estado en el contexto del modelo económico, que al menos, como igualdad ante la ley, planteaba la urgencia de que todos y todas tuviéramos iguales oportunidades para el desarrollo y el bienestar.
Los derechos consagrados en la Constitución, hace justamente un siglo, cumplieron con una serie de necesidades específicas en su momento, ello nos conmina a entender que este proceso no sólo fue jurídico, sino también el resultado del quehacer político, económico, social y cultural propio de un contexto y una temporalidad específica.
No todos aquellos grandes logros han permanecido, algunas reformas no han sido para la consolidación de un Estado social y democrático de derecho y por ello, hoy día estamos obligados, como legisladoras y legisladores, parte fundamental de la construcción constitucionalista, a realizar una reflexión profunda y actuar en consecuencia, pues la vía reformista en torno a la aplicación y operación de los derechos sociales en el contexto del modelo económico neoliberal amenaza con retrocesos que han impedido que nuestra sociedad pueda trascender la desigualdad estructural, la marginación y exclusión sociales.
El derecho social sobre la propiedad de la tierra establecida en el artículo 27 fue modificado y, con ello cambiaron los esquemas de propiedad, en consecuencia, los de producción agrícola, por ello nuestro campo mexicano se encuentra en condiciones de pobreza, incluso extrema, lo que durante décadas ocasionó que miles de paisanos del campo migraran en busca de mejores oportunidades.
La era Trump significará el regreso de cientos de miles y es nuestra obligación trabajar coordinadamente para que encuentren condiciones propicias para su desarrollo y reinserción y por ello, hemos todos y todas, presentado propuestas para que puedan quedarse dignamente en el suelo patrio que alguna vez los vio partir y ahora los ve regresar.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), la pobreza por ingresos (menor a la línea de bienestar) en México abraza a 63.8 millones de personas, y a 24.6 millones de personas en pobreza extrema por ingresos (inferior a la línea de bienestar mínimo), es decir, la pobreza concebida por falta de cobertura del derecho social al trabajo, al salario digno o la precariedad de ambos.
Y no podemos dejar de mencionar que los desfavorables contextos socioeconómicos en que viven millones de coterráneos, ha generado condiciones propicias para que amplios territorios sean escenario de violencia, narcotráfico y violación de derechos humanos, reflejado en niveles críticos de impunidad, desapariciones forzadas y homicidios que para algunos analistas nos colocan en una crisis humanitaria.
En los claroscuros reformistas, entre reformas “estructurales” regresivas en materia de derechos laborales, de seguridad social, de la misma educación, de energía, en las finanzas públicas, áreas permanentemente amenazadas por el modelo económico depredador que prioriza las mercancías y la ganancia por sobre los seres humanos y sus necesidades.
Es de reconocer que también hay reformas luminosas como la jerarquización de los derechos humanos, para reforzar el garantismo constitucional, los principios de unversalidad, progresividad, interdependencia, indivisivisibilidad, y las obligaciones de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, incluso reconociendo los instrumentos internacionales y la jurisprudencia interamericana en la materia.
Como legisladoras y legisladores, nos encontramos en un momento histórico que nos obliga a observar el fenómeno actual no únicamente como un hecho histórico político de conmemoraciones pasadas, sino como un proceso vivo, de repercusiones integrales en lo social, cultural y jurídico que garantice la no involución de los derechos sociales, político, civiles, económicos y culturales conquistados y plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en la perspectiva de lograr la igualdad estructural y sustantiva.
Y ahora que enfrentamos la amenaza de un gobernante racista, xenófobo, discriminador en el vecino país del norte y estamos todos y todas comprometidos con la defensa de nuestros compatriotas y nuestro país, debemos entender que la unidad nacional, la que nos convoca a recuperar las mejores causas revolucionarias y humanistas que se plasmaron en nuestra Constitución hace 100 años, debe partir de la recuperación integral de nuestra Nación.
De terminar con la corrupción y la impunidad, de una política social de desarrollo incluyente e igualitario, del regreso de la paz y la no violencia, todo ello que fue esencia de la dignidad de las y los mexicanos y la consecución de la libertad y la justicia base de la Constitución, pues parafraseando al ícono de nuestro proceso revolucionario, Emiliano Zapata:
Las y los legisladores, debemos hablar “al mexicano, al hombre de sentimiento y de razón, a quien creo imposible no conmuevan alguna vez (aunque sea un instante) las angustias de las madres, los sufrimientos de los huérfanos, las inquietudes y las congojas de la patria”, de esta patria nuestra a la que la constitución le dio su sentido de trascendencia histórica y de transformaciones actuales.
