Colaboración invitada. Por: Abel Pérez Zamorano
Todo ciudadano tiene derecho a la información: “El derecho a la información será garantizado por el Estado…” (Artículo 6º constitucional). En el Artículo 7º se indica que: “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”.
En una palabra, según esto, todos tenemos el derecho de expresar libremente nuestras ideas y de estar informados sobre el acontecer mundial, nacional y local con el detalle necesario, y todos somos iguales ante la ley.
La información, ciertamente, es un derecho ciudadano fundamental, que satisface necesidades de convivencia social, como participar en la política y decidir sobre los asuntos públicos; contribuye a la plena realización del ser humano como hombre de su tiempo, conocedor de la sociedad en que vive, consciente de su papel dentro de ella y del carácter de sus relaciones con los demás; en fin, es un modo de asimilación de toda la cultura pasada y presente.
No obstante lo anterior, en la realidad las cosas son muy distintas. Como todo en la economía capitalista, la información se ha convertido en mercancía, que como tal se vende a quien tenga para pagarla.
Y aunque formalmente está considerada como un bien público, ha sido monopolizada y convertida en fuente de cuantiosas ganancias, en correa de transmisión para la formación ideológica y en mecanismo de manipulación política. De todo ello le ha venido el mote de “cuarto poder”.
Ejemplo de este fenómeno fue el famoso empresario Randolph Hearst, creador de la llamada prensa “amarillista”, y dueño de un imperio periodístico en Estados Unidos a principios del siglo pasado, desde donde se catapultó al Congreso (Hearst fue el personaje real que inspiró la famosa película Ciudadano Kane, de Orson Welles).
Conocidísimo actualmente es el caso de Silvio Berlusconi, hasta hace poco, primer ministro italiano, gracias a la influencia de su emporio Mediaset, que incluye empresas de publicidad, prensa escrita, televisión e Internet, que cubren el 50 por ciento de la audiencia italiana y el 66 por ciento del mercado de publicidad. La revista Forbes lo ubicaba en 2005 como el hombre más rico de Italia y el número 25 en el mundo.
En todo el mundo, en lo que respecta a noticieros de televisión, cuatro compañías deciden lo que usted y yo, amable lector, podemos ver: Reuters Televisión, con una audiencia de dos mil millones de personas); World Television Network, que llega a tres mil millones de televidentes; BBC World Service, mil millones, y CNN (700 millones).
Un oligopolio de sólo cinco empresas detenta el control del 90 por ciento de la publicidad en el mundo: WPP, Saatchi&Saatchi, Interpublic, Omnicom y Dentsu. Destaca también el gran negocio de medios del australiano-americano Rupert Murdoch, dueño de News Corporation, que controla 132 periódicos, 25 revistas, dos grandes editoriales, 12 estaciones de televisión, la cadena Fox y Sky, así como varios canales de cable y un estudio de cine (Fuente: Guerra y Propaganda, de Naief Yehya). Agréguese a ello que en los Estados Unidos, siete empresas controlan la industria editorial.
En fin, la lista es larga, e incluye monopolios de prensa y medios electrónicos en todos los países del mundo.
Y la venta de sus “servicios” alcanza precios inasequibles para el ciudadano común. Sólo a título de ejemplo, en México, en noticieros televisivos estelares y en los programas con mayor rating, un anuncio de 20 segundos cuesta entre 520 mil y 620 mil pesos (más o menos 10 mil días de trabajo pagados con salario mínimo).
Si usted quiere expresar sus pensamientos y ejercer la sacrosanta libertad de prensa, el precio de una plana en cualquiera de los tres principales diarios mexicanos oscila entre 140 mil y 270 mil pesos, y en una cadena de radio nacional, usted pagará 70 mil módicos pesos por tres minutos al aire. Nuestro empobrecido pueblo no puede ejercer derechos tan costosos, cuando no tiene ni para comer.
Pero la información es más que una simple mercancía y fuente de ganancias: debidamente dosificada y “administrada”, es parte fundamental de los engranajes de la ideología y la política. Información es poder, suele decirse, aunque también vale decir que poder es información.
Quien está francamente desinformado, o sólo conoce fragmentos inconexos, verdades a medias, simples ecos, o bien, información vieja, ya muy sabida; quien sólo sabe de “chismes” y noticias del anecdotario, no conoce su realidad; consecuentemente, no podrá actuar sobre ella, y será inexorablemente víctima de la más vil manipulación. La información, además, tiene calidades, y los poderosos se reservan la privilegiada, la que realmente vale y sirve para la toma de decisiones.
El poder de los medios es casi absoluto. Deifica figuras de la política y el espectáculo; la información, tamizada y descontextualizada, permite ocultar lo que afecte a los poderosos y destacar, o inventar, supuestas virtudes.
Y, en contraparte, muchos medios de comunicación se han convertido en instrumento para golpear y bañar de lodo a organizaciones y líderes políticos verdaderamente populares y libres. Esto incluye los anónimos, que con absoluta impunidad se lanzan, vía Internet, contra ciudadanos indefensos, sin obligación alguna de probar lo dicho ni dar oportunidad de defensa.
En fin, aunque se insista en lo contrario, en las sociedades modernas la libertad de expresión y de información no existe.
Necesitamos recuperarla. Para ello, el pueblo debe exigir su derecho a estar informado, y los medios deben acercarse al interés social sin temor a la verdad; debe terminar la impunidad de que gozan muchos gracias a su poder, y que les permite publicar calumnias contra quien sea, escudados en la libertad de expresión.
En resumen, el pueblo seguirá extraviado mientras no descubra los intereses que se ocultan tras la información que recibe, y mientras siga creyendo que existen informadores neutrales y noticias inocuas y apolíticas.
