- La captura en San Diego del jefe policial de Nayarit, un estado clave para el tráfico de drogas, pone en entredicho que nadie a nivel federal supiera de sus acciones
Nadie en Nayarit defiende al fiscal Veytia. Nadie mete las manos en el fuego por él ni dice que la justicia debe probar los delitos de que le acusan. Ni siquiera su gran valedor político, el gobernador del estado, Roberto Sandoval, apela a la presunción de inocencia. El mandatario se ha mostrado enojado estos días. Las acusaciones de narcotráfico contra su fiscal le cayeron “como una bomba”. Estoy, dijo, “totalmente indignado por su doble personalidad”.
La noticia explotó en México el miércoles de la semana pasada. El FBI había detenido al fiscal del Estado de Nayarit, Edgar Veytia, en el paso fronterizo que une Tijuana y San Diego. El Departamento de Estado y el fiscal del distrito este de Nueva York le acusaban de traficar cocaína, metanfetamina y marihuana a territorio estadunidense. Sandoval salió el mismo el miércoles a los medios. En una entrevista con una cadena de radio, le recordaron que Veytia había sonado incluso para competir por la gubernatura en las elecciones de este año. Para sucederle. No, contestó, “tiene uno que tener mucha más sensibilidad, cosa que no tiene ese personaje”.
Ese “personaje” era uno los hombres de mayor confianza de Sandoval. En 2008, cuando alcanzó la alcaldía de Tepic, la capital de Nayarit, Veytia se convirtió en director de tránsito municipal. Al año siguiente ascendería a secretario de Seguridad Pública. En 2011, Veytia, que aparece bajo el apodo “Diablo” en la investigación de la justicia estadunidense, acompañó a Sandoval al Gobierno estatal. Llegó como subprocurador y dos años más tarde ya ocupaba la silla del fiscal. En 2014, Sandoval y su esposa apadrinaron incluso la fiesta de quince años de su hija.
“No es creíble que el gobernador no supiera nada”, opina Eduardo Guerrero, consultor en seguridad. Guerrero, socio de Lantia consultores, una de las firmas más prestigiosas del país en análisis del delito, dice que “en México hay muchas autoridades implicadas en el narcotráfico. El caso de Veytia no es único y a nivel municipal es peor”.
La contundencia de las acusaciones contra el fiscal trasciende al propio gobernador y apunta a las agencias federales de investigación. Ya no es que Sandoval no supiera nada, es que la Procuraduría General de la República (PGR), encargada de investigar delitos de delincuencia organizada, tampoco. Guerrero lanza dos hipótesis. O bien Estados Unidos le comunicó a México la situación y el Gobierno decidió no actuar o bien el Ejecutivo estadunidense “hizo el cálculo”. “Como el fiscal es de un gobierno priista [igual que el ejecutivo federal]”, dice Guerrero, “mejor actuemos de motu propio”. Otro analista, Alejandro Hope, ha dado por hecho estos días en diferentes medios que EE UU no quiso compartir información con México. Guerrero opina en todo caso que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, “tendrá que intervenir”.
La detención del fiscal abre además cantidad de interrogantes sobre su actuación al frente de la agencia investigadora. Escudados en la estadística, Veytia y Sandoval defendían que habían pacificado el estado. De 2011 a 2016, los asesinatos cayeron en Nayarit más de un 90%.
Tras la detención del fiscal, los medios mexicanos airearon su relación con el Cartel Jalisco Nueva Generación, dominador del tráfico internacional de drogas en México tras la caída en desgracia del Cartel de Sinaloa. Algunos recordaron además el espectacular operativo de la Marina mexicana en Tepic, hace unas semanas, que acabó con la muerte de una decena de integrantes de una banda antaño asociada al Cartel de los Beltrán Leyva. Viejos socios de Sinaloa. Veytia explicó personalmente a EL PAÍS que había comandado la operación con agentes de la fiscalía junto a los marinos.
El mismo investigador que El Chapo
Uno de los funcionarios de EE UU que lideró la investigación contra Veytia fue Robert L. Capers, titular de la fiscalía del distrito este de Nueva York, hasta que el presidente, Donald Trump, forzó su renuncia hace unas semanas.
Capers fue también el fiscal que armó el caso contra Joaquín El Chapo Guzmán. Eduardo Guerrero opina que es “posible” que los investigadores le hayan preguntado al viejo capo del Cartel de Sinaloa. “Muchas veces, los americanos tienen investigaciones abiertas, con huecos. Y si tienes a alguien de la envergadura de El Chapo que esté dispuesto a ayudarlos, lo aprovechan”.
De ser así, la influencia del Chapo Guzmán en la reconfiguración del panorama criminal en México sería mayor del que se pensaba hasta ahora. Su detención y extradición a Estados Unidos el pasado enero ya habría generado una fractura al interior de su organización. Y esa fractura sería la causante del aumento de las ejecuciones en Sinaloa y los estados colindantes, por las batallas entre las diferentes facciones por hacerse con el poder y las rutas del tráfico.
