*Las autoridades hacen pasar por víctimas a los victimarios, asegura el vocero nacional del MAN
*Autores intelectuales se sirven de violentadores para expulsar a colonos; la Fiscalía de dar carpetazo a delitos
Ciudad de México. Por Ana Kerlegan. La Procuraduría de Justicia de Baja California libera a los ocho detenidos por atacar salvajemente a más de cien familias, víctimas del despojo de sus hogares ubicados en la colonia Unidad Antorchista, del Polígono seis, y que dejó como saldo la quema de 20 automóviles, la destrucción de casas de madero, lesionados por varillazos y el asesinato a sangre fría de José Corrales, indicó Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del Movimiento Antorchista, en la conferencia de prensa que ofreció hoy ante varios medios de comunicación.
Explicó que desde la apertura de las dos carpetas de investigación, una por desalojo de vivienda injustificado, la otra por el asesinato del colono José Corrales, hubo anomalías por parte de la Policía Municipal pues detuvo a los implicados sólo por el delito de daño en propiedad ajena, no por el delito de lesiones y posterior homicidio de José Corrales Almejo; el MP no levantó ni realizó las pruebas a las evidencias (chalecos fluorescentes y cascos que se encontraban en el lugar de los hechos); también hubo anomalías por parte del Ministerio Público, como el negarse a entrevistar a los lesionados, el no haber enviado a los peritos para la toma y análisis de pruebas de balística y fotografía, y el no haber investigado la causa del deceso del Corrales Almejo.
Aguirre Enríquez refirió que “es como si alguien entrara a robar a una casa, y durante el atraco asesinaran alguien, entonces las autoridades juzgarían al implicado sólo por robo, no por asesinato. Evidentemente en Baja California se prostituye la ley, alguien está pagando para que esos tipos violenten con intenciones de despojo.”
A ello se suma la campaña mediática emprendida un días antes por la abogada Erika Santana para señalar sin fundamento que los colonos del Ejido Ojo de Agua son invasores, y aseguró que recuperaría ese predio pasara lo que pasara, sus palabras en sí ya advertían la agresión del pasado 29 de abril a los colonos del Polígono seis, aseveró el portavoz de esta organización.
Por si fuera poco, ahora las autoridades de justicia en el Estado quieren adjudicar culpabilidad al Movimiento Antorchista con el pretexto de que los colonos agremiados a esta organización están ocupando un predio de propiedad privada. “No estamos en propiedad privada, el predio forma parte del Ejido Ojo de Agua. E incluso las autoridades ejidales avalan la regularización de esa parte del ejido a favor de las familias antorchistas. No hubo una ocupación previa, y supongamos que así hubiera sido, en la ley no se faculta a nadie para contratar sicarios y arrebatar por sus propias manos los predios”, aclaró.
Y menos contratar a pepenadores, por 200 o 300 pesos, para golpear con varillas a los habitantes acobijados por la noche.
Es lamentable que no haya un criterio político en la aplicación de la ley en Baja California; sólo existe el hecho de que haya una relación entre los atacantes y la abogada Santana. Tampoco un castigo al último eslabón de esta cadena de impunidad, pues La Fiscalía liberó a los ocho delincuentes de los que se podía partir para una investigación profunda que conduzca hacia los únicos autores intelectuales de este despojo injustificado y el asesinato de José Corrales, concluyó.
