Ciudad de México.- El 73 por ciento de los trabajadores del país no alcanzan el salario mínimo constitucional, aunado a que la mayor parte de estos trabajadores están en los sectores que no tienen seguridad social implicando una pobreza multidimensional.
Los resultados fueron presentados por el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Puebla en su informe 2017, el cual busca señalar los resultados en análisis e incidencia de la pobreza y desigualdad en México y en países de América Latina.
Miguel Santiago Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la IBERO Puebla, argumentó que México sigue siendo un país desigual y pobre, donde la riqueza se concentra en no más de 500 empresas.
El también coordinador de la Red de Pobreza de AUSJAL, aseguró que el Método de Bienestar Socioeconómico que han desarrollado para estas mediciones, tiene como objetivo informar sobre los mercados laborales, la desigualdad, así como analizar la pobreza desde una perspectiva conjunta de Derechos Humanos y necesidades.
Algunas de las propuestas que planteó fue en el sentido de que los sindicatos deben de defender los derechos de los trabajadores, y no los intereses mínimos. A su vez, la distribución de nuestros recursos debe ser más justa y equitativa. “Mejorando los salarios mínimos, la pobreza cae más de la mitad, con esto se modificarían los niveles de vida”.
Las implicaciones de que lo anterior no se cumpla trae problemáticas fuertes. “México es una de las regiones más desiguales del mundo. Aunque el salario mínimo debe ser igual que la línea de pobreza, en el país es cinco veces menor”.
Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la educación. Hoy en día, más del 50 por ciento de la población cumple con lo que antes era la educación básica, se esperaría que, con más educación, ellos tuvieran mejores salarios, pero esto no sucede. La migración y el crimen organizado, son consecuencias de este problema.
Finalmente, comentó que el Observatorio de la IBERO Puebla marca un precedente que puede reforzar el tipo de políticas sociales que deben aplicarse en México, ya que a la fecha los programas emprendidos solo resultan un paliativo económico y no soluciones verdaderas para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.
