Los 32 congresos locales mexicanos cuestan en total 13 mil 551 millones de pesos, los mil 124 diputados sesionan en promedio 81 días al año, de acuerdo con el Informe Legislativo 2017 presentado ayer por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
En algunos casos, como en la Ciudad de México, cada legislador cuesta 28.8 millones de pesos anuales, más que uno federal, y tiene a 28 personas a su servicio.
En el Informe se determina ineficiencia, rebase ilegal del monto asignado, discrecionalidad en los recursos y opacidad, al grado de que en dos terceras partes de los congresos no se hace público el Presupuesto de Egresos ni el número de leyes aprobadas en un año.
Del total del presupuesto, 56% se destina a pago de diputados y empleados administrativos, y sólo 24% a los órganos de fiscalización de las cuentas públicas.
«En un contexto de opacidad y discrecionalidad, la corrupción impide el funcionamiento efectivo de la división de poderes y la función de contrapeso frente a los gobernadores», advirtió Juan E. Pardinas, director del Imco.
A pesar de que su función es defender el interés público, los diputados locales pocas veces son estudiados, monitoreados y obligados a rendir cuentas, añadió.
La investigación del Imco determinó también que el año pasado 19 congresos gastaron en conjunto mil millones de pesos adicionales a su presupuesto y que en 17 gastaron mil 355 millones de pesos en «ayudas sociales», aunque este rubro no forma parte de sus funciones.
Pese a que el número de legisladores en los congresos locales va a la baja, indicó, su presupuesto creció 11% en los últimos cinco años.
Resalta el caso de Durango, cuyo número de diputados se redujo 17 por ciento entre 2015 y 2017, pero su presupuesto aumentó 40%.
Sin embargo, según el estudio, ningún Congreso es tan caro como el de la Ciudad de México: sus 66 legisladores ejercen un presupuesto superior a los de los congresos nacionales de Japón, Dinamarca, Portugal, Francia o España.
El informe, presentado por Pardinas y por los investigadores Diego Díaz y Ramiro Suárez, se realizó a través de la revisión de sitios de internet y las cuentas públicas, así como 800 solicitudes de información a través de la Ley de Transparencia. El nivel de respuesta fue de 79%.
