*Vigente, el ejercicio centralizado, verticalista, clientelar y patrimonialista del poder: Roberto Gutiérrez
*Uno de los retos mayores de la democratización del país tiene que ver con la reconstrucción del espacio público
El sistema político mexicano es híbrido, pues comparte rasgos propios de un esquema de partido hegemónico vinculado a un ejercicio autoritario del poder y el surgimiento de realidades inéditas con una tendencia democratizadora, pero que no alcanza la fuerza suficiente para reducir las inercias totalitarias, afirmó el doctor Roberto Gutiérrez López, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El académico del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco explicó que un análisis del tema permite observar aspectos que recuerdan una práctica centralizada, verticalista, clientelar y patrimonialista del poder, así como el fenómeno de la corrupción, que siguen más vigentes que nunca.
El desarrollo de nuevas instituciones y normas ha permitido el resquebrajamiento del monopolio del poder, una mayor competencia para que el país no sea ya monocolor en términos de la representación política y la alternancia en distintos niveles de gobierno, en particular en el Poder Ejecutivo.
Esto “no es cualquier cosa, sino una novedad muy fuerte y resultado de la transición democrática, que sin embargo se ha acompañado de dificultades para que esas normas e instituciones funcionen de manera cabal y plena”, expresó.
Todo esto ha sido posible en buena medida por el déficit y la debilidad de una sociedad civil, que no ha logrado funcionar de manera que el polo dominante en la ecuación del poder en México sea justamente la ciudadanía.
Para ello habría que evitar la dispersión del poder y conseguir la democratización de los procesos de toma de decisiones, la participación directa y efectiva en la hechura, la evaluación de las políticas públicas y, sobre todo, la construcción de contextos de exigencias sociales que hagan que gobernantes y representantes se ciñan a la letra de la ley y cumplan los mandatos que la propia sociedad les ha conferido.
Contrario a lo anterior, las elites gobernantes cuentan con un grado de autonomía que les permite ejercer a veces de manera patrimonialista y “sólo cuando los actos de corrupción son real y en verdad alarmantes y escandalosos parece que se genera una atmósfera de presión que hace que a los culpables se les persiga, localice y sancione”, aunque dado el tamaño de la corrupción en México sigue siendo un suceso marginal.
Tales circunstancias refieren “que no hemos sido capaces todavía de construir un contexto de exigencia sólido para poder obligar a los gobernantes a comportarse dentro de los cánones democráticos y las normas que estarían sosteniendo un Estado de derecho propiamente democrático”.
Para entender los procesos electorales es necesario considerar este déficit de ciudadanía que funciona “como un lastre en la ecuación de poder general de un país como México”.
Uno de los retos mayores de la democratización de México tiene que ver con la reconstrucción del espacio público, “con que la ciudadanía se reapropie de los procesos de deliberación y de decisión que están detrás del conjunto de la interacción social”. Para ello se requiere una estrategia relacionada con la vigorización del espacio público y el fortalecimiento de las identidades democráticas en un sentido amplio.
A pesar de que en las últimas décadas ha existido un tránsito a la democracia, subsisten como rasgos fundamentales de la vida pública en México y de las actitudes ciudadanas frente a la política, la desconfianza hacia las instituciones, la falta de credibilidad en los institutos políticos y el alejamiento de todo lo que parezca ligado a estos sistemas cerrados y corruptos de toma de decisiones que prevalecen en el país, y por tanto hay una resistencia a la participación.
