Por: Alejandro Envila Fisher
Antonio Gali Fayad está ante el reto de demostrar que tiene dimensión de gobernador, que la inseguridad en Puebla no se le esta desbordando y que tampoco es una figura decorativa secuestrada por la camarilla de ex priistas azules vinculados al calderonismo bajo la batuta de Diódoro Carrasco Altamirano y Javier Lozano Alarcón.
Unos días antes del terremoto la atención de la sociedad estaba centrada en el caso de una joven estudiante, Mara Fernanda Castilla, que fue raptada, violada y asesinada por un chofer de la empresa Cabify en Puebla. La indignación fue tal que aunque se apresó al asesino gracias precisamente a la información de Cabify, el secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco, enredó al gobernador Gali Fayad en una venganza mediática contra la empresa de transporte retirándole el permiso de operación. Esa medida únicamente sirvió para que Cabify respondiera exhibiendo el deplorable estado de inseguridad que vive la Puebla panista más allá del caso de de la joven víctima.
El caso de Mara solo se desplazó de la agenda por la tragedia del terremoto que afectó gravemente el centro del país, Puebla incluida. Pero tres semanas después del 19 de septiembre, en Huitzilan de Serdán ocurrió el asesinato de un presidente municipal, Manuel Hernández Pasión, integrante del Movimiento Antorchista y militante del PRI. Manuel fue acribillado y cualquiera que conozca un poco de la historia de Huitzilan sabe que se trató de un crimen político.
Para Gali se trata de un reto porque además de todo lo que tiene que probar, dejar el asesinato de Manuel Hernández como parte de la estadística de la impunidad, le implicaría entrar en un conflicto mayúsculo con una organización social que nació en la sierra de Puebla, que tiene cuatro décadas de trabajo en el estado y que tan solo en la capital poblana y su zona conurbada cuenta con alrededor de 100 mil militantes y activistas.
A estas alturas el gobernador de Puebla ya debe estar informado a detalle de la historia de violencia y muerte, sojuzgamiento y cacicazgos que vivió Huitzilan de Serdán hace cuatro décadas. Su secretario de Seguridad Pública es Jesús Morales, un buen investigador de campo que conoce la operación de las mafias poblanas y tiene acceso a la historia del estado por ser sobrino de Melquiades Morales. Su procurador es Víctor Carrancá, un especialista en la materia penal con solidez suficiente para armar una carpeta de investigación a prueba de torpezas que propicien impunidad. Con esos operadores y los indicios de la intervención de profesionales en el crimen (escape en automóvil robado y múltiples casquillos percutidos de armas de alto calibre en el lugar de los hechos) Gali ya debe tener una idea clara de hacia donde apuntan las cosas.
El apellido Aco encabezaba el principal cacicazgo en Huitzilan y aunque perdió el poder absoluto hace más de 30 años, nunca ha dejado de intentar retomarlo ni de vincularse a los negocios y la política en el municipio. El expediente entero de esa familia ya debe estar en el escritorio del gobernador.
Un elemento adicional que pondrá a prueba la estatura del gobernador Gali, pues tiene que ver con la iglesia Católica, es el sacerdote Martín Hernández. Mientras fue párroco de Huitzilan, este ministro de culto convirtió su púlpito en plataforma de ataques sin solidez contra el presidente municipal asesinado. La enjundia con que el cura arremetía contra el alcalde y los antorchistas era tal y tan burda, que la propia diócesis intervino y decidió retirarlo de la parroquia, Una de las razones para remover al párroco fue que sus ataques contra el presidente municipal y los antorchistas estaban suficientemente alineadas al discurso de los viejos caciques de Huitzilan que era inevitable sospechar colusión. Retirado o no de la parroquia, hoy el sacerdote no puede dejar de estar en la lista de los sospechosos y deberá ser investigado.
Gali Fayad prometió dar con los responsables del asesinato del alcalde Manuel Hernández. Por el bien de la gobernabilidad en Puebla, lo mejor sería que entendiera el reto como una obligación y una oportunidad para él mismo. Los antorchistas saben bien lo que son la violencia y los asesinatos políticos en Huitzilan. Los sufrieron hace tres décadas y no van a permitir una regresión y tampoco se van a conformar con un chivo expiatorio. Menos aún en las condiciones que hoy enfrentan en la región, pues hay otros correligionarios suyos en peligro: Inés Córdova, alcaldesa de Tecomatlán, ha recibido amenazas de muerte, mientras que Nibardo Hernández, secretario del municipio de Coayuca, no solo fue amenazado, fue baleado y por fortuna, no fue asesinado.
@EnvilaFisher
