El Tribunal Constitucional de España anuló este miércoles la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 27 de octubre.
La resolución fue aprobada luego de que el Gobierno de Madrid presentará un incidente de ejecución o impugnación, aunque la semana pasada suspendió su aplicación mientras revisaba su legalidad.
Además, el tribunal decidió denunciar por desobediencia a la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell y a los integrantes de la Mesa, Ana Simó y José María Espejo.
Mientras la Corte emitía su fallo este miércoles, independentistas bloqueaban rutas y detenían trenes de pasajeros en Cataluña durante una huelga general de protesta por la destitución del Gobierno y la detención de funcionarios y activistas antes y después de la declaración del 27 de octubre.
El voto por la secesión, boicoteado por la mayoría de la oposición y realizado en desacato de órdenes judiciales, fue de 70 contra 10 en el parlamento de 135 bancas.
Tras la declaración de independencia, las autoridades españolas cesaron al Gobierno catalán, disolvieron el parlamento y convocaron a elecciones regionales para el 21 de diciembre.
Ante ello, el expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, huyó a Bélgica con cuatro exconsejeros de su gobierno, donde tratan de evitar su detención y extradición a España.
Ocho de los exconsejeros de Puigdemont y dos activistas fueron enviados a prisión mientras una corte española estudia posibles cargos de rebelión y sedición en su contra.
Cataluña, con 7.5 millones de habitantes, supone un quinto del producto interno bruto y los sondeos muestran que su población está dividida aproximadamente a la mitad en la cuestión de la independencia. Puigdemont sostiene que un cuestionado referendo de independencia celebrado el 1 de octubre le dio un mandato para declarar la independencia.
