*Llegó para bien, con el reto de disminuir la violación a los derechos humanos
El Sistema Penal Acusatorio en México (SPA) fue bien diseñado y ofrece certeza jurídica desde el ámbito de sus principios –conocimiento de derechos, presunción de inocencia, aportación de pruebas, protección de la vida privada y prohibición a no estar incomunicado, entre otros–, pero genera incertidumbre respecto de su implementación por las incógnitas relacionadas con las capacidades y la óptima formación de sus operadores –ministerios públicos, policías y peritos–, expuso la doctora Perla Gómez Gallardo.
Al dictar la conferencia Retos del nuevo Sistema Penal Acusatorio, en el marco del II Coloquio de Temas Selectos de Derecho de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la especialista reconoció que el SPA también produce dudas respecto de las medidas cautelares que dejan espacios a la discrecionalidad, así como a las alternativas de solución de conflictos y a la negociación de las pruebas para resarcir el daño que lo hacen factible al fracaso. Pero pese a todo, dijo, “hay que defenderlo ante los deseos de erradicarlo, porque tiene virtudes y lo descalifican quienes aún no lo conocen”.
La profesora-investigadora del Departamento de Estudios Institucionales de la UAM y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que si bien suscita dudas, con aciertos y errores llegó para bien, con el reto de disminuir la violación a los derechos humanos e inhibir prácticas como la tortura, pues desecha como prueba fundamental la confesión para priorizar la investigación y los peritajes técnicos.
Por otra parte mejora el debido proceso al restar relevancia a los testigos pues, 75 por ciento de los casos consignados con testigos protegidos acabó en absolución. Además gradúa las sanciones y pretende terminar con la impunidad para hacer justicia.
Sus principales virtudes son la presunción de inocencia; el derecho del inculpado a conocer sus derechos; a no estar incomunicado; a la no auto-incriminación; a la intimidad; a una asesoría jurídica adecuada; a la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones; a poder guardar silencio y participar en mecanismos alternativos de solución de controversia, además de reconocer los derechos y las facultades que ofrece a las víctimas.
Su aplicación es incipiente y requerirá de siete años a una década para su correcto funcionamiento, así como para poder determinar fallas y virtudes. La aplicación correcta dependerá de la capacitación de los operadores, por lo que se requiere fortalecer al ministerio público, al policía de investigación y a los peritos, a fin de que el Estado haga su trabajo y cumpla su obligación de acreditar y perseguir los delitos y fincar responsabilidades.
La ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal consideró que debido a que en el ámbito judicial se dudaba de su implementación, el SPA tardó ocho años en ser puesto en marcha, incluso muchos centros educativos universitarios no se prepararon para el cambio con las salas de juicios orales.
El sistema representa un cambio total de paradigmas que parte de la presunción de inocencia; ahora, para ser llevado a juicio se tiene que ser acusado de algo y la cadena de custodias se convierte en el elemento fundamental para la investigación, además de que una persona ya no podrá ser presentada como testigo y después quedar en calidad de indiciado.
La especialista en transparencia y acceso a la información pública lamentó que se desprestigie al SPA en los medios de comunicación, resaltando los casos donde sobresalen las deficiencias, pues presuponen que no servirá para impartir justicia y no exponen ni documentan aquellos casos de éxito en los que destacan sus bondades.
En la actividad convocada por el Departamento de Estudios Institucionales y las coordinaciones de las licenciaturas en Administración y en Derecho de la Unidad Cuajimalpa de la UAM, la académica indicó que el sistema debe ofrecer el mensaje de no impunidad y, por tanto, exigir una sanción de acuerdo con la gravedad de la infracción.
“El derecho penal debe ser gradual, proporcional” para evitar que por delitos menores las personas lleguen a las cárceles, donde terminan asociándose con la delincuencia organizada, lo que crea problemas de desintegración familiar, hacinamiento y descontrol en los penales”.
Para estos sujetos es necesario abrir mecanismos de reinserción social por medio de la capacitación de oficios, la posibilidad de contar con seguros de desempleo, así como empleo en las industrias o con penalidades como el trabajo comunitario, concluyó.
