ESTÉNTOR POLÍTICO
Por: Miguel Ángel Casique
¿Por qué uno de los cuatro uniformados en la desaparición del joven de 17 años, Marco Antonio Sánchez, se fue (huyó) de inmediato a Guerrero y otro se amparó y está dispuesto a declarar? Entonces con qué fin fue detenido o privado de su libertad. Se ha tejido sobre el tema toda una serie de versiones aunque el asunto era para atenderse de inmediato ahora parece pretende seguir en la agenda mediática y comienza a tomar algunos tintes políticos.
Porque, con qué fin fue detenido, por qué se violaron los protocolos y qué es realmente lo que sucedió. Ayer llamaron la atención notas tituladas como «Desconozco a mi hijo Marco; tienen actitud del demonio» comentó la mamá; el mismo estudiante en resumen dice no recordar cuándo lo detuvieron los policías, tampoco el tiempo que estuvo perdido ni lo que le hicieron las autoridades y entonces por qué las frases que salen de su mismísima boca como: «el que se mete no sale», «si te someten, no te dejan ir».
Nos comentan que hay varias cosas que no cuadran, como que la cámara de la patrulla no servía, que se omitió reportar la detención a los mandos y al C2, o sea, la policía violó los protocolos, -más que normal en la Ciudad de México-, ahí hay abuso de policías pero no hay por qué preocuparse, las autoridades salen a sancionarlos. El caso de Marco seguirá siendo un misterio en los próximos días y aún quedará por ver qué más se dice por parte de la autoridad capitalina y de parte de las autoridades judiciales; ¿acaso se quiere golpear a Mancera o… simplemente es un distractor más? Si esto es así, hay que responder quién lo está planeando.
En cuestiones electorales tenemos que por segunda ocasión en menos de un mes, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que en el proceso electoral que está ya en puerta, no se tienen detectados focos rojos, comentó y afirmó que no hay posibilidad de que los candidatos puedan correr algún tipo de peligro que ponga en riesgo su integridad física. Para ello se sostendrán reuniones con todos los presidentes de los partidos políticos con la finalidad de no intervenir más allá de lo que el gobierno federal debe entrometerse por la seguridad de los aspirantes. ¿Se estará adelantando a esos llamados de que el gobierno federal saque las manos del proceso electoral? Sólo es pregunta.
A partir del próximo 12 de febrero y hasta el 29 de marzo, partidos y candidatos deberán restringir sus actividades y evitar incurrir en actos anticipados de campaña debido a que comenzará oficialmente la etapa de intercampañas. Ese periodo corresponde a los días que transcurren entre el fin de las precampañas y el inicio formal de las campañas, en el que los políticos deberán cumplir una veda. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) no precisa las acciones válidas durante la intercampaña, pero sí detalla que ni partidos ni candidatos deben incurrir en actos anticipados de campaña. A esto se suma la propaganda electoral, que son “escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes”.
De acuerdo con cálculos, 28.02 millones de pesos es lo que constará el proceso electoral de este año, calcula la empresa consultora Integralia, considerando únicamente el proceso federal, es decir, faltaría cuantificar cuánto se gastará en las otras entidades donde se renueva gobernador. Hay que contrastar esto con lo que el INE recibió por partida presupuestaria, es decir, 24,215 millones para este año electoral, en donde 6.7 millones de pesos corresponden solo al financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes, mientras que 17.4 millones los emplearía para la organización de los comicios del 1 de julio.
El clímax no político.
En Oaxaca, debido a un adeudo que el gobierno estatal tiene desde 2012 con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico por concepto de mantenimiento, los sensores que alertan sobre un sismo proveniente de esa región dejaron de funcionar. De esta forma, en caso de registrarse un movimiento telúrico con epicentro en Oaxaca, la alerta sísmica no sonará en la capital del país. Se estima que son 24 millones de pesos que la administración de Alejandro Murat, dejó de pagar desde hace seis años, recursos que son considerados como necesarios para poder continuar con la operación y conservación del sistema de alerta sísmica en esa parte del país.
Y hablando de la Ciudad de México en el informe de Semáforo Delictivo se dice que en la CDMX se aumentaron 114 por ciento los homicidios relacionados con el crimen organizado en el último año; en 2016 fueron 125 casos y para el 2017 267, es decir 142 muertes violentas más. Pero en su recuento además se indicó que en el año anterior aumentaron delitos como lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, robo a negocio y robo a casa habitación de los asaltos en transporte o a transeúntes, mejor ni hablamos. Pero eso sí ¡Vivimos en una Ciudad segura y de vanguardia!
Lo que si pinta para un buen clima político es la nueva actitud del gobierno que dirige Aristóteles Sandoval, pues ahora se anota un punto al dialogar con el Movimiento Antorchista del estado que dirige Eduardo Campos Flores; ayer, ya entrada la noche, el plantón que se mantenía desde hace 7 días fue retirado. Nos comentan que funcionarios de varias dependencias están dispuestos a buscar solución y atender las peticiones de los ciudadanos tapatíos, poco a poco los gobiernos van entendiendo que con el pueblo organizado no se juega, parece que a la mitad de la siguiente semana habrán algunas reuniones para dar seguimiento y solucionar las peticiones de la población; muy bien por el gobierno de Jalisco, porque la organización de Lalo Campos bien puede en menos de que cante un gallo volver a instalar un plantón o realizar protestas. Ahora sí como dice la canción «Pero que necesidad, para que tanto problema… Querido lector. Por el momento, es todo.
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