- Damnificados Unidos de la Ciudad de México contabiliza 600 predios con afectaciones y siete mil familias habitando en la calle
El Estado abandonó a quienes perdieron su vivienda el 19 de septiembre y los dejó en manos de las empresas inmobiliarias, denunció la organización de Damnificados Unidos de la Ciudad de México durante el ciclo de conferencias 19/S Seis meses después, organizado en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El grupo manifestó en voz de uno de sus integrantes, Israel Ballesteros, que el gobierno ha rehuido a su deber de restituir las casas a los afectados por el sismo y por el contrario abrió el camino para que éstos sean sujetos de nuevos créditos por parte de las compañías constructoras.
Ballesteros sostuvo que los inmuebles perdidos deben reponerse a través de los fondos públicos y no obligar a los propietarios a pagar una segunda vez por su hogar.
Ante la negativa de las autoridades para asistir a los damnificados, los ofrecimientos de las inmobiliarias consisten en otorgar créditos a pagar durante varios años o ceder a la empresa parte del predio donde se asientan los edificios dañados como forma de pago por la reconstrucción.
Desde las primeras versiones de la Ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México se asume que el Estado no tiene la capacidad para pagar la reedificación, que ante lo limitado de los recursos no se puede pensar en una reconstrucción gratuita.
Juan Antonio Guerrero, damnificado del Multifamiliar Tlalpan, invitó a alumnos y profesores de las universidades a seguir visitando los campamentos, a constatar el hacinamiento y el abandono en que han caído. “En el sitio hemos tenido nueve fallecimientos posteriores al sismo debido a la situación de vulnerabilidad y la falta de atención del Estado, sobre todo de personas de la tercera edad”, aseguró.
Por ello “les pido que exijamos como una sola voz, un mayor apoyo, pues todos estamos expuestos a las consecuencias de los movimientos telúricos y es necesario fijar un precedente de cómo debe responder el gobierno ante esta situación”.
La doctora Teresa Santiago Oropeza, profesora-investigadora del Departamento de Filosofía, recordó que no todas las pérdidas y tragedias son producto de los fenómenos naturales y escapan al control humano, pues muchas de ellas encuentran su germen en la corrupción, la ambición desmesurada y la negligencia, así que a quienes hayan incurrido en una falta a su deber de actuar para prevenir, ayudar o compensar a las víctimas se les debe fincar responsabilidades.
