- La Constitución capitalina tiene contradicciones institucionales y pragmáticas en materia de sustentabilidad
Con su actual estructura institucional la Ciudad de México no podrá responder a los retos que enfrenta en términos de sustentabilidad, pese a los principios que en la materia se plantean en la nueva Carta Magna capitalina, advirtieron los doctores Francisco Javier Dorantes Díaz y Rafael Calderón Contreras, al participar en el Foro La Constitución de la Ciudad de México; retos y realidades.
la mesa dedicada a la Ciudad sustentable, Calderón Contreras, investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sostuvo que es imposible pensar que la urbe puede ser sustentable, en primera instancia, porque el modelo teórico de ese concepto “es erróneo y problemático por definición”.
El diseño de la constitución política de la metrópoli “sigue una tradición muy mexicana”, pues en su proyecto puede ser considerada de avanzada, pero en la aplicación enfrenta dificultades que hacen que dicha política expresada en el texto legislativo “no tenga sentido”.
El contexto político, económico, social y cultural de la capital permite pensar que aunque la política pública esté esbozada con las mejores intenciones y modelo posible, la implementación siempre va a ser un problema.
La Carta Magna otorga facultades sobre uso de suelo a las alcaldías y basta imaginar lo que sucederá “cuando cada regidor tenga su propio criterio para esta situación en la metrópoli”, eso se convertirá en un problema que deberá plantearse, consideró el autor de diversas publicaciones en teoría del derecho.
Otra de las razones por las que no se puede hablar de una ciudad sustentable, además de las competencias de las alcaldías en el desarrollo urbano, es el relacionado con los derechos de los pueblos indígenas, pues en el artículo 59 se hace referencia a que estas comunidades ejerzan sus sistemas normativos en la regulación de sus territorios.
Es decir que “no solamente habrá una planeación de la urbe en el ordenamiento sustentable, sino que también las delegaciones y ahora cada pueblo indígena va a decidir cómo ordena su espacio”; se trata de principios que no logran la sustentabilidad, “por más que queramos a los pueblos originarios”, sostuvo.
El especialsita condenó en ese sentido que por ataques mediáticos y la presión económica de las inmobiliarias, la regulación de las plusvalías no se encuentre en la constitución, pues “una metrópoli que no regula este aspecto no puede ser sustentable”.
La Carta Magna capitalina tiene contradicciones no sólo conceptuales, sino también institucionales y pragmáticas en la materia.
